Así vigilará el BCE a la banca: funcionamiento y consecuencias del supervisor europeo

• El BCE será el centro del nuevo Mecanismo de Supervisión Común
• Vigilará directamente a 128 bancos europeos, entre ellos 15 españoles
• Bancos con menos de 30.000 millones de activos estarán bajo control nacional
• El BCE asumirá las tareas supervisoras el 1 de noviembre de 2014

En 2014 entrará en vigor la supervisión bancaria europea

Pasos pendientes para lograr la unión bancaria

Segundo pilar: Fondo común para la liquidación de bancos. No hay acuerdo sobre su creación debido a las profundas divergencias entre los Estados sobre cómo se repartirá el peso de cada uno en las aportaciones para hacer frente a la quiebra de entidades y a su liquidación.

Tercer pilar: Fondo común de garantía de depósitos. Sería el equivalente al que existe en España, pero a escala europea. Serviría para garantizar a los depositantes de una entidad en quiebra que recuperarán sus ahorros. No se prevé acuerdo en el corto y medio plazo, ya que Alemania y muchos otros países se oponen frontalmente.

El acuerdo de la UE para crear un supervisor bancario europeo común dentro de la estructura del BCE fue el primer paso para fundar la unión bancaria, ya que por él se encomienda al Banco Central Europeo la vigilancia de los grandes bancos de la zona euro y de aquellos países de fuera de la moneda única que deseen incorporarse a la supervisión.

Una primera lectura del acuerdo muestra el triunfo de Alemania, que logróo dejar fuera de la vigilancia común a sus cajas de ahorros regionales -potentes armas políticas en los länder- y limitó al máximo el recurso a la inyección directa de fondos europeos en bancos de la eurozona, un mecanismo defendido por países como España, Francia e Italia.

Sin embargo, el difícil acuerdo político conseguido en el seno de la UE -que necesitó más de cuatro meses de duras negociaciones- encierra otras claves y muchos recovecos, resultado de la necesidad de atender los intereses enfrentados de distintos países europeos. A continuación se resume cómo se creará y cómo funcionará el futuro Mecanismo de Supervisión Común, así como sus beneficios y sus carencias.

¿Qué bancos supervisará directamente el BCE?

Todas las entidades de crédito que cuenten con activos superiores a 30.000 millones de euros, que supongan una quinta parte del PIB de su país de origen (siempre que tengan más de 5.000 millones de euros de activos) o que hayan recibido ayudas europeas.

Finalmente, la supervisión directa cubrirá a 120 entidades de la zona euro, más otras 200 que operan de forma transfronteriza. Además, se aplicarán los mismos límites para decidir los bancos que se supervisarán en los países de la UE que no pertenezcan al euro, pero sí quieran sumarse al sistema de supervisión europeo.

En España, 15 de los 16 bancos con más de 30.000 millones de euros en activos, según el ministro De Guindos. Solo quedarían fuera la Banca March (con 12.956 millones de activos), las pequeñas cajas de ahorro de Ontinyent y Pollensa, y las cooperativas de crédito.

Sin embargo, en el caso de Alemania, se sitúan por debajo de ese nivel las entidades de crédito de ámbito regional, agentes importantes en el juego político de los länder germanos.

El resto de entidades seguirá bajo supervisión de las autoridades nacionales, que también seguirán al cargo de la protección del consumidor en aspectos financieros, la lucha contra el blanqueo de dinero, así como de la vigilancia de los servicios de pago -tarjetas, cheques, etc- y de las sucursales de entidades de países de fuera de la UE. Este hecho lleva a que no se pueda hablar de un supervisor único de la banca europea, sino de un supervisor común.

¿Podrá actuar sobre otras entidades más pequeñas?

Sí. Aunque las autoridades supervisoras nacionales mantienen la vigilancia sobre las entidades más pequeñas, el BCE podrá intervenir en cualquiera de ellas si aprecia que tienen problemas o si lo solicita uno de los Estados miembros. Una cláusula del acuerdo también permite al fondo de rescate permanente (MEDE) pedir esa supervisión directa del BCE sobre una entidad concreta (el MEDE adopta sus decisiones por unanimidad de sus miembros, es decir, de todos los países del euro).

Además, fuentes comunitarias insisten en destacar que el BCE marcará en todo momento la forma de actuar de los supervisores nacionales.

Esta reserva a favor del BCE sería la concesión realizada por Berlín para sacar adelante el acuerdo de los Veintiocho. Sin embargo, no está claro si el BCE tendrá la última palabra sobre la supervisión de las 8.300 entidades financieras actuales de la eurozona.

¿Cuándo empezará a funcionar?

Aquí, de nuevo, hay varios niveles. El marco legal debería haber estado preparado el 1 de enero de 2014. Pero para lograrlo, debería haberse conseguido con más antelación la aprobación del Parlamento Europeo y de parlamentos nacionales, como el de Alemania y Finlandia.

Según el acuerdo de los líderes europeos, "los trabajos para la aplicación operativa [del sistema de supervisión] se llevarán a cabo durante 2013", pero el BCE asumirá definitivamente las tareas de supervisión del Mecanismo de Supervisión Común el 1 de noviembre de 2014, una vez concluidos un amplio test de estrés que incluye valoración de activos de todos los bancos de los que asumirá la supervisión.

¿Se permitirá la inyección directa de fondos europeos en la banca?

En teoría, sí. Las conclusiones del Ecofin, que recogen que “cuando se establezca un Mecanismo de Supervisión Común efectivo”, el fondo de rescate permanente “tendrá la posibilidad” de recapitalizar directamente a los bancos. Pero esa posibilidad solo se hará realidad “siguiendo el habitual proceso de decisión” de ese fondo de rescate, es decir, deben decidirlo por unanimidad sus miembros, todos los gobiernos de los países del euro.

El comisario europeo de Mercado Interior y Asuntos Financieros, Michel Barnier, ha destacado que esa inyección directa podría hacerse realidad antes de que la supervisión común esté creada por completo, pero siempre que haya acuerdo por unanimidad en la zona euro.

En junio de 2012, y pensando básicamente en España, los países del euro admitieron por primera vez la posibilidad de recapitalizar directamente las entidades con problemas, pero Alemania impuso como condición previa a la inyección de capital europeo esa vigilancia común: “Si van a recibir dinero de todos, debemos vigilarlos todos”.

Esa decisión se adoptó cuando España estaba bajo una inmensa presión de los mercados –que llevó al coste de su deuda a sobrepasar el 7% de rentabilidad-, que especulaban sobre el peso real que podían tener los activos tóxicos en los bancos españoles y la importancia de la recapitalización pública que estos podrían necesitar para neutralizarlos.

En ese contexto, la intención de la UE era separar el riesgo bancario del riesgo-país, es decir, que el precio que paga un Estado por obtener financiación en los mercados no dependa de la buena o mala salud de su banca. Pero esa separación no puede lograrse si el rescate de esas entidades depende de las arcas públicas estatales. Por eso, se intentó que la inyección directa a la banca puenteara las cuentas públicas nacionales, sin lastrarlas como ya había sucedido en el caso de Irlanda y amenazaba con hacer en el caso español.

Después del efecto calmante que consiguió el anuncio de junio de 2012, Berlín fue enfriando las expectativas de que España pudiera acogerse a ese mecanismo de inyección directa a la banca. Y, conocidas las necesidades de saneamiento de la banca española, Madrid aseguró que podía absorber el rescate bancario por sus propios medios y que su prisa por aprobar el supervisor único no era por beneficiarse de la recapitalización directa, sino por estabilizar y dar credibilidad a la unión monetaria.

¿Se contaminará la política monetaria con la supervisión?

Era uno de los riesgos que todos los Estados de la UE querían evitar, lo único en lo que todos coincidían. Se trataba de evitar, por ejemplo, que el BCE pueda decidir mantener los tipos de interés bajos para favorecer a los bancos bajo su supervisión.

Para trazar el cortafuegos entre ambas funciones, se creará un consejo de supervisión que tomará las decisiones importantes relativas a la vigilancia bancaria y que estará formado por un representante del supervisor bancario nacional de cada Estado miembro de la eurozona, cuatro miembros del BCE, un presidente y un vicepresidente.

Pero para funcionar en el día a día, habrá un comité reducido, con representantes solo de algunos miembros que rotarán para que, según se asegura ahora, no lo ocupen de forma permanente los países más grandes.

Según determina el Tratado de Lisboa, el consejo director del BCE -que adopta las decisiones sobre política monetaria- tiene que validar las decisiones del consejo de supervisión. Eso ha cambiado ahora para facilitar la separación entre ambas tareas: si el consejo director pone algún problema a una decisión del órgano supervisor, zanjará la cuestión un comité independiente.

¿Cómo encajan los países de fuera del euro en el sistema?

Éste fue uno de los principales puntos de conflicto. Países de la UE como Reino Unido o Suecia estaban muy preocupados porque la unificación de la supervisión en la zona euro pudiera facilitar que se les impusieran las normas de control a ellos a través de la Autoridad Bancaria Europea, la agencia que coordina y fija en la actualidad las regulaciones sobre vigilancia y exigencias bancarias, que ahora se integrará en la nueva estructura de supervisión común.

Para vencer esas reticencias se ha establecido un sistema de votación doble: cada decisión de la Autoridad Bancaria Europea deberá aprobarse, por un lado, por una mayoría de países de la eurozona y, por otro, por una mayoría de países de fuera del euro. Si un Estado se opone a una decisión de esta agencia, se creará un comité ad hoc con dos miembros de cada grupo -zona euro y fuera- y el presidente de la ABE.