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Los enfermos de larga duración pagarán entre 6 y 60 euros anuales por las ambulancias

  • Los enfermos de cáncer y diálisis pagarán "simbólicamente" el transporte
  • Varias comunidades como País Vasco y Asturias han mostrado su rechazo
  • Se introducirá un tramo intermedio en las rentas entre 18.000 y 100.000 euros

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Reformas en la Sanidad pública

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que las rentas bajas y los parados sin prestación están exentos del pago del transporte sanitario no urgente, a diferencia de los enfermos de larga duración, que tendrán que hacer un aportación "simbólica" de entre seis y 60 euros, en función de su renta.

Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad en la reunión con los consejeros del ramo, en la que se ha analizado la aportación de los usuarios en las prestaciones de la cartera suplementaria, como el transporte no urgente, el catálogo ortoprotésico y los productos dietéticos.

En concreto, Sanidad ha planteado que en el caso de los tratamientos periódicos superiores a seis meses los enfermos hagan unas aportaciones de seis euros anuales para las rentas inferiores a 18.000 euros; 12 euros para quienes ganen entre 18.000 y 100.000, y 60 para rentas superiores.

Además, la ministra ha aclarado que los parados de larga duración, perceptores de rentas mínimas y pensiones no contributivas no pagarán nada, así como también será gratuito el transporte urgente.

Medida no "recaudatoria"

La ministra dice que esta medida "no es recaudatoria", sino "disuasoria". Mientras, algunas comunidades como País Vasco y Asturias han mostrado su desacuerdo con las medidas tratadas en la reunión.

Según Ana Mato, todas las medidas que se han tomado están basadas en la "evidencias científicas" con el objeto de lograr "una mejor ordenación" de las prestaciones.

La ministra ha sostenido que los cambios normativos en la cartera común suplementaria (farmacia, transporte no urgente y prótesis externas) se deben a "criterios de homogenización", que garantizan la "igualdad" de las prestaciones entre todos los españoles, algo que según Mato "no ha ocurrido hasta ahora".

También ha pedido un "esfuerzo" a la población para hacer un sistema sanitario "más sostenible". "Vamos a seguir trabajando para que la sanidad sea pública, universal y gratuita", ha enfatizado.

Mato ha hecho un balance del ahorro de sus medidas desde que llegó a la cartera, en lo que ha calificado de "un año duro de reformas".

"Hemos seguido criterios de equidad. Paga más, quien más tiene y menos, quien menos tiene. Ahora los parados sin prestación no tienen que pagar los medicamentos. Hemos ahorrado más de 1.000 millones de euros, 803 millones en los ultimos cuatro meses", ha proseguido.

Sobre la revisión de la cartera básica de los servicios sanitarios, la ministra ha asegurado que "no está prevista sacar nada", pero que se actualizará porque no se ha actualizado desde hace seis años.

Aportación reducia para las sillas de ruedas

En lo que respecta las ortoprótesis, se establece una aportación reducida del 10% para los productos más necesarios y costosos (sillas de ruedas, prótesis y audífonos, entre otros), con un límite de 20 euros por prescripción.

Para el resto de productos, como las muletas, se establece una aportación del 40 y 50% según renta (para menores de 18.000 euros anuales y entre 18.000 y y 100.000), con topes de 30 y 40 euros en cada tramo.

Los dietoterápicos tendrán una aportación reducida del 10% en los productos destinados a enfermedades más graves, y también para pensionistas. El límite en estos casos por envase variará según el tipo del producto.

En cuanto a la aportación normal, se hará en función de la renta al igual que en los ortoprotésicos, aunque se aplicará únicamente a los productos para la alergias y la intolerancia a las proteínas de la leche de vaca.

Estos copagos serán aprobados próximamente y, una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado, las comunidades tendrán un plazo para adecuar sus sistemas y ponerlos en marcha. El ahorro que se puede conseguir con los mismos no se ha cifrado, según Mato, y "dependerá de lo que hagan las comunidades".

Nuevo tramo de copago de medicamentos

Además, Mato ha avanzado que en los próximos meses también se establecerá un nuevo tramo de renta para el copago farmacéutico, que también podría afectar a los aprobados este jueves, tras considerar que es "injusto" que pague lo mismo una persona que cobra 18.000 euros anuales que otra que cobra 100.000.

De este modo, y cuando se cumplen seis meses de la aplicación del nuevo copago de medicamentos según renta, se introducirá un tramo intermedio entre ambas rentas "para que no haya tanta diferencia", precisando que esto no conllevará "que se incrementen ni los porcentajes ni los topes" ya establecidos.

País Vasco y Asturias muestran su rechazo

El Gobierno Vasco se ha reafirmado en su rechazo al copago en servicios como el transporte sanitario no urgente y en las prestaciones de prótesis y ortoprótesis.

Por medio de un comunicado, Jon Darpón ha informado de que ha transmitido a la ministra su disposición a colaborar en la mejora de la calidad del sistema de salud, "siempre desde el respeto absoluto al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma Vasca".

Ha reiterado el rechazo al copago en transporte no urgente y en las prestaciones de prótesis, porque esa fórmula no hace sino "gravar a las personas con enfermedades crónicas y a los colectivos más sensibles de la sociedad".

Mientras, el consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Faustino Blanco, ha recordado a Mato que "sostenibilidad y copago no son sinónimos" y ha denunciado que la propuesta del Ministerio grava sobre los "más humildes".

Para Blanco, los temas que se han abordado en la reunión son "importantes", por lo que ha lamentado haber salido del Consejo con "la sensación de que se diga lo que se diga la dinámica de la maquina es arrolladora".

En relación con la propuesta ministerial de implantar un copago en los transportes sanitarios no urgentes, el consejero Asturiano ha criticado que se trata de un asunto "poco estudiado", es decir, de un "modelo poco desarrollado" que, además, carece de "una memoria económica".