El juez rechaza volver a encarcelar a Gao Ping y su cúpula en la 'operación Emperador'

• Rechaza la petición de los fiscales del caso
• Piden celebrar una vista para volver a encarcelarle
• "Hay indicios sólidos y fundados de criminalidad", dicen

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado la petición de los fiscales del 'caso Emperador' de celebrar una vista para volver a encarcelar al presunto líder de la trama china de blanqueo, Gao Ping, y a 22 miembros de su cúpula, que salieron de prisión por un error judicial.

En un auto, el juez rechaza la solicitud de los fiscales José Grinda y Juan José de la Rosa, que alegaban para encarcelar a los imputados los "indicios sólidos y fundados de criminalidad", el riesgo de fuga y reiteración delictiva, la gravedad de los hechos que se les imputan y la posible destrucción de pruebas.

Estos 23 imputados, entre los que se encuentran la mujer de Gao Ping, Lizhen Yang, el responsable de la red de extorsión, Hai Bo Li, y el encargado del aparato financiero de la trama, Kai Yang, ingresaron el 20 de octubre en prisión y fueron excarcelados el pasado noviembre debido a que la prórroga de su detención de octubre fue declarada ilegal por la sección tercera de la Audiencia.

La sección consideró que el juez Andreu alargó de manera irregular, más allá de las 72 horas legales, el arresto de los imputados durante la 'operación Emperador' sin haber dictado prisión para ellos antes.

El juez decidió ampliar este plazo estipulado por la Constitución considerando que no iba a tener tiempo de tomar declaración a todos los detenidos en los tres días legales y para evitar enviarles a prisión sin haberles escuchado antes.

Sin embargo, según la sección tercera lo que tenía que haber hecho Andreu para cumplir con la legalidad es dictar su prisión primero y luego tomarles declaración.

En el auto, Andreu afirma que la decisión de la sección tercera de "absoluta e irreparable nulidad de los autos de prisión" le impide adoptar cualquier medida contra los imputados que suponga su ingreso en la cárcel si no se alegan nuevos hechos que puedan ser delictivos.