Ignacio González cifra en 1,7 millones de euros el impacto el coste de las huelgas en Madrid

• El presidente madrileño asegura que se han perdido 24.000 empleos
• Los medicos piden la dimisión de González por la privatización sanitaria
• La Asociación Defensor del Paciente pide la intervención del fiscal
• Rosa Díez apoya la exigencia de Ignacio González para regular la huelga

Ignacio González cifra en un 0,5% del PIB de Madrid las pérdidas por las huelgas

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha cifrado en 1.748 millones de euros las pérdidas, un 0,5% del Producto  Interior Bruto (PIB) regional, como consecuencia de los los paros,  huelgas y manifestaciones en 2012, a las que ha responsabilizado  también de la pérdida de 23.780 puestos de trabajo, un punto de la  tasa de paro actual madrileña.

González ha hecho estas estimaciones solo un día después de exigir que se regule el derecho de huelga, en la conferencia de prensa posterior al último  Consejo de Gobierno regional del año. "Estamos en este momento en una situación  de crisis económica grave con fuerte destrucción de empleo y falta de  inversión que se ve gravemente perjudicada por parte de muchas  manifestaciones, que tienen un grave impacto en la economía y exige  una reflexión de los ciudadanos", ha señalado.

El dirigente autonómico ha recordado que se han producido dos  huelgas generales y más de mil huelgas en todo el territorio  nacional. En el sector público, y sólo en la región, se han  registrado 62 huelgas y paros parciales y 2.500 manifestaciones,  siete diarias, han tenido lugar en la capital. Según ha explicado,  cada hora de huelga supone un coste medio de 19,4 euros, lo que  supone que se han perdido 7,2 millones de horas de trabajo en el  sector público -una semana de trabajo perdido--, con coste de más de  140 millones de euros.

"Con motivo de las dos huelgas generales, tomando como referencia  un seguimiento medio del 38%, se han perdido 548 millones  de euros en el PIB de Madrid y 10.000 empleos. Por ejemplo, sólo en  los paros y huelgas salvajes en el Metro supuso una reducción de 234  millones de euros en el PIB regional y más de 3.000 empleos", ha  apuntado.

La ley para privatizar hospitales y centros sanitarios  en la Comunidad de Madrid que se ha aprobado este jueves, por un lado, y la  huelga que desde hace un mes mantienen los profesionales sanitarios  para protestar contra dicha norma han motivado reacciones de rechazo desde los colectivos de pacientes y profesionales afectados,  como es el caso de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de  Madrid (AMYTS) por un lado, y de la Asociación del Defensor del  Paciente, por otro.

Los médicos piden la dimisión de González

Por un lado, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS)  ha exigido este jueves el cese del presidente regional, Ignacio  González, ante "su incapacidad" para "el diálogo y el buen gobierno",  como revela, a su juicio, que aún no se haya resuelto el conflicto  que mantiene el Ejecutivo autonómico con el personal sanitario.

AMYTS también solicita, a través de un comunicado, que el Gobierno central  actúe ante esta situación e "intervenga" en la Comunidad de Madrid de  cara a "designar una gestora hasta la celebración de nuevas  elecciones".

El presidente autonómico había instado este miércoles que se regulara el derecho a la huelga porque en su opninión, los sindicatos, "están abusando", en referencia a los paros convocados en la Sanidad, el Metro y Telemadrid. Después, los médicos especialistas anunciaron que este jueves presentarán su  dimisión en las Juntas Técnicas Asistenciales y las comisiones clínicas, en protesta por el plan.

Además, esta asociación de profesionales sanitarios ha tildado de "pantomima" el dialogo que se ha  abierto por parte de la Consejería de Sanidad para analizar sus  propuestas alternativas de ahorro. En ese sentido, ha dicho que las  organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial, pese a la premura en  los plazos, presentaron sus propuestas y ha lamentado que los  encuentros están suspendidos desde el 21 de diciembre.

Por último, ha asegurado que, unido a la suspensión de las  negociaciones, se han dado también muestras de "autoritarismo" como  es, a su juicio, la "amenaza" de limitar el derecho constitucional a  la huelga, en referencia a las declaraciones efectuadas el miércoles  por González.

AMYTS también sostiene que la "cerrazón" por impulsar el proceso  de externalización se sustenta sobre "criterios ideológicos" y que el  pretendido ahorro de esta medida no es tal sino que, según datos que  maneja, supone el "regalo de más de 83 millones de euros al año" a  las futuras empresas concesionarias.

Defensor del Paciente pide la intervención del fiscal

Por otro lado, la Asociación del Defensor del Paciente ha pedido al fiscal jefe  de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, que intervenga en el conflicto  sanitario generado en la región con motivo de las protestas contra el  Plan de Sostenibilidad Sanitaria que ha aprobado el Gobierno  regional con la externalización de la gestión de varios centros y  hospitales.

En una misiva, la asociación explica al fiscal jefe de Madrid que  se pone en contacto con él "ante la grave situación que se está  viviendo en la Comunidad de Madrid a causa de la huelga que dura ya  muchas semanas sin que la administración de un paso adelante para  terminar con ella".

Esto, en su opinión, está causando un "grave" perjuicio en la  salud de los ciudadanos "indefensos" que lo "único que desean es ser  atendidos con dignidad y respeto". "Como le decimos, la  administración no escucha poniendo a pacientes y personal en un  enconamiento innecesario", ha lamentado.

En este sentido, ha señalado que esta situación es un "atentando  contra la vida y la salud de los pacientes" a los que "ni visitan, ni  intervienen ni realizan pruebas, con consecuencias que no se pueden  valorar hasta que algo muy grave suceda".

Para evitar esto le solicitamos su intervención con el fin de que  la administración escuche y deje su soberbia a un lado por el bien de  los enfermos", concluye la carta la presidenta de la Asociación,  Carmen Flores.

Rosa Díez respalda a González y  otro diputado de UPyD lo ve "oportunista"

La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso,  Rosa  Díez, a la que cita Europa Press, ha respaldado este jueves la propuesta del presidente de  la  Comunidad de Madrid, Ignacio González, de regular el derecho a  huelga  después de que el dirigente regional afirmara que los paros en  Metro,  en la sanidad pública y en Telemadrid son muestra del "uso  abusivo" e  "intolerable" que realizan los sindicatos de este  derecho.

"Esa no es una petición nueva. Es una petición histórica y yo  diría  que una asignatura pendiente de nuestra democracia que, de vez  en  cuando, se pone sobre el tapete cuando hay asuntos importantes o   huelgas que objetivamente generan preocupación en los ciudadanos", ha   manifestado Díez, en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa   Press.

En este sentido, ha criticado que "ni el PP ni el PSOE, ninguno de   los dos", hayan querido "nunca" hacerlo aún teniendo la  "oportunidad".  "Creo, como asignatura pendiente que es, que hay que  hacerlo. Nunca es  el momento, pero creo que hay que hacerlo con  serenidad, con  tranquilidad y con debate", ha insistido.

Sin embargo, el diputado de la misma formación, Unión Progreso y Democracia (UPyD), Carlos Martínez Gorriarán,  ha tachado de oportunista al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por pretender "eliminar el debate sobre la sanidad pública hablando del derecho a la huelga".

"En Madrid, lo que hay es un problema, en gran parte político, que ha creado el propio Gobierno de Madrid, sobre todo por la privatización encubierta de la Sanidad Pública y ese es el problema del que hay que hablar y no del derecho a la huelga. Me parece oportunista" dijo.

En su opinión, "no se puede eliminar el debate sobre la sanidad pública hablando del derecho a la huelga", del que añadió que es un derecho fundamental. Además, ha criticado que se saquen este tipo de debates que defienden determinadas reformas legales en caliente y no fruto de una reflexión fundamentada.

"Lo mismo que no se debe legislar para reformar el Código Penal cuando hay algún crimen particularmente horrible tampoco se puede proponer que se legisle sobre huelgas cuando hay una ola de huelga", ha señalado. Destacó que en España existe una regulación de servicios mínimos, "que cuando se respeta parece que es bastante satisfactoria" y aseguró que UPyD nunca apoyará ninguna "reforma oportunista".