El Gobierno podrá suprimir trenes de media distancia si estos no son eficientes
- Se garantizan los servicios públicos de transporte de interés general
- Los servicios que se eliminen se harán por carretera
- Se prevé una mejora de horarios y el uso de trenes más pequeños
- Hay casos donde el Estado aporta 371 euros, frente a los 11 que paga el viajero
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, en virtud del cual podría suprimir las líneas menos eficientes.
A través de este plan, el Gobierno va a garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general, así como el derecho a la movilidad de los ciudadanos, vivan donde vivan.
Para garantizar este derecho se podrán combinar los trenes de media distancia con servicios regulares de transporte por carretera apostando por aquel medio que sea más eficiente en cada caso y que suponga un menor coste para el ciudadano, garantizándose los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del servicio.
Racionalizar el transporte ferroviario de pasajeros
El criterio general adoptado es la declaración como obligación de servicio público de todas las líneas con un aprovechamiento superior al 15%. No obstante, algunas en las que éste se sitúe entre el 10 y el 15% también podrán declararse como obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial.
En la actualidad hay servicios ferroviarios que muestran importantes ineficiencias ya que existen casos en que el 51,7% de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16% de los viajeros, resultando en un aprovechamiento inferior al 15%. En algunos servicios el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que paga el viajero.
El ministerio de Fomento pretende compatibilizar la racionalización del gasto con la continuidad de los servicios, aprovechando sinergias. De este modo, trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a estos usuarios y en otros trayectos podrán sustituirse con transporte en autobús. Con ello, se logra un mejor ajuste que permite mantener las oportunidades de viaje.
Otras de las medidas que se pondrán en marcha serán la mejora de los horarios o el uso de trenes más pequeños.
El Gobierno ha establecido un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo y las obligaciones de servicio público se revisarán cada dos años.