El presidente de Portugal duda de la legalidad del presupuesto para 2013 y lo envía al Constitucional
- El Tribunal debe concluir si las medidas de austeridad se ajustan a la legalidad
- Cavaco Silva había sancionado el pasado viernes estos mismos presupuestos
- Dice que hay "dudas fundadas sobre la justicia en el reparto de los sacrificios"
El jefe del Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, ha anunciado este martes su decisión de enviar el presupuesto para 2013 al Tribunal Constitucional, que deberá concluir si las medidas de austeridad que recoge el documento se ajustan a la legalidad.
En su tradicional mensaje del día de Año Nuevo, Cavaco Silva ha explicado que existen "dudas fundadas sobre la justicia en el reparto de los sacrificios" que introduce el documento.
La decisión del jefe del Estado se produce después de que el pasado viernes promulgara estos mismos presupuestos, ya que pese a las sospechas sobre la legalidad del texto, prefirió no retrasar su entrada en vigor, algo que habría ocurrido si hubiera enviado el texto al Constitucional antes de sancionarlo.
"Sin los presupuestos, el país quedaría privado del mayor instrumento económico del que dispone, lo que supondría unas consecuencias extremadamente negativas", ha justificado.
Cavaco Silva ha insistido en que a instancia suya, serán los jueces los que ahora analicen si el documento guarda "conformidad con la Constitución portuguesa".
La opción elegida por el presidente luso -sancionar y posteriormente pedir el dictamen del Constitucional- tan sólo tiene un precedente, en 2003, cuando el socialista Jorge Sampaio hizo lo propio con el presupuesto elaborado por el Ejecutivo del conservador José Manuel Durao Barroso.
Los presupuestos más duros de Portugal
Las cuentas fueron aprobadas por el Parlamento a finales de noviembre con el apoyo de los dos partidos conservadores en el Gobierno, socialdemócratas y democristianos.
El presupuesto para 2013 es considerado como el más duro de su historia reciente y recoge un fuerte incremento de la carga fiscal, además de cortes en las pagas a los funcionarios y ajustes en algunos servicios sociales, entre otras medidas de austeridad.
El texto suscitó fuertes críticas entre los partidos de izquierda y diversas entidades sociales y provocó, además, un recrudecimiento de las protestas ciudadanas en la calle, que solicitaron al presidente luso que no promulgara este presupuesto.
Precisamente, la aprobación de nuevos recortes se debe en parte a un dictamen del Constitucional luso, que analizó los presupuestos de 2012 -a instancias en aquella ocasión de un grupo de diputados socialistas y marxistas- y consideró ilegales la suspensión de las pagas extras de verano y navidad para los funcionarios públicos y los pensionistas, que debían prolongarse hasta 2015.
El Tribunal ha optado entonces por permitir su aplicación durante un año para que el país pudiera cumplir sus objetivos de reducción del déficit público, pero obligó al Ejecutivo a optar por otras medidas para conseguir una disminución de su gasto público equivalente.
Portugal debe concluir 2013 con un déficit público del 4,5% para cumplir con las exigencias de la troika. Para el ejercicio 2013, las previsiones del Gobierno luso estiman una recesión superior al 1% y un aumento del paro hasta situarse por encima del 16%, niveles de desempleo nunca vistos antes en el país.
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