El Gobierno presentará este mes al Constitucional el recurso contra el euro por receta en Madrid

• El Gobierno ya aprobó el recurso contra el euro por receta en Cataluña
• El Ministerio de Sanidad ha elaborado los informes necesarios para el recurso
• Asociación de Defensa de la Sanidad presenta recursos a Fiscalía y Defensor del Pueblo

Las farmacias madrileñas recaudan por primera vez el euro por receta

El Gobierno central prevé presentar este mes de enero al Tribunal Constitucional el recurso contra la tasa de un euro por receta que el gobierno de la Comunidad de Madrid aplica desde este miércoles, aunque la medida entró en vigor el 1 de enero.

El Ministerio de Sanidad ya ha elaborado los informes pertinentes  en los que se puede basar el recurso y ha remitido toda la  documentación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  que tiene previsto pedir un informe al Consejo de Estado.

Así, las fuentes consultadas, a las que cita Europa Press, calculan que el Gobierno abordará  este asunto este mismo de enero, sin descartar que pueda ponerse  encima de la mesa en el primer Consejo de Ministros del año, que  tendrá lugar después de las vacaciones Navideñas, el 11 de enero.

En el caso del euro por receta de Cataluña, que entró en vigor el  23 de junio, el Gobierno abrió una larga negociación con la  Generalitat para intentar alcanzar un acuerdo y evitar el recurso  ante el TC. Pero ahora el Gobierno da por hecho que esos plazos no se  agotarán con el Ejecutivo madrileño.

"Vulnera la normativa estatal"

El pasado 14 de diciembre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya  Saénz de Santamaría, anunció el recurso contra el euro por receta de  Cataluña, en el que se pedía además la suspensión de esta tasa.

La portavoz del Ejecutivo argumentó que esta medida "vulnera la  normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de  la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos", al tiempo  que "perjudica" la igualdad de los españoles, ya que "grava por dos  veces" la adquisición de medicamentos.

El informe que elaboró entonces el Consejo de Estado sostiene que  las comunidades autónomas no pueden incidir directa o indirectamente  en la fijación de precios de productos sanitarios, según establece la  Constitución en su artículo 149.

Cataluña y Madrid no retirarán la medida

El propio Mariano Rajoy ya confirmó el pasado 28 de diciembre que  el Ejecutivo recurriría ante el TC el euro por receta en la Comunidad  de Madrid si entraba en vigor. "El Gobierno ya ha recurrido en el  caso de Cataluña al Constitucional y comprenderá que sería impensable  que tomara una decisión diferente en Madrid", precisó.

A pesar de esos recursos por parte del Gobierno central, tanto la  Generalitat de Cataluña como la Comunidad de Madrid han mantenido su  postura y han asegurado que no retirarán la medida.

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ha  asegurado hoy que la aplicación de esta tasa se produce "en un  momento muy duro de una crisis económica muy profunda".  Además, ha  destacado que a ello hay que añadir que la Comunidad de Madrid ha  sido "víctima" de un sistema de financiación autonómica "muy  injusto", lo que ha obligado a "hacer un ajuste muy importante".

Escritos ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Madrid ha entregado este miércoles sendos escritos a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo solicitando que se paralice la tasa de un euro por receta en la Comunidad de Madrid, en vigor desde ayer.

En ambos escritos, similares al entregado el lunes en el Ministerio de Sanidad, "se añade una petición a estas instituciones para que estudien si ha habido algún tipo de delito por parte de la Comunidad de Madrid al implantar esta tasa y, que tomen las actuaciones oportunas si estiman que vulnera otras leyes de rango superior", ha dicho a Efe el presidente de la ADSP, Marciano Sánchez.

Desde la asociación solicitan que, mientras se estudia la legalidad de la nueva tasa, se paralice la aplicación de la ley regional, que puede "causar un perjuicio irreparable para la salud de muchos ciudadanos de renta baja, que tengan una dificultad muy importante" para abonar el euro por receta, que se suma al copago incluido en el Real decreto ley 16/2012, ha explicado Sánchez.

La ADSP entiende que la Fiscalía tiene competencia para ello, mientras que la Defensora del Pueblo "tiene capacidad para recurrir directamente ante el Tribunal Constitucional, de modo independiente", según Sánchez.

La asociación ya presentó una reclamación en el Ministerio de Sanidad el pasado día 31 y confía en que ésta "se traslade al Consejo de Ministros, para que el Gobierno central", que ha recurrido ante el Constitucional el euro por receta en Cataluña, "haga lo mismo con Madrid, bien de forma adjunta o separada" del caso catalán, ha añadido.