Guatemala no reconocerá fallos de la Corte Interamericana de DD.HH. por casos anteriores a 1987

• El gobierno alude a una "reserva" que hizo todavía en pleno conflicto
• El general Pérez Molina, jefe militar en la época, cumple un año de presidente

Guatemala no reconocerá los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por casos ocurridos antes de marzo de 1987, una decisión polémica que llega un año después de que accediera al poder Otto Pérez Molina, alto responsable también en esos años de dictadura militar.

El Gobierno del ahora general retirado ha hecho valer una "reserva" hecha por el Estado en marzo de 1987, según la cual la CIDH solo podrá conocer casos ocurridos después de esa fecha.

La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, encargado de aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

28 condenas por casos previos a 1987

La decisión del Gobierno guatemalteco apareció en un decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial. Según el decreto, la "reserva" aprobada por el Estado guatemalteco "no ha sido interpretada adecuadamente" por la Corte regional, que desde 1996 hasta ahora ha sentenciado a Guatemala por 28 casos de violaciones a los derechos humanos, la mayoría ocurridos antes de 1987.

Sus últimas condenas al país centroamericano llegaron hace poco más de un mes. Entonces le condenó por la desaparición forzada del líder estudiantil y sindical Edgar Fernando García, perpetrada el 18 de febrero de 1984 por un grupo de agentes de la desaparecida Policía Nacional. Y también condenó al estado por el caso conocido como Diario Militar, un documento elaborado entre agosto de 1983 y marzo de 1985 por el espionaje militar que contiene un registro de operaciones represivas.

Indignación de los activistas

Las organizaciones de derechos humanos han criticado al Gobierno guatemalteco. "El Estado está obligado a acatar los fallos de la Corte y no debe ni puede jurídica ni políticamente discutirlos", ha dicho Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, una de las principales querellantes en estas causas.

El que el Estado pretenda desconocer los fallos de la Corte IDH basado en una "reserva" es una medida "ilegal", que "viola y lesiona las normas básicas del derecho internacional" y fomenta la impunidad, ha añadido la activista.

Otto Pérez Molina, que asumió la presidencia hace justo año tras ganar las elecciones a otro candidato conservador, tuvo un importante papel en el largo conflicto interno que vivió el país entre 1960 y 1996.

Fue el entonces general quien, en representación del Ejército, negoció y firmó  los acuerdos de paz con la guerrilla izquierdista. A pesar de estar asignado durante la guerra en una de las regiones más conflictivas del país, el área de Ixil, al noroeste de Guatemala, su participación en crímenes de guerra no ha sido probada pese a las constantes denuncias de opositores políticos y activistas de derechos humanos.

La CIDH, con sede en Costa Rica, también ha condenado a Guatemala por las masacres de población civil ocurridas a principios de la década de 1980 por miembros del Ejército, en los casos conocidos como Plan de Sánchez y Río Negro.