El TSJC ordena adaptar la educación en castellano y catalán para seis alumnos

• Hasta que se resuelva la impugnación que los padres presentaron
• Los seis autos cuentan con un voto en contra de uno de los magistrados
• La Generalitat ha anunciado que impugnará las medidas impuestas
• El PPC y Ciutadans exigen el cumplimiento de las sentencias

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al departamento de Enseñanza que adopte de forma cautelar las medidas necesarias para que seis alumnos de infantil, primaria y secundaria tengan el castellano y el catalán como lengua vehicular de su enseñanza.

En seis autos distintos, que se han notificado este viernes, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC requiere a Enseñanza para que dé, de forma cautelar, este trato a los alumnos hasta que se resuelva la impugnación que sus padres plantearon a una resolución de la consellería que desestimaba sus pretensiones sobre el régimen lingüístico de la enseñanza no universitaria.

En estos seis casos concretos, el TSJC requiere a la consellería para que, de forma cautelar, adopte "cuantas medidas sean precisas" para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte al hijo de los recurrentes, a la nueva situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, junto con el catalán.

De momento, la consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares impuestas por el TSJC.

Sentencias del TSJC

En un comunicado de prensa, el TSJC ha aclarado que los autos notificados no suponen "en absoluto" la segregación de los alumnos por razón de lengua. Esta misma sección del TSJC fue la que, en 2011, en relación con el recurso presentado por otras tres familias, dictó un auto en el que daba un ultimátum de dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, que fue suspendido posteriormente al ser impugnado por la Generalitat.

La sección quinta también reconoció en mayo de 2012 el derecho de otras cuatro familias a que sus hijos fueran escolarizados con el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, en la misma proporción que el catalán, lo que llevó a la consellera Irene Rigau a presentar un recurso al entender que la decisión judicial suponía una "grieta" del sistema educativo catalán.

En los seis autos, la sección quinta de la sala de lo contencioso del TSJC advierte que, pese a que da la razón a los padres a la hora de fijar la medida cautelar, ello no presupone que adelante el fallo sobre la cuestión de fondo planteada en el recurso.

Los seis autos notificados cuentan con un voto particular en contra por parte de uno de los tres magistrados de la sala, que estima que la decisión adoptada va "más allá" del contenido propio de una medida cautelar y comporta "una suerte de ejecución anticipada de una hipotética sentencia estimatoria" del recurso presentado por los padres.

"Es por ello que, en mi opinión, no era procedente en este momento procesal la adopción de la medida solicitada por la parte actora", subraya el magistrado Alberto Andrés en su voto particular.

La Generalitat: "No existe ningún riesgo ni peligro"

La Generalitat ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares  impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para  garantizar la educación en castellano de seis alumnos, al entender que  no tienen ningún sentido ni hay riesgo para los niños. La consellera  catalana de Enseñanza, Irene Rigau, lo ha anunciado, después de  conocerse los seis autos de la sección quinta de la sala de lo  contencioso-administrativo del TSJC.

En declaraciones a los  periodistas, Irene Rigau ha anunciado que recurrirán esta resolución ante el  propio TSJC, ya que entiende que no tiene "ningún sentido" aplicar las  medidas cautelares porque no existe "ningún riesgo ni peligro" de que  los alumnos que cursan en Cataluña no dominen el catalán y el castellano  al finalizar sus estudios.

Rigau, que ha recordado que la Ley  de Enseñanza de Cataluña (LEC) ya prevé la atención individualizada  para los alumnos de P-3, P-4 y P-5 cuyos padres reclamen su  escolarización en castellano, ha destacado que los autos notificados  cuentan con un voto particular de uno de los magistrados que remarca que  la decisión adoptada "va más allá" del contenido propio de una medida  cautelar.

El PPC y Ciutadans reclaman el cumplimiento de las sentencias

El PPC y Ciutadans han reclamado a la Generalitat y a la conselleria de Enseñanza que cumplan con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para garantizar la educación en la escuela también en castellano.

En este contexto, el portavoz del PPC en el Parlament, Enric Millo, ha afirmado que "un gobierno que no cumple las leyes ni las sentencias no tiene legitimidad para exigir nada a la ciudadanía". Millo ha manifestado la satisfacción del PPC por el requerimiento que "garantiza el cumplimiento de derechos y libertades individuales de las personas".

"No entendemos a qué vienen tantos aspavientos cuando lo que hace el TSJC es su trabajo. Impartir justicia. Ni más ni menos ", ha añadido. En este sentido, Millo ha manifestado que "da igual si son seis familias o 6.000; se debe garantizar los derechos de todas las personas y de las familias".

El PPC ha recordado que defiende la educación en catalán y castellano en la misma aula, sin separar alumnos, de manera proporcional y de acuerdo con la realidad sociolingüística de cada centro docente.

Por su parte, el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, ha anunciado que "exige a la Generalitat el cumplimiento inmediato de la sentencia", y ha pedido "la dimisión de la consellera Rigau" tras el auto del TSJC.

"Rigau ha cometido un delito de desacato a la justicia y ha vulnerado los derechos de los ciudadanos", ha apuntado. El portavoz de C's ha criticado que la Generalitat y la consellera Rigau "desacatan de nuevo a la justicia" y ha tachado al Govern de "insumiso" porque "incumple la ley a sabiendas". Cañas ha declarado que "existe una sentencia firme que obliga a la Generalitat a introducir el castellano también como lengua vincular en educación".