El gobierno chileno refuerza la seguridad tras morir dos personas en las protestas mapuches

• Un propietario agrícola y su esposa murieron en un incendio 
• El gobierno envía refuerzos a la región de La Araucaría
• Los indígenas reclaman sus tierras tradicionales 

El gobierno chileno refuerza la seguridad tras morir dos personas en las protestas mapuches

El gobierno de Chile ha calificado como "terroristas" las protestas de los indígenas mapuches y ha reforzado la seguridad en la región de La Araucaría (sur del país) después de la muerte de dos personas el pasado viernes.

Las víctimas son un empresario agrícola de ascendencia suiza de 75 años, Werner Luchsinger, y su mujer, Vivianne Mckay, de 69, fallecidos después de que una veintena de personas prendieran fuego a su vivienda.

En el lugar se hallaron panfletos alusivos a la muerte de un joven mapuche, Matías Catrileo, que falleció cinco años antes por un disparo de la policía durante la ocupación de una finca cercana propiedad de un primo de Luchsinger.

Se trata del ataque más grave ocurrido en el contexto de la lucha de los mapuches por sus tierras ancestrales. En los últimos cinco días se han registrado al menos seis ataques incendiarios a viviendas, camiones y maquinaria agrícola en la misma región.

El Gobierno cree que detrás de los ataques incendiarios están grupos radicales que reciben financiación exterior, en especial de  Argentina, y que han optado por la violencia para recuperar tierras que consideran ancestrales.

Las autoridades tradicionales indígenas, sin embargo, han lamentado los hechos en una carta al presidente del país y en declaraciones en la CNN chilena, y han criticado a las autoridades por apresurarse a culparles de lo sucedido.

Legislación antiterrorista

El gobierno de Santiago ha echado mano de la ley antiterrorista, proveniente de la dictadura, para acusar al único detenido por la muerte del matrimonio.

La aplicación contra los mapuches de esta legislación, que contempla penas más severas que la legislación común, ha sido criticada por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, como la estadounidense Human Rights Watch.

El domingo, el presidente del país, Sebastián Piñera, sostuvo una reunión de urgencia con cuatro de sus ministros en el Palacio de La Moneda. Piñera ha encargado la seguridad en las zonas mapuches del sur a un alto mando policial y no descarta decretar el estado de excepción. 

Esa medida ha sido reclamada por parlamentarios oficialistas y empresarios, que amenazan con tomarse la justicia por su mano.

El Ejecutivo considera que por el momento lo conveniente es incrementar la acción policial y de inteligencia, y para ello se ha duplicado en los últimos seis meses la dotación de Carabineros, hasta sumar 400 agentes, lo que supone la mayor concentración por población en el país.

Además, desde el viernes se han puesto en marcha nuevas medidas, como la creación de una unidad antiterrorista en Carabineros y un equipo jurídico especial en el Gobierno.

La mayor presencia policial, sin embargo, podría contribuir a una escalada. Este mismo lunes el portal de noticias del grupo chileno El Mercurio se hace eco de la denuncia de una comunidad indígena que asegura que los carabineros habrían torturado a uno de sus miembros.

Por su parte, la Comisión Ética contra la Tortura de Chile ha pedido al gobierno que no castigue a las comunidades indígenas por lo ocurrido y que aborde las reivindicaciones mapuches como un problema político. 

Reivindicación histórica

Los mapuches o araucos son la principal minoría étnica del país y se concentran en la región de La Araucanía, unos 700 kilómetros al sur de Santiago, donde la tasa de pobreza asciende al 22,9%, frente al 14,4% a nivel nacional.

Los mapuches reclaman la autonomía y el reconocimiento de sus derechos territoriales y nacionales, que consideran avalados jurídicamente por el tratado de Quilín de 1641. Con dicho tratado, el poder colonial español reconocía un territorio propiedad de los indios en una zona dividida y anexionada por Argentina y Chile tras la independencia.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el Estado chileno ofreció dichas tierras a colonos europeos para hacerlas productivas. Luchsinger era descendiente de estos colonos. En la actualidad,  las fincas son propiedad de empresarios agrícolas y madereros, y algunas cuentan con protección policial, aunque ese no era el caso  del matrimonio fallecido, que no había recibido amenazas directas.

Desde los años 90, el Estado volvió a comprar tierras para entregárselas a los mapuches, aunque algunos grupos recurrieron a las ocupaciones como forma de presión. Otros activistas han elegido la huelga de hambre como medio para dar a conocer sus reivindicaciones, que han recibido numerosos apoyos internacionales.