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Grecia aumenta la presión fiscal a todos los niveles ante las exigencias de la troika

  • Se aprueba una nueva ley tributaria, que penaliza los ingresos medios
  • Se pretende reducir el déficit recaudando 2.500 millones de euros este año
  • La oposición denuncia las contradiccionesde la nueva ley
  • La gobernante Nueva Democracia reconoce que se podría haber hecho mejor

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Grecia ha accedido a otra de las exigencias de la troika al dar luz verde a una nueva ley tributaria aprobada por todos los partidos que forman el tripartito que dirige Andonis Samarás -conservadores, socialistas e izquierda moderada. La legislación aumenta la presión fiscal prácticamente a todos los niveles, sobre todo en los tramos de ingresos medios. Esto permitirá a Grecia recaudar este año unos 2.500 millones de euros para reducir así el elevado déficit.

No obstante, el viceministro de Finanzas y encargado de la reforma impositiva, Yorgos Mavraganis, ha asegurado que la reforma tributaria supondrá un "alivio" para las capas más desfavorecidas y estimulará a los emprendedores. Al mismo tiempo, reconoce que las medidas "son difíciles" pero "ayudarán" a Grecia "a concluir la fase de ajuste y a mejorar sus perspectivas". Además, aseguró que la nueva ley ayudará a combatir la evasión fiscal al "clarificar las normas".

Es un regalo para los ricos que todos los ingresos superiores a 42.000 euros anuales tributen al mismo nivel

Los ocho tipos sobre los que se establecía la base impositiva quedarán reducidos a tres: un 22% de IRPF para los salarios inferiores a 25.000 euros anuales, un 32 % para la franja hasta los 42.000 euros y un 42 % sobre los ingresos que estén por encima.

La principal fuerza de la oposición, la izquierda radical de Syriza, considera “un regalo para los ricos” que se englobe en el mismo nivel a todos los que tributan a partir de 42.000 euros anuales.

También se incrementará la presión fiscal sobre los autónomos, que deberán pagar un mínimo de un 26 % de sus ingresos al Estado, así como los agricultores, a los que se elimina cualquier tipo de exención fiscal y pasarán a cotizar como autónomos.

El impuesto sobre los beneficios empresariales se elevará de un 20 % a un 26 % pero, en cambio, los impuestos sobre dividendos repartidos se reducen considerablemente: del 25 % al 10 %. También se reducirá el impuesto sobre las rentas derivadas del alquiler del 40 % al 32,8 %.

Las contradicciones de la nueva ley

El diputado izquierdista Efklidis Tsakalotos ha criticado las contradicciones de la reforma: "¿Qué hace (el Gobierno)? Reduce los impuestos a los dividendos. Parece que los rentistas no son un problema. (...) Ahora el que tenga cinco o diez viviendas no será gravado al nivel más alto sino al más bajo", mientras se suben los impuestos a las capas de ingresos medios.

"La ley podría, de hecho, haber sido mejor", ha reconocido el representante de la gobernante Nueva Democracia (ND) para la reforma de la ley, Apóstolos Vezyropulos, aunque "la presión era muy grande" por parte de unos socios comunitarios que exigían que el país reformase su sistema impositivo.

El partido en el Gobierno, Nueva Democracia, reconoce que la ley podría, de hecho, haber sido mejor

Asimismo ha acusado a la oposición de carecer de "sobriedad y responsabilidad" por no haber aportado ningún plan realista de salida a la crisis.

Lo cierto es que el Gobierno se ha negado a aceptar las enmiendas presentadas incluso por los socios de la coalición que sostiene el Ejecutivo. El ministro de Finanzas no aceptó la propuesta de reducir la carga fiscal de los contribuyentes con ingresos medios y bajos porque, a su juicio, estimularía la evasión fiscal y aumentaría los gastos en 1.000 millones de euros.

Grecia, que en 2012 cumplió su quinto año de recesión consecutivo, lleva dos años sometida a los programas de ajustes de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) cuyo objetivo es reducir los abultados datos de déficit y deuda del país mediterráneo.

El déficit griego se situó en el 8,2 % del PIB en 2012, dos décimas por debajo de las previsiones de los acreedores internacionales y 2,7 puntos porcentuales menos que en 2011. No obstante, la cifra sigue siendo muy alta en comparación con los criterios exigidos por Bruselas.