Se presentan los primeros recursos contra la supresión de la extra a empleados públicos

• Se reclaman por la vía contencioso-administrativa
• Si se desestiman, los funcionarios podrán recurrir ante la Audiencia Nacional

La Plataforma que integra sindicatos y asociaciones de empleados públicos ha  presentado este martes las primeras reclamaciones por la vía contencioso-administrativa de la paga extra de Navidad de 2012 que  fue suprimida, según ha confirmado el sindicato de funcionarios CSI-F.

En un comunicado, esta organización apunta que, a lo largo de la semana, se harán efectivas las reclamaciones en los  diferentes sectores de la Administración, tanto en el caso del  personal laboral como en el de los funcionarios.

Fuentes de CSI-F han explicado a Europa Press que, en el caso de los  funcionarios, si se desestima este primer recurso, se procederá a llevar la reclamación por  la vía judicial. Para los empleados públicos, el ámbito de reclamación es la  magistratura, mientras que en el caso de las empresas públicas que  operan en todo el territorio español es la Audiencia Nacional.

Los sindicatos y asociaciones que conforman esta plataforma respaldarán la  presentación de un recurso por cada sector (Sanidad, Educación,  Correos, Administración General del Estado, etc.), cada ámbito  territorial y cada departamento ministerial y, si prosperan, posteriormente solicitarán la extensión de la sentencia a  todos y cada uno de los empleados afectados por la medida.

La plataforma considera que la retroactividad del decreto de  recortes del pasado mes de julio, en el que se incluye la supresión  de la paga extra, vulnera las garantías constitucionales, además de  quebrar el principio de seguridad jurídica.

Según esos argumentos, los empleados públicos reclamarán a  la Justicia que considere la posibilidad de plantear una cuestión de  inconstitucionalidad contra dicho decreto.

El colectivo de empleados públicos, de manera paralela, solicita  que se les devuelva la parte proporcional de la paga extra devengada  los días previos a la entrada en vigor del citado real decreto, en  línea con las recomendaciones de la Defensora del Pueblo que han sido  desatendidas por el Gobierno.