El Parlamento Europeo aprueba nuevos límites a la actividad de las agencias de calificación

• Deberán anunciar previamente cuándo calificarán la deuda soberana
• Las notas solo podrán anunciarse tras el cierre de las bolsas el viernes
• Los inversores podrán reclamar daños en caso de pérdidas por negligencia

El Parlamento Europeo aprueba nuevos límites a la actividad de las agencias de calificación

Un sector en el disparadero

Las agencias de calificación asignan grados a las emisiones de bonos de las administraciones públicas y grandes empresas, que pagan por ello.

La actividad de estas compañías es objeto de grandes críticas desde el estallido de la crisis financiera en 2007, que no previeron.

El propio FMI asegura que las agencias “usan y abusan del poder que tienen” y “necesitan una supervisión más estricta”. Tribunales de diversos países han abierto investigaciones sobre varias de sus prácticas al respecto a instancias de la sociedad civil.

Las agencias alegan que solo emiten opiniones cuyos efectos dependen de la importancia que le den los inversores.

El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado este miércoles la nueva regulación de las agencias de calificaciónque tiene como objetivo "reducir la dependencia excesiva de los inversores ante las calificaciones externas de la deuda pública; atajar los conflictos de interés que provocan las diferentes actividades de estas agencias; y aumentar la transparencia y la competencia en el sector".

Entre las nuevas obligaciones que tendrán que asumir estas entidades  está la de anunciar previamente cuándo calificarán la deuda soberana de un determinado país, unas  calificaciones que en cualquier caso solo se podrán difundir fuera del horario labora. En concreto, solo podrán anunciarse tras el cierre de las  bolsas de la UE en viernes y al menos una hora antes de su  reapertura.

“Las calificaciones solo podrán anunciarse tras el cierre de las  bolsas en viernes“

En concreto,  para evitar turbulencias en los mercados provocados por rebajas de  nota inesperadas, la norma obliga a agencias a publicar  por adelantado un calendario anual con un máximo de tres fechas en  las que tengan previsto anunciar sus calificaciones sobre deuda  pública.

Los eurodiputados han dado el visto bueno a la nueva regulación por 579 votos a favor, 58 en contra y 60 abstenciones. Con la nueva norma se espera que disminuya el monopolio  de las tres agencias que en la actualidad se reparten el mercado de  forma casi exclusiva: Moody's, Standard & Poor's  (S&P) y Fitch. Según datos ofrecidos por el Parlamento Europeo, entre las tres se reparten el 96% del total.

Como la norma ya ha sido pactada el pasado mes de noviembre con los Gobiernos de los 27, así que  cuando éstos la ratifiquen formalmente será de aplicación directa a  los 20 días de su publicación en el diario oficial de la UE, señala Europa Press.

Búsqueda de más transparencia

Además, y con el objetivo de aumentar la transparencia en su actividad, las agencias no podrán limitarse a rebajar o aumentar una nota, como hasta ahora, sino que deberán justificar qué factores explican sus decisiones.

Las agencias asumirán, además, una mayor responsabilidad ya que con  la nueva legislación los inversores podrán reclamar daños a las agencias  en caso de pérdidas causadas por una negligencia o infracción grave.

Para reducir la dependencia de los  inversores ante las agencias de rating, las entidades de crédito y  los fondos de inversión deberán poner en marcha poner en marcha procedimientos internos para evaluar su propio crédito.  Por otra parte, los emisores de productos  financieros complejos estructurados (como, por ejemplo, titulizaciones,  obligaciones de deuda garantizadas y valores respaldados por hipotecas  comerciales o sobre viviendas) deberán someterse a la vez a dos ratings  de dos agencias diferentes, y cambiar de agencia cada cuatro años.

“Se prohíbe calificar a compañías que posean más del 10% de su  capital“

Con el fin de aumentar la independencia de las agencias de rating y de reducir los conflictos de interés, la norma contempla  limitaciones en el accionariado. Las agencias deberán informar cuando  puntúen a una empresa que controla más del 5% de su accionariado  y  tendrán prohibido calificar a compañías que posean más del 10% de su   capital. Los inversores tendrán prohibido controlar participaciones   superiores al 5% en más de una agencia.

Las nuevas medidas para endurecer el marco de las agencias de calificación no ha conseguido, sin embargo, apoyos suficientes para incluir la propuesta lanzada en un primer momento por la CE de crear una agencia de notación europea.  Esta propuesta se ha reducido a una mención en el  texto en la que los eurodiputados piden a la Comisión "que considere la  posibilidad" de establecer ese organismo.

Los legisladores también han descartado una de las ideas  originales de Barnier, que era prohibir las calificaciones de los  países que hayan sido rescatados.

Reacciones a la medida

 Aún así, el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, ha felicitado a la Eurocámara por su luz verde a la nueva directiva y reglamento que "mejorará considerablemente" el sistema de evaluaciones. El comisario francés ha afirmado que la decisión "es otro paso importante en el camino para reforzar la regulación financiera como respuesta a la crisis bancaria".

Todos los grandes grupos de la Eurocámara coincidieron en valorar como una decisión en la buena dirección las nuevas normas, si bien desde algunos escaños se criticó que la normativa no hubiese ido más allá con la creación de una agencia europea de calificación que rompiera el "monopolio" de la calificación crediticia anglosajona.

"Los recientes acontecimientos en los mercados financieros han mostrado cómo de sensibles son las calificaciones de la deuda soberana y con estas nuevas normas se asegurará que las notaciones no aparecen en los momentos más inapropiados", ha dicho el eurodiputado del Partido Popular Europeo Jean-Peaul Gauzès.

Desde la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), el eurodiputado alemán Wolf Klinz se ha lamentado por el hecho de que no se hubiese aprovechado la nueva legislación para terminar "con la estructura casi oligopolística" de Moody's, Fitch y Standard & Poor's.  En un comunicado dijo "temer" que esa falta de competencia "vuelva a costar cara en el futuro".

Para el eurodiputado de ICV Raül Romeva, del grupo Verdes/ALE en el PE, "es lamentable que no se haya sido más ambicioso".