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El Ayuntamiento de Sabadell niega la contratación de dos empresas vinculadas con el caso Mercurio

  • Las empresas pagaron supuestas comisiones de 120.000 euros a un exconcejal
  • Un auto judicial ha acordado el levantamiento de parte del sumario del caso

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El Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) ha negado que las empresas Anfora y Galaria, que según el sumario de la operación Mercurio, pagaron sendas  comisiones de 120.000 euros al exconcejal Jordi Soriano para  conseguir su intermediación en operaciones urbanísticas, hayan tenido algún tipo de contrato en el consistorio.

Según ha explicado el Ayuntamiento, al que cita Europa Press, estas dos  empresas no figuran en ningún fichero municipal desde que están  informatizados y nunca han trabajado como proveedores ni han hecho  trabajos para ellos.

"No han hecho nada para el Ayuntamiento porque no constan en  ningún fichero", han explicado fuentes municipales, después de  rastrear los archivos para aclarar si hicieron algún trabajo para  ellos.

En un auto judicial que acuerda el levantamiento de parte del  sumario del caso Mercurio, que investiga una presunta trama de  corrupción y concesiones irregulares vinculada al Ayuntamiento, estas  dos empresas pudieron pagar hasta 120.000 euros para conseguir la  mediación del entonces concejal popular para conseguir operaciones  urbanísticas.

Operaciones urbanísticas

Según se desprende de este auto, Soriano presuntamente cobró  comisiones de hasta 300.000 euros de constructores para ayudarles en  cinco operaciones urbanísticas que están bajo sospecha: la  remodelación y ampliación del Cementerio de Sabadell, obras  relacionadas con Fira de Sabadell y el centro cívico Can Llong, la  licencia de mejora de la Finca de Ca n'Ustrell y la recalificación de  una finca en Palau Solit i Plegamans.

La negación por parte del consistorio llega el mismo día que el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha hecho pública la petición que le hizo al juez que instruye el caso Mercurio para poder declarar nuevamente tras haberlo hecho el pasado 2 de diciembre.

La decisión se habría tomado después de haber recopilado más información y documentos que avalarían, según el alcalde, su no participación en ninguna trama de corrupción urbanística en la ciudad.