Madrid abonará parte de la extra de Navidad a los funcionarios de una empresa pública

• El TSJM obliga a la Comunidad a pagar los 14 días devengados de julio
• Desestima la pretensión general en relación  con la totalidad de la paga
• La Agencia de Informática y Comunicaciones es la afectada por la sentencia

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a  la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid  (ICM) a abonar a su personal asalariado los días devengados de la  paga extraordinaria de Navidad, o cantidades equivalentes, entre el  comienzo del año y la entrada en vigor -en julio- del Real Decreto  por el que se suprimieron estas pagas.

En la sentencia fechada el pasado 11 de enero y a la que ha tenido  acceso Europa Press, la Sala de lo Social del Tribunal madrileño  estima parcialmente la demanda interpuesta por la Federación de  Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. contra la supresión de la  paga extraordinaria o cantidades equivalentes en las retribuciones  anuales del personal del ICM.

Esta demanda se interpuso contra la Agencia el pasado 24 de  octubre de 2012 por parte de CC.OO. y siendo parte interesada la  Federación de Servicios Públicos de Madrid de UGT y los sindicatos  CSIT-UP, CSIF, USO y S.I.T.I.

En concreto, el tribunal madrileño condena a la Agencia madrileña  al abono a los trabajadores afectados por este conflicto colectivo de  la suma del importe de los 14 días del mes de julio ya devengados a  la entrada en vigor del Real Decreto, que tuvo lugar el pasado 15 de  julio del año 2012.

Mencionando doctrina del Tribunal Supremo, destaca que las pagas  extraordinarias constituyen una manifestación del salario diferido,  "se devengan día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en  determinados meses del año, y su importe debe equipararse al salario  regularmente percibido por el trabajador,  no constituyendo meras  expectativas".

Por lo que entiende que los trabajadores demandantes "tienen  derecho a su percepción,  no pudiendo tener la norma efecto  retroactivo", y procede a estimar parcialmente la demanda presentada  por la organización sindical.

Por otro lado, el TSJM desestima la pretensión general en relación  con la totalidad de la paga suprimida. Entiende que el Real Decreto  citado recoge la supresión de la paga extra de diciembre y de la paga  adicional de complemento específico, constando en el mismo la  excepción de la negociación colectiva y que su aplicación "se impone  por jerarquía normativa", sin que sea "contrario a derecho".

"Extensivo a la totalidad del personal público"

En un comunicado, la FSC-CC.OO. asegura que el contenido del fallo  debe hacerse extensivo a la totalidad del personal público asalariado  y se debe trasladar a los cerca de tres millones de personas que  desarrollan su actividad laboral en el sector público del Estado y  las administraciones autonómicas y locales.

Por ello, el sindicato  reclama al Gobierno el reconocimiento legal de este derecho para  evitar la proliferación de demandas colectivas que están impulsando  las organizaciones sindicales y las personas afectadas a título  individual.

CC.OO. indica que hasta que se produzca el reconocimiento general  de este derecho, deberán mantenerse activas las reclamaciones y  demandas interpuestas, evitando que las pretensiones de las mismas  adquieran la condición de "acto consentido y firme".

Por su parte, la Plataforma Sindical de Empleados Públicos ha  asegurado que "se inicia un nuevo periodo" tras esta sentencia. En  rueda de prensa tras la última reunión de la Plataforma, el  representante de CC.OO., Francisco Cabezos, ha recalcado que se trata  de una sentencia que "abre las puertas a la aplicación de esta  decisión en todas las administraciones públicas", lo que supondría,  según cálculos del sindicato, un desembolso de unos 33 de millones de  euros para el Estado.

"Con esta sentencia se acaba el absolutismo del Gobierno", ha  apostillado, antes de instar al Ejecutivo a que "deje de meter en las  costillas de los trabajadores públicos sus arreglos económicos".

En la misma línea, el representante de CSI-F en la Plataforma,  Eliseo Moreno, ha indicado que los sindicatos se encuentran  "moderadamente optimistas" ante esta sentencia, por cuanto "abre  vías" para que los empleados de lo público puedan ver restituida,  sino toda, al menos una parte de su paga de Navidad.

Un punto de inflexión

Para la Plataforma de los Empleados Públicos esta decisión  judicial es el punto de inflexión que marca además un cambio de fase  en sus reclamaciones y protestas.

Así, tras una primera etapa en la que se han presentado recursos  contra la supresión de la paga extra de los funcionarios adscritos a  la Administración Central (ministerios y Agencia Estatal de la  Agencia Tributaria), los sindicatos se embarcarán ahora en una  segunda fase que afectará a su personal laboral.

Según han concretado los portavoces de la Plataforma, se  presentarán ahora nueve conflictos colectivos que afectarán a la  Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Correos, Renfe, Agencia  Tributaria, AENA, Patrimonio del Estado, Museo del Prado, Boletín  Oficial del Estado (BOE) y Aguas de las Cuencas Mediterráneas  (Acuamed).

Además, la plataforma estudia ya una tercera fase en la que se  podrían presentar recursos en todas las comunidades autónomas y en la  administración local, así como a través de "otras vías judiciales".

Sobre este punto, los representantes sindicales han explicado que  consistiría en el recurso, por parte de los sindicatos, del acto  administrativo por el que no se paga la extra a los funcionarios  públicos, en tanto que para éstos es costoso recurrir sus nóminas a  título personal tras la reforma de la Ley de tasas.

Movilizaciones en marzo

La Plataforma es consciente de que los procesos judiciales son  largos, por lo que, en paralelo, tratarán de mantener vivo el  espíritu de la protesta con nuevas movilizaciones en poco más de un  mes.

El secretario de Acción Sindical de USO, Leonardo Barreda, ha  avanzado que los sindicatos de la función pública están estudiando  desarrollar una serie de acciones de protesta a nivel provincial "a  primeros de marzo", en las que pretenden involucrar a los  funcionarios de todas las administraciones públicas.

Así, las concentraciones de los empleados públicos podrían  coincidir con la jornada de acción sindical que las centrales  sindicales preparan para ese mismo mes en coordinación con otros  países europeos,  para protestar contra la política económica del  Gobierno, como ocurrió el pasado 14 de noviembre.

Por último, Barreda ha aprovechado la ocasión para denunciar que  el personal de las Cortes sí ha cobrado la paga extra de Navidad, lo  que demuestra, a su juicio, la "total incompetencia" del Gobierno  para hacer cumplir las normas de igual forma en todas las  administraciones públicas. "Es una auténtica vergüenza", ha  asegurado.