"Queremos culpables. No hay tiempo y, lo peor, no hay ganas de aclarar los casos de niños robados"

• Se cumple el segundo aniversario de la denuncia colectiva a la Fiscalía
• Los afectados piden agilidad en la justicia tras la muerte de Sor María
• Denuncian el archivo masivo de casos y la falta de unidad en el criterio
• Justicia abrirá una Oficina de Niños Robados y creará un banco de ADN

Han pasado dos años desde la presentación de la denuncia colectiva por el robo de niños en España en la Fiscalía General del Estado. Dos años en los que, según las asociaciones de afectados, se ha conseguido "concienciación y visibilidad social, pero poco más".

"Todo el mundo ya conoce el caso de los niños robados, han salido a la luz muchas atrocidades pero falta que se investigue, que se haga justicia y que se apoye a las víctimas", ha asegurado a RTVE.es el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), Antonio Barroso, quien denuncia que de los 1.800 casos existentes cerca del 70% se han archivado.

La muerte de Sor María, la monja imputada por la desaparición de unas gemelas , ha aumentado la inquietud de los afectados. Las asociaciones exigen a los jueces "celeridad" en la apertura de juicios por la avanzada edad de las personas que participaron en estos supuestos robos de bebés.

Será una de las reivindicaciones de la manifestación convocada este domingo en Madrid, coincidiendo con el segundo aniversario de la denuncia colectiva.

"Buscamos culpables. Los médicos, enfermeras, monjas y demás personas que participaron son octogenarios. No hay tiempo y lo peor, no hay ganas de aclarar esto", ha explicado a RTVE.es Flor Díaz, la presidenta de SOS Bebés Robados, quien sospecha que robaron a su hermano mellizo en el parto en 1967.

Díaz no pierde la esperanza y piensa que va a dar resultado la orden reciente del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a todas las fiscalías territoriales de unificar criterios en todos los casos abiertos en España.

"Tenemos pruebas claras. ¿Qué más quieren?"

Eduardo Raya y Gloria Rodríguez cuentan su caso con desesperación. El 6 de julio de 1990 nació en Granada su hija, que horas después murió. O eso les dijeron. Como en otros casos de niños robados relatan que vieron "cosas raras" en el hospital pero hasta diez años después no comenzaron a investigar por su cuenta.

Fueron los primeros padres en España que consiguieron exhumar el cadáver de la que supuestamente era su hija. Sus sospechas se vieron confirmadas.

Eduardo Raya: "Me robaron a mi hija"

Dicen que poseen un total de seis pruebas de ADN que confirman que la pequeña que enterraron no es su hija pero su caso está archivado. "Tenemos pruebas claras. ¿Qué mas quieren?", se pregunta Eduardo.

Cree que los robos no eran improvisados y que se hacían "listas de candidatas" en las que las madres solteras estaban las primeras. En la documentación recabada de su caso encontró un informe médico sobre su mujer en el que, según dice, se alertaba de que no estaba sola. 'Ojo, marido' ponía en ese documento.

Uno de los motivos por los que archivaron su caso fue un informe del Instituto Nacional de Toxicología, que contradice las pruebas de ADN que ellos realizaron en laboratorios privados.

Justicia creará un banco de ADN y abrirá en febrero una oficina

El caso de Eduardo y Gloria ha hecho que las diferentes asociaciones de afectados por casos de niños robados desconfien del banco de ADN que el Ministerio de Justicia pondrá en marcha para centralizar los perfiles genéticos y que sirvan como pruebas en un proceso judicial. El Instituto Nacional de Toxicología realizará estos análisis de forma gratuita.

"Todas las iniciativas que vengan desde la administración son puestas en duda por los afectados porque no se fían", ha explicado la presidenta de SOS Bebés Robados a RTVE.es.

El presidente de ANADIR, Antonio Barroso, se queja además del retraso en la puesta en marcha tanto de este banco de ADN como de la anunciada Oficina de atención a las víctimas.

Justicia ha anunciado que la oficina, que estará situada en Madrid, se abrirá en febrero. "Puesto que los casos están repartidos por toda España no creemos que sea suficiente una sola oficina en todo el país", ha denunciado Barroso.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se reunió en octubre con las asociaciones y también anunció la creación de un censo de posibles afectados.

Lo que ya es una realidad es la guía de recomendaciones para la práctica de exhumaciones elaborada por el Ministerio de Justicia con el fin de que éstas sean lo más completas posibles para asegurar la recuperación y preservación de todos los restos.

Las asociaciones no reniegan de la ayuda que ofrece el Gobierno pero no la consideran suficiente y van más alla. Insisten en el ámbito judicial y en la necesidad de buscar culpables y llegar hasta el final.

Quieren que estos robos se consideren crímenes de lesa humanidad y lo quieren ya porque "cada día que pasa, es un día perdido", aseguran.