Hacienda afirma que la amnistía fiscal no supone regularizar conductas ilícitas

• Insiste en que la amnistía es compatible con la prevención de blanqueo
• La abogacía fiscal se ha personado en el proceso representando a Hacienda
• Recuerda que es la justicia la que decide sobre la licitud de las rentas

Hacienda: "Acogerse a la amnistía fiscal no regulariza conductas ilícitas"

El Ministerio de Hacienda insiste en que acogerse a la amnistía fiscal o Declaración Tributaria Especial (DTE) no supone “legalizar conductas ilícitas que hayan generado recursos económicos". De tal manera, "la regularización en el curso de un proceso penal, si así lo aprecia el juez, supone la confesión de haber cometido un delito contra la Hacienda Pública".

Hacienda recuerda que "la regularización es un procedimiento transparente, en el que se exige que se deje constancia del titular real de los bienes y derechos" y por tanto “tal y como el ministerio había comunicado previamente Luis Bárcenas no ha presentado la DTE (Declaración tributaria especial)"

La abogacía del Estado se ha personado en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que está colaborando “activa y permanentemente” en la investigación y persecución del delito "tanto en los procesos por delito contra la Hacienda publica, como en otros procesos judiciales no relacionados con el ámbito estrictamente tributario, en relación con cualquier persona física o jurídica".

"Advierte el ministerio que ninguna persona física que tenga iniciado un procedimiento de regularización tributaria en vía administrativa o en vía judicial con carácter previo a la presentación de la DTE evita la continuación del proceso ni la posible condena por la presentación de la citada declaración, ni personalmente ni a través de una sociedad interpuesta".

La justicia determinará la licitud

Y asegura que "tendrá que ser la autoridad judicial la que determine la licitud o no de las rentas declaradas". Para Hacienda "la regularización en el curso de un proceso penal, si así lo aprecia el juez, supone la confesión de haber cometido un delito contra la Hacienda Pública".

"Lejos de finalizar el proceso judicial -advierte- se activa la investigación, que a la vista de la documentación, determinará el origen de las rentas y acreditará si ha existido junto con el delito contra la Hacienda Pública otro delito".

Para el ministerio de Hacienda "la presentación de la DTE, al igual que ocurre con el resto de declaraciones tributarias, resulta plenamente compatible con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales […] de modo que quien haya cometido un delito de blanqueo o de malversación seguirá siendo responsable de tales delitos".