La Fiscalía se querella contra exdirectivos de Caixa Penedès por sus millonarios planes de pensiones

• Les acusa de un presunto delito societario y otro de apropiación indebida
• Tres de ellos cobraron cerca de 20 millones de euros en 2011

La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedès por haberse adjudicado, supuestamente, pensiones millonarias mediante pólizas que blindaron a partir de 2010, cuando la entidad empezó a recibir fondos del FROB para su integración en el grupo BMN, una investigación que abrió en noviembre de 2011.

En su querella, presentada ante la Audiencia Nacional, el ministerio público acusa de los delitos de apropiación indebida y delito societario continuado al expresidente de Caixa Penedès Ricard Pagès, al ex director general Manuel Troyano y a los ex directores generales adjuntos Santiago Abella y Joan Caellas.

Los cuatro exdirectivos, junto al ya fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, contrataron supuestamente pólizas de seguro por valor de 23,4 millones de euros que cobrarían en caso de abandonar sus puestos en la entidad financiera por cualquier motivo, "a espaldas de los máximos órganos colegiados de la caja", según el fiscal Emilio Sánchez Ulled.

Cobraron 17,4 millones de euros

Una vez iniciado el proceso de integración de Caixa Penedès en el Grupo BMN, los querellados cesaron voluntariamente en 2011 de sus cargos, lo que permitió a Pagès cobrar 11,6 millones de euros, mientras que Abella ha percibido ya 1,8 y Jorba 3,3 millones, detalla la querella.

Los otros dos querellados, que fueron despedidos de la entidad financiera, no han podido cobrar cantidad alguna de las pólizas, aunque tenían contratadas primas que sumaban casi ocho millones.

De hecho, el Consejo de Administración de Caixa Penedès, que junto a sus actuales socios ha recibido ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por importe de 916 millones de euros, pidió en 2011 la dimisión de Pagès y Troyano por la "falta de transparencia y desproporción de los paquetes de carácter remuneratorio y de previsión social" de los ex altos cargos.

"Desproporcionada ganancia patrimonial"

En la querella, la Fiscalía mantiene que el círculo de exdirectivos, "capitaneados" por Ricard Pagès, "diseñaron una estrategia" destinada a garantizarse "una desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo por cualquier motivo".

De esa forma, a partir del año 2001 y en ejercicios sucesivos, los querellados "se autoconcedieron derechos económicos no contemplados en sus contratos de trabajo" y lograron "mantenerlos en una conveniente penumbra mediante informaciones fragmentarias e incompletas acerca de su verdadera naturaleza y extensión".

La situación, añade la querella, "dio un vuelco" en 2009 a raíz de la crisis del sector financiero, cuando se endureció el marco normativo y de control de las entidades crediticias -concretamente en referencia a las remuneraciones de sus altos directivos-, y la entidad se embarcó en un proceso de integración con otras cajas.

"Actuaciones irregulares para blindar sus derechos"

Ante el nuevo entorno "jurídico y societario", los exdirectivos "se decidieron a realizar toda una serie de actuaciones irregulares a fin de blindar sus derechos económicos, que acabaron percibiendo en perjuicio de la entidad al abandonar sus cargos en el año 2011", insiste la querella.

Concretamente, ante la inminencia de su integración en el grupo BMN, "por si a raíz de la misma pudieran aparecer nubes en sus hasta entonces despejadas perspectivas de retiro profesional", los exdirectivos se sirvieron de informaciones "sesgadas, incompletas y fragmentarias" para lograr que la comisión ejecutiva de Caixa Penedès diera por buena la modificación de sus contratos, que "bendecían la abusiva autoconcesión de derechos económicos".

El fiscal considera que facilitó esa "abusiva modificación" de sus contratos la "carismática y omnímoda forma" en que Pagès dirigía Caixa Penedès, con lo que consiguió "blindar" formalmente los compromisos derivados de sus pensiones millonarias.

"La jugada era redonda"

En opinión del ministerio público, con su conducta los querellados prescindieron de los principios sobre límites para la retribución de directivos bancarios dispuestos en 2009 por la Comisión Europea, en su beneficio y "en perjuicio directo de Caixa Penedès e, indirecto, del FROB".

"La jugada era redonda", sostiene la Fiscalía, dado que los querellados iban a ser propuestos como miembros del Consejo de Administración del nuevo Grupo BMN, un cargo que no está retribuido y que exigía que cesaran en sus funciones de directivos, como se "apresuraron" a hacer.

El fiscal cree que a los querellados "poco o nada les importó la situación económica de la entidad, las recomendaciones europeas y los límites derivados del proceso de integración en curso", como lo demuestra a su parecer el contraste entre las pensiones que se adjudicaron y el balance de activos y pasivos de la Obra Social de la entidad, que suman poco más de 86.000 euros en dos años.