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El Tribunal de Cuentas se compromete a terminar los informes de fiscalización de partidos en 2013

  • El último informe aprobado por el Tribunal fue el correspondiente a 2007
  • Si no cumple su compromiso incrementará los medios de los equipos
  • Su presidente no apoya la inclusión de partidos políticos en la Ley de Transparencia

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El presidente del Tribunal de Cuentas se compromete a fiscalizar este año las cuentas de los partidos políticos de 2008 a 2011

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, se ha comprometido a concluir los informes de fiscalización de los partidos entre 2008 y 2011 antes de que finalice el presente año. De Miranda, al que cita Servimedia, ha reconocido que existe un importante retraso en la aprobación de los informes anuales de fiscalización de los partidos políticos.

Así, en su comparecencia en el Congreso ante la Comisión Constitucional que estudia el proyecto de Ley de Transparencia del Gobierno, ha asegurado que en caso de que el Tribunal se vea incapaz de cumplir su promesa, el actual Consejo de la Institución se compromete a incrementar los medios de los equipos de fiscalización para conseguirlo.

El último informe del Tribunal aprobado fue el correspondiente a 2007. Así, su presidente se ha comprometido a tener aprobados los pertenecientes a 2008, 2009, 2010 y 2011 este año. En concreto, en mayo, debería estar listo el correspondiente a 2008, mientras que los restantes deberían estarlo entre octubre y noviembre.

Transparencia de partidos, sindicatos y empresas

Además, De Miranda, según cita Efe, ha anunciado que el pleno del Tribunal se reunirá este miércoles para "acomodar su estructura de personal a lo establecido por el Supremo" en una reciente sentencia contra los nombramientos a dedo y en favor de más funcionarios de carrera. El pleno adoptará medidas para "cumplir estrictamente" dicha sentencia del 3 de diciembre, aunque ha defendido la "plena independencia" del órgano fiscalizador.

Álvarez de Miranda no se muestra partidario de incluir a los partidos políticos en el ámbito de aplicación de la ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, como tampoco a las organizaciones sindicales y empresariales.

En este sentido, considera que habría que "incorporar mayores criterios de transparencia en la legislación específica de cada entidad", aunque al mismo tiempo reconoce que esa decisión es de "carácter político" y que "no hay razones técnicas" que aconsejen más una opción que la otra.

Financiación de los partidos

También ha afirmado que el Tribunal de Cuentas dispone "en la actualidad de los medios necesarios para cumplir con su misión", incluida la del control de "redes ilegales de financiación de partidos" políticos.

A ese respecto ha explicado que el tribunal va a acceder a partir de ahora al conjunto de información que antes le denegaba el Banco de España "en el terreno de eventuales condonaciones de créditos de los partidos políticos y en la identificación del conjunto de cajas pagadoras que manejan los partidos a lo largo y ancho del territorio nacional".

No obstante, ha recordado que el Tribunal de Cuentas todavía no tiene "acceso a los datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social como elementos adicionales a las comprobaciones" que está llevando a cabo en él ámbito de la financiación de partidos y ha emplazado a los parlamentarios a abordar esa y otras medidas "pendientes".

El responsable del Tribunal de Cuentas hace una "valoración muy positiva" del proyecto de ley del Gobierno, pero se queja de la "insuficiente" regulación que existe del principio de transparencia y ha puesto como ejemplo las "grandes dificultades y objeciones de los entonces responsables del Ministerio de Economía y Hacienda" para facilitar información sobre la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2007 y 2008.

Extensión del recurso a cláusulas secretas en la contratación administrativa

En materia de lucha contra la corrupción, ha llamado la atención de los diputados sobre la "extensión que existe en la contratación administrativa del recurso de cláusulas secretas, especialmente detectada en administraciones territoriales", ha dicho, y ha conminado a esas administraciones y también a la del Estado a limitar su uso a lo estrictamente derivable de la Ley sobre Secretos Oficiales.

Además, ha reclamado que se "regule en detalle" la relación entre el procediiento sancionador que prevé la ley de trasparencia ante casos de falta de rendición de cuentas y la legislación del Tribunal de Cuentas.