La comisión de expertos de Educación propone fijar un mínimo de alumnos para ofrecer un título

• El comité de sabios no aclara cuál debería ser el número mínimo
• Las facultades no podrán contratar a sus propios doctores en tres años
• Proponen formar alianzas entre universidades para ofrecer grados conjuntos

Fotografía facilitada por el Ministerio de Educación de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español con el ministro José Ignacio Wert.

La comisión de expertos creada por el Ministerio de Educación para la reforma y mejora de la calidad del sistema universitario recomienda establecer un "número mínimo de alumnos" como requisito para decidir si un título se imparte en una universidad.

Así se recoge en el documento  titulado "Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español" que se ha difundido este viernes y ha sido entregado al Ministro de Educación.

Sin embargo, este comité formado por nueve sabios, que comenzó a trabajar hace 7 meses, no aclara cuál debería ser la cifra mínima de alumnos. De hecho, indica que el mínimo de alumnos debe ser "flexible" y variable en función de cada grado o estudio, y admite la posibilidad de que las comunidades autónomas introduzcan cambios en la cifra establecida para atender a criterios geográficos o de oferta académica.

También propone llegar a alianzas entre universidades para ofrecer grados conjuntos en aquellos campos donde la demandas sea insuficiente, y piden "una sensibilidad especial" con ciertos estudios, como las Humanidades.

Exceso de estudiantes en titulaciones con "poca empleabilidad"

En sus 84 páginas, el trabajo alerta sobre el exceso de estudiantes en otras titulaciones, que se ofertan en todos los centros con gran demanda, pero que "tienen muy poca empleabilidad". "Tan preocupantes" son los títulos con muy pocos estudiantes como estos últimos, que ofrecen muy escasas posibilidades de encontrar un empleo, señala el documento.

De ahí que el informe sea partidario de que la financiación de las universidades se vincule más a su producción investigadora y a la empleabilidad de sus egresados, unos datos que en tal caso deberían ser públicos.

En el modelo actual de financiación se tiene en cuenta la dimensión de las universidades, número de alumnos y de personal, y su oferta de grados, mientras que la nueva propuesta recomienda que la financiación dependiente de "la transferencia de resultados" se eleve hasta el 20 o el 25% del total.

Este trabajo apuesta, finalmente, por incrementar la inversión en becas y por desarrollar un sistema de préstamos sin intereses para asegurar que ningún estudiante queda fuera del sistema por falta de recursos.

Según el Ministerio de Educación, a partir de ahora estudiará con detenimiento estas propuestas, de cara a la elaboración de la reforma que pretende en la universidad española.

Las facultades no contratarán a sus doctores en tres años

La Comisión de Expertos para la reforma universitaria ha recomendado además que los rectores y profesores puedan elegirse entre españoles y extranjeros, y que las facultades no puedan contratar a sus propios doctores durante al menos 3 años.

El documento que se ha hecho público a través de la página web del Ministerio, se ha centrado en recomendar cambios en la selección del personal docente e investigador (PDI) de las universidades españolas, en la evaluación de la calidad de las mismas, sobre su gobierno, la financiación y sobre los estudios y títulos universitarios.

Desde la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se ha informado en una nota de que no se harán valoraciones sobre el informe hasta estudiarlo "con detenimiento".

Los expertos, que han trabajado desde el pasado mes de junio, han partido de la premisa de que la sociedad "a menudo" vive a espaldas de la Universidad, cuando debería cuidar y exigir más de su sistema universitario, y que si se desea que tenga "verdadera calidad internacional" se debe conseguir una "mayor diferenciación y especialización" de las facultades.

Para ello recomiendan que la elección del profesorado a través de dos  vías: acreditaciones públicas nacionales para profesores titulares y  catedráticos -perdiendo sus competencias la Agencia Nacional de  Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)- y contratación "directa e indefinida" de doctores españoles y extranjeros.

Para evitar la "endogamia" señalan que las universidades deben  impedir contratar a un doctor propio salvo que éste haya estado al menos  3 años vinculado a otra universidad o institución académica o  investigadora; además, se deben internacionalizar las convocatorias de  los profesores, docentes e investigadores (PDI).

Elección de rectores

Y en cuanto a los rectores, éstos deberán ser académicos, con tres sexenios y designados por el Consejo de la Universidad, ante el que responderá; "se recomienda que la elección del rector sea precedida de un anuncio internacional" y que esté abierta a académicos españoles y extranjeros.

Creen que es "una falacia" decir que para que una universidad sea excelente debe ser pública o privada, pues lo que, según ellos, tienen en común las mejores es "un rector con capacidad ejecutiva, notable autonomía financiera y de contratación" y que responde ante la sociedad en su conjunto.

Los rectores tendrán un mandato de 5 años renovables, y el Consejo de la Universidad que le escoja será un órgano en el que estén representados los intereses académicos y los de la sociedad, con no más de 25 miembros -50% elegido por el claustro de la universidad, un 25% por la CCAA y un 25% por los anteriores entre personas internas y externas de la facultad- y que no hayan tenido cargo político, empresarial o sindical.

Inversión en educación unviersitaria

El gasto medio de un universitario es de 10.000 euros por curso, recuerdan los expertos, que piden, segçun Efe, que la financiación esté basada "en resultados", se invierta el 3% del PIB en Educación, se vincule la financiación a la empleabilidad de los títulos, se establezcan normas de permanencia para los alumnos y que la financiación pública sea suficiente y estable.

Se recomienda incrementar la inversión pública en becas, especialmente en las de movilidad nacional e internacional. Se pide evitar la "multiplicidad excesiva de títulos" estableciendo a escala nacional un mínimo de alumnos para impartir un título, que se incentiven alianzas universitarias, la formación multidisciplinar y se haga pública la empleabilidad de los graduados.

Para alcanzar la excelencia y la competitividad, la evaluación de la calidad de las universidades será cada 4 años, pública y externa.

Se pretende conseguir a medio plazo 10 universidades de calidad, con las exigencias más altas para aceptar a sus alumnos; 25 ó 30 especializadas en algunas áreas; y el resto correspondería a universidades con mayor énfasis en la enseñanza.

Actualmente hay 50 universidades públicas -47 presenciales- y 31 privadas, que tienden a 1.490.000 estudiantes.