La inmobiliaria Reyal Urbis presentará el segundo mayor concurso de acreedores de la historia

• La deuda de la promotora alcanza los 3.600 millones de euros
• El Santander, Hacienda y el banco malo, sus principales acreedores
• Su cartera de activos inmobiliarios está valorada en más de 4.000 millones

Reyal Urbis anuncia que solicitará concurso voluntario de acreedores

La promotora inmobiliaria Reyal Urbis ha comunicado este martes que va a solicitar el concurso voluntario de acreedores ante el juzgado competente, después de que no haya conseguido acordar con sus acreedores la renegociación de una deuda que asciende a 3.613 millones de euros. Esta suspensión de pagos es la segunda mayor de la historia empresarial española por volumen de pasivo después de la de  Martisa Fadesa de julio de 2008 (con 7.100 millones de deuda declarada).

La empresa ya se había acogido al preconcurso de acreedores en octubre de 2012.

Reyal Urbis ha asegurado que seguirá desarrollando su actividad con  normalidad y ha manifestado  su confianza en "encontrar una solución definitiva" que les permita  superar esta situación de insolvencia. En un comunicado, la inmobiliaria ha explicado que el accionista de control de la inmobiliaria, Rafael Santamaría, seguirá  en la presidencia del grupo.

Según la nota remitida a los medios de comunicación por la promotora inmobiliaria, a pesar de "constatar la buena voluntad de todas las partes negociadoras", al final no ha sido posible llegar a un acuerdo.

"Presentamos el concurso voluntario para garantizar la continuidad de  la empresa y preservar los intereses de los clientes, proveedores,  acreedores, accionistas y empleados de la compañía", ha señalado el  presidente del grupo.

En su última reunión con los acreedores, Reyal Urbis solicitó a los bancos 30 millones de euros para hacer frente a pagos de proveedores y a los intereses de la deuda contraída con la Agencia Tributaria, según ha informado EFE, que cita a fuentes conocedoras del proceso. Ante el rechazo de los bancos a aportar capital, la inmobiliaria se ha visto abocada a iniciar los trámites del proceso concursal.

Por su parte, Santamaría justifica el fracaso de la negociación en que, "aunque Reyal Urbis cuenta con un sólido patrimonio, el creciente  deterioro del sector y la persistencia de la crisis han hecho más  difícil la consecución de un acuerdo".

El grupo  inmobiliario recuerda que, desde que empezó la crisis, "impuso una  política de reducción de sus gastos de estructura". No obstante, indica  que "sufrió una significativa reducción de los ingresos por venta de  viviendas y una caída de ingresos por arrendamientos por la fuerte  contracción del mercado inmobiliario".

Sin acuerdo para la cuarta refinanciación de su deuda

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa confirma que su consejo de administración ha acordado "llevar a cabo las actuaciones necesarias a efectos de presentar ante el juzgado competente la solicitud de concurso voluntario de acreedores, ante la inminencia del transcurso del plazo previsto" -de cuatro meses-, "sin haber alcanzado un acuerdo de refinanciación con sus acreedores".

Esta negociacion buscaba lograr la cuarta refinanciación de la deuda del grupo desde que empezó la crisis.

Tras ese comunicado, y antes del inicio de la sesión bursátil, la CNMV ha suspendido la cotización el Bolsa de la empresa inmobiliaria "por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de  las operaciones sobre los citados valores". Al cierre de la sesión del lunes, cada acción de Reyal Urbis se cotizaba a 0,124 euros.

Tal y como informó la propia empresa al supervisor, el pasado 23 de enero, la propuesta de reestructuración que había planteado a sus acreedores consistía en "un proceso de reorganización societaria (vía segregación de  activos y pasivos) a favor de una filial de Reyal Urbis, a la que se transmitirían la práctica totalidad de activos y pasivos, eliminando el recurso de los acreedores financieros a Reyal  Urbis por dichos pasivos transmitidos a la mencionada filial".

Según los planes de Reyal Urbis, a partir de ese momento, esa filial se encargaría de "gestionar la puesta en valor de dichos activos recibidos, para que los mismos puedan posteriormente enajenarse y, con el producto de dicha enajenación, se cancelen las correspondientes financiaciones asociadas".

Además, la promotora ofrecía a sus acreedores la opción "de aceptar la cancelación total de sus créditos mediante dación en pago de  los correspondientes activos transmitidos".

Santander, Hacienda y el banco malo, entre los acreedores

Entre los principales acreedores de la inmobiliara está el Banco Santander, con el que tiene un pasivo de 530 millones, al que es preciso añadir otros 300 millones que adeuda a Inveryal, una sociedad patrimonial de Rafael Santamaría, el presidente del consejo de administración de Reyal Urbis.

Además, Reyal Urbis tiene una deuda de 707 millones de euros con el llamado banco malo, la Sareb, después de que esta sociedad de gestión de activos haya asumido los préstamos al promotor de las entidades nacionalizadas y la futura asunción de los de los bancos que, sin estar aún nacionalizados, han necesitado ayudas públicas.

Además, la promotora inmobiliara adeuda 400 millones de euros a la Agencia Tributaria y, otros 215 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La inmobiliaria nació de la compra de Urbis por parte de Reyal en 2006, a través de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de unos 3.300 millones de euros, y cuenta con una plantilla de unos 420 trabajadores, de los que 137 corresponden a la inmobiliaria y otros 283 a la división hotelera. Hasta septiembre de 2012 presentaba unas pérdidas de 257,93 millones de euros, casi el doble que en el mismo período del año anterior.

En la actualidad, la firma asegura contar con un stock de 780 viviendas terminadas, pese a que no construye nuevos pisos desde hace tres años, desde su última refinanciación de deuda.

Reyal dispone, según sus datos, de "una de las mayores carteras de activos inmobiliarios" del país, valorada en unos 4.194 millones de euros, según la última tasación independientes de la compañía realizada en junio de 2012.