El PSOE recurre ante el Tribunal Constitucional la ley de tasas judiciales

• Por supeditar el acceso a la Justicia a la "tarjeta de crédito"
• Califican la ley de tasas de"atentado" al Estado de Derecho

El Grupo Parlamentario Socialista ha interpuesto ante el Tribunal  Constitucional (TC) un recurso contra la ley de tasas judiciales al  argumentar que las tarifas "abusivas, desequilibradas e injustas"  impuestas en la norma suponen "un atentado" y "una quiebra del Estado  de Derecho".

"El acceso a los tribunales depende hoy de la tarjeta de  crédito de los ciudadanos", ha sentenciado la portavoz Soraya  Rodríguez.

La portavoz Soraya Rodríguez y el diputado Antonio Camacho,  miembro de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, se  han desplazado este martes al Alto Tribunal acompañados por la  'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la  Abogacía, al Consejo de Consumidores y Usuarios y a los sindicatos  UGT, CCOO, CSIF, USO y STAJ.

"Teníamos una esperanza débil de que el Gobierno rectificara y el  pasado viernes el ministro cumpliera con ese anuncio, ciertamente un  poco vago, de que iba a modificar su propia ley y acomodarla a unas  tasas que no obstaculizaran el acceso a la tutela judicial efectiva",  ha dicho Rodríguez.

No obstante, la socialista ha lamentado que el Gobierno "una vez más"  ha mentido "en boca de su ministro de Justicia" al no llevar la  pasada semana al Consejo de Ministros la rectificación de la ley,  días antes de que cumpla el plazo para recurrir.

"No cumplió con su  palabra, no sabemos si finalmente nos dirá que cumplió con su deber",  ha ironizado la portavoz, refiriéndose a las palabras del presidente  del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

El PSOE pide agilidad al Tribunal Constitucional

Este incumplimiento unido a la petición unánime de todos los sectores  implicados es lo que ha llevado a los socialistas a recurrir una  norma que "debilita la democracia".

Por ello, ha pedido agilidad a  los magistrados del Constitucional ya que cada día que pasa los  ciudadanos ven cómo se vulnera su derecho a la igualdad y a la tutela  judicial efectiva, consagrados en la Constitución.

Dicho esto, Soraya Rodríguez ha llamado a Gallardón a hacer "una  reflexión profunda" sobre el hecho que "nadie le haya acompañado" en  "una sola de las decisiones" que ha tomado desde que está al frente  del departamento de Justicia.

"La primera y la segunda instancia  también conforman el derecho constitucional, que se ha quebrado con  una decisión equivocada, una más, del Gobierno", ha remachado.  El plazo para recurrir la Ley 10/2012, de 20 de noviembre finaliza  esta misma semana al haber transcurrido los tres meses desde su  aprobación.

Esta norma contempla incrementos de entre 50 y 750 euros  más una cuantía variable en función del objeto del litigio y extiende  por primera vez el pago a las personas físicas y al orden Social.

En su recurso, los socialistas  alegan que "generaliza una figura  recaudatorio que sólo era constitucionalmente sostenible en dosis  contenidas y ponderadas, erigiendo una barrera económica que de forma  irrazonable y desproporcionada disuade y discrimina a muchos  ciudadanos en el ejercicio de su derecho fundamental de acceso al  juez".

"Cuotas desproporcionadas" con respecto a los salarios

Las cuotas son "desproporcionadas" respecto a los niveles salariales  en España y en muchos casos superiores al valor de la reclamación,  añaden.  Desde la 'Plataforma Justicia para Todos', Francisca Sauquillo, quien  también es presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, ha  advertido de que las recomendaciones de la Defensora del Pueblo sobre  las tasas no son suficientes para dar marcha atrás a la norma.

"Sin  poder acceder a la Justicia, los demás derechos pueden quedar en un  sueño, en el vacío porque no los pueden ejercer", ha dicho.  Desde la USO, José Luis Fernández ha atribuido a un "afán  recaudatorio" la imposición de estos gravámenes al entender que no  mejorararán la Administración de Justicia, sino que solamente imponen  trabas a los ciudadanos a la hora de ejercer legítimamente sus  derechos.

"Pedimos al Gobierno que derogue la ley y sea sensible a la  demanda de los ciudadanos", ha añadido.

En los mismos términos se ha expresado el presidente del área de  Justicia del sindicato de funcionarios CSIF, Francisco Lama, al  agradecer al PSOE la presentación de este recurso. Además, ha  anunciado paros parciales para mañana desde las 11.30 hasta las 12.30  de los funcionarios de Justicia en defensar de este servicio público  y en protesta por las tasas y la "privatización" de los registros  civiles.