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Los partidos coinciden en presentar propuestas contra la corrupción y piden más transparencia

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Todos los partidos políticos han coincidido en presentar propuestas contra la corrupción política y han solicitado más transparencia en sus resoluciones derivadas del debate sobre el estado de la nación, que han presentado en el Congreso de los Diputados y que serán debatidas el próximo martes.

El PSOE quiere que la Casa Real, los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y todas las entidades y empresas que se financien al menos en un 40% a través de fondos públicos estén sujetas a lo que se establezca en la futura ley de transparencia.

Se trata de uno de los puntos de una de las propuestas de resolución que los socialistas han presentado, que también plantea reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer procedimientos preferentes y sumarios en los delitos de corrupción política.

Introducir un régimen especial en esa misma ley para la aplicación o denegación de sentencias de conformidad en los casos de corrupción, así como prohibir las donaciones de personas jurídicas o empresas a los partidos son otras de las sugerencias del grupo socialista que se debatirán en el pleno del Congreso el próximo martes.

En cuanto a la ley de transparencia, el PSOE es partidario de que se incorporen a la relación de sujetos obligados a hacer públicos sus presupuestos, cuentas y balances la Casa Real, los partidos y los gentes sociales, así como todas las organizaciones, entidades o empresas que dispongan de financiación pública equivalente al menos al 40% de sus ingresos.

Las propuestas han sido presentadas en rueda de prensa por la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, quien ha señalado que el acuerdo con el PP en materia de lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia "está difícil" mientras ese partido y su presidente, Mariano Rajoy, también jefe del Ejecutivo, no den explicaciones sobre el caso Bárcenas.

La creación de una comisión de expertos independiente para elaborar un diagnóstico sobre la corrupción y ofrecer soluciones está recogida entre las medidas aportadas por los socialistas, que abogan igualmente por la reforma del Código Penal para aumentar las penas privativas de libertad o multas en casos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o delitos urbanísticos.

Del mismo modo, quieren que se incrementen los plazos de prescripción de todos ellos.

Otras apuestas de los socialistas son reformar la ley del Tribunal de Cuentas para que tenga la obligación de fiscalizar las cuentas sometidas a su control en el ejercicio siguiente; acabar con las donaciones de empresas y personas jurídicas a los partidos; crear una oficina anticorrupción en la administración y atribuir a la Audiencia Nacional todos los casos de corrupción política.

CiU pide diálogo para celebrar la consulta

CiU ha presentado en el Congreso una propuesta de resolución del debate del estado de la nación para instar al Gobierno a "iniciar un diálogo" con la Generalitat "en aras de posibilitar la celebración de una consulta a los ciudadanos de Cataluña para decidir su futuro".

Presenta un total de 15 propuestas con atención a la lucha contra la corrupción y entre las que destaca las nuevas normas de transparencia a partidos, entidades e instituciones que se financien con dinero público, entre ellos la monarquía.

La formación nacionalista hapresentado dichas propuestas, con el objetivo de "enriquecer el marco político" y que "no inventan nada, solo miran a lo que hacen otros países con tradición democrática", han explicado en Barcelona los portavoces adjuntos de CiU en el Congreso, Pere Macias y Josep Sánchez Llibre.

IU pide la desaprobación de Rajoy

Mientras, la Izquierda Plural ha pedido la desaprobación de la gestión de Rajoy, y de todo su gabinete, por incumplir su programa electoral y situar a España "en peores condiciones" de las que se encontró al llegar al Ejecutivo.

Así consta en una de las 15 propuestas de resolución al debate sobre el estado de la nación presentadas este viernes por la Izquierda Plural y que serán debatidas por el Congreso el próximo martes.

"Somos conscientes de que la situación del país que recibió el PP al llegar al poder era nefasta. Pero las políticas desarrolladas por el gobierno del PP han deteriorado mucho más esa situación", destaca la iniciativa.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha calificado de "mesiánico" que Rajoy argumente que está cumpliendo con su "deber" como gobernante cuando se ve obligado a incumplir con su programa electoral.

No obstante, Centella ha dejado claro que la petición de desaprobación del Gobierno no es una moción de censura encubierta, ni tampoco una solicitud de reprobación en los términos que plantea el Reglamento del Congreso.

Junto a esta iniciativa, el grupo parlamentario ha presentado una batería de propuestas de resolución relacionadas con la corrupción y de materia social y económica.

Entre ellas, solicita una reforma del sistema electoral para que sea más proporcional, una verdadera separación entre Iglesia y Estado que acabe con el Concordato "preconstitucional", así como la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas.

También reclama que se prohíban los indultos para los condenados por delitos de corrupción, un endurecimiento de las incompatibilidades para antiguos cargos públicos, y que se supriman los ficheros y grabaciones de personas que han asistido a manifestaciones.

En clave territorial, apuesta por la derogación de las diputaciones o una mejora de la financiación para los ayuntamientos. La Izquierda Plural pide además derogar las tasas judiciales, la última reforma educativa y el euro por receta.

UPyD pide primarias en los partidos

UPyD ha propuesto que los partidos tengan la obligación de celebrar primarias para elegir a su cabeza de lista y que los cargos políticos estén obligados a hacer pública su renta y patrimonio, además de todos sus gastos de protocolo, como coches oficiales y tarjetas de crédito, para mejorar la transparencia.

Así consta en varias de propuestas de resolución al debate sobre el estado de la nación que UPyD ha presentado en el Congreso y a las que ha tenido acceso Efe.

La formación que lidera Rosa Díez también quiere que en un plazo máximo de seis meses se tramite un proyecto de ley que establezca un sistema general retributivo de todos los cargos políticos electos, que "sea transparente, coherente y objetivo" y que tenga en cuenta la responsabilidad que cada uno ejerza en las distintas administraciones.

Ganar en transparencia en la función pública es el objetivo que ha movido a UPyD a proponer también que se publique el perfil de cada puesto y, en el caso de los cargos de confianza y de libre designación, los requisitos de acceso, el currículo de los candidatos y la motivación de los nombramientos.

Otro de los requisitos que plantea es que se publique el uso de los coches oficiales, la utilización de las tarjetas de crédito, los gastos de protocolo, así como los fondos destinados a campañas oficiales.

Las declaraciones de la renta y patrimonio de los miembros del Gobierno y de los altos cargos también deben ser públicas junto a la de los integrantes de las Cortes Generales, principales instituciones del Estado y de cargos similares en CCAA y ayuntamientos.

UPyD exige que se regulen los 'lobbies' (grupos de presión) y que se fije el funcionamiento de un órgano de control y de sanción independiente del poder político.

El PNV pide una reducción de policías y el traspaso de prisiones

El grupo parlamentario del PNV en el Congreso ha presentado 15 propuestas de resolución del debate del estado de la nación, entre las que destaca la reducción de efectivos policiales en Euskadi y el traspaso de varias competencias, como prisiones, políticas pasivas de empleo e infraestructuras.

En un comunicado, el grupo vasco señala que otras de las iniciativas hacen referencia a su apoyo a la I+D+i, a proyectos estratégicos, como el tren de alta velocidad con la denominada "Y Vasca" o el aeropuerto de Foronda (Vitoria).

Además, exige el respeto a la foralidad en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la derogación de la Ley de Tasas, reconsiderar la reforma educativa y defender los derechos de las viudas, los jóvenes parados y los dependientes.

Pide el cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad y reducir el número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que se está "lejos" de la excepcionalidad que "desafortunadamente" se ha vivido en Euskadi y considera que este "nuevo tiempo" no requiere tanto despliegue.

Solicita también la transferencia de la competencia exclusiva en el ámbito de las estructuras penitenciarias y la ejecución de la política penitenciaria en virtud del Estatuto, cuyo incumplimiento considera "reiterado e inadmisible".

Para el PNV, en la actual situación económica es "necesario y fundamental" disponer de todos los mecanismos para poder luchar contra el desempleo y lograr una gestión más eficaz de los recursos.

Por ello, reclama la transferencia de las funciones y servicios dedicados a la gestión de las prestaciones por desempleo, incluyendo la gestión en todos sus ámbitos de los fondos procedentes de las cuotas de empresarios y trabajadores para el desempleo.

El grupo mixto y el derecho de autodeterminacción

La coalición abertzale Amaiur y Esquerra Republicana quieren que el Congreso apruebe una propuesta de resolución en el marco del Debates sobre el estado de la Nación en la que se inste al Gobierno a respetar la convocatoria de referendos de autodeterminación por parte de las comunidades autónomas que decidan impulsarlos.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado una resolución en la que concentra sus peticiones en materia social, económica y constitucional y que incluye desde la defensa del derecho de autodeterminación hasta propuestas para revertir, mediante su derogación, varias de las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy como la reforma laboral, las tasas judiciales o el copago farmacéutico.

Mientras, Coalición Canaria ha propuesto "eximir del uso obligatorio del tacógrafo a los transportistas de Canarias".

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