Los jueces podrán inhabilitar temporalmente a cargos públicos inmersos en procesos judiciales

• Los fiscales podrán dirigir la investigación pero no adoptar medidas cautelares
• Se sustituye el término "imputado" por el de "encausado"
• Así lo recoge el borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Los jueces podrán inhabilitar temporalmente y de forma provisional a los  cargos públicos  cuando estén inmersos en un proceso judicial, según  recoge la propuesta para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, elaborada por  una comisión de  expertos y presentada este lunes al ministro de Justicia,  Alberto  Ruiz-Gallardón.

Además, según recoge la misma propuesta, los fiscales sean los encargados de dirigir la investigación de los procesos judiciales, pero no podrán dictar medidas cautelares, como la prisión provisional, que quedarán reservadas al juez.

El borrador, que persigue acotar los plazos de los procesos en marcha, ha sido entregado este lunes al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, junto al texto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En la sede ministerial, Gallardón ha asegurado que ambos textos recogen  propuestas "valientes" que sentarán los "cimientos" sobre los que se va a  construir "la auténtica base normativa de la justicia del siglo XXI".

Inhabilitación de cargos públicos

La propuesta recoge tres grandes aspectos relacionados con la organización de los tribunales, el estatuto de los jueces y la regulación de la estructura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La comisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presidida por el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, propone como principal novedad la capacidad del juez de acordar la inhabilitación temporal de aquellos cargos públicos cuando estén inmersos en un proceso, para evitar la reiteración en un delito que está siendo investigado.

El proyecto entregado hoy a Gallardón, de 707 artículos, acomoda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo, y "refleja la experiencia de modelos comparados que funcionan de forma adecuada en los países comunitarios", ha explicado Marchena.

Figura del fiscal "investigador"

Otra de las principales novedades por las que apuestan los expertos es la figura del "fiscal investigador", que dispondrá de seis meses para efectuar las diligencias en su investigación aunque podrá ser prorrogado dieciocho meses más en delitos más complejos, en una medida que, para Marchena, "no persigue precipitar sino garantizar que la repuesta jurisdiccional sea acomodada a la gravedad del hecho".

Así, los fiscales serán los encargados de dirigir la investigación de los procesos judiciales pero no podrán dictar medidas cautelares que quedarán reservadas al juez, en una propuesta que acota los plazos en los procesos en marcha y que según Gallardón, no se trata de una "sustitución" de jueces por fiscales.

El ministro de Justicia ha reconocido, no obstante, que la plantilla disponible actualmente "no tiene capacidad para dar respuesta a la propuesta", ya que es "insuficiente".

Por tanto, ha agregado, las disposiciones transitorias "cobrarán una importancia estratégica", porque aunque el modelo se implementará desde el primer día, su aplicación estará condicionada a las realidades físicas y de personal con las que se pueda operar, ha dicho.

Se sustituye el término "imputado" por "encausado"

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incorpora otro cambio al sustituir el término imputado por el de "encausado" y que se aplicará al que esté incurso en una investigación penal, para evitar así la connotación peyorativa que tiene el "imputado" en la sociedad.

Asimismo, el texto "racionaliza y no reduce", según Marchena, el ejercicio de la acción popular, de cuyo ejercicio quedan excluidos los sindicatos, partidos políticos y personas jurídicas, con la única excepción de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Por su parte, el borrador de reforma del Poder Judicial recoge tres grandes aspectos relacionados con la organización de los tribunales, el estatuto de los jueces, y el gobierno de la judicatura y la regulación de la estructura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Debate de la propuesta

La propuesta de la comisión, dirigida por el magistrado del Supremo, Luis María Díez, plantea también la supresión de la categorías judiciales, la generalización de las oposiciones restringidas y la creación de los tribunales de instancia que abarcarían todos los ordenes jurisdiccionales así como la supresión de los partidos judiciales.

Tras la entrega de los borradores de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se abre un periodo de debate, ha indicado el ministro de Justicia, que se extiende a todos los sectores implicados y a la sociedad en su conjunto ya que estas reformas "proponen modificar esquemas con los que se ha convivido más de cien años".

Con todo, Gallardón ha confesado que espera que en el último trimestre del año, el Gobierno pueda tramitar el anteproyecto de reforma de ambas normativas, al tiempo que ha anunciado que "no habrá un debate parlamentario precipitado" cuando las leyes lleguen a las Cortes.