El PP saca adelante un pacto anticorrupción en el Congreso con la abstención de PSOE e IU

• Acuerdan que la ley incluya a las instituciones financiadas con "dinero público"
• No cita expresamente a la Casa Real pero casi todos reclaman su inclusión
• La vicepresidenta del Gobierno lo califica como un acuerdo "histórico"
• El PSOE se abstiene:"Cada uno tiene que  hacerse cargo de su pasado oscuro"
• Se han aprobado 16 de las 102 propuestas presentadas al debate del estado

El Congreso aprueba un pacto anticorrupción con la abstención de PSOE e IU

El Partido Popular ha sacado adelante en el Congreso de los Diputados un pacto anticorrupción por el que la futura ley de transparencia incluirá a todas las instituciones financiadas con "dinero público". El acuerdo ha sido suscrito también por Convergencia i Unión; Unión Progreso y Democracia; Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

La iniciativa se ha aprobado por 214 votos a favor, dos en contra, 120 abstenciones de los socialistas y la abstención también de Izquierda Plural en el marco de las propuestas presentadas en el debate sobre el estado de la  nación.

La iniciativa aprobada esta tarde incluye algunas de las propuestas que habían planteado distintos partidos políticos,  entre las que destaca que la futura Ley de Transparencia incluya a  todos los partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales  "y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a  través de dinero público".

Aunque no se cita expresamente a la Casa Real, casi la totalidad de los firmantes son partidarios de que los gastos de La Zarzuela estén sometidos a la Ley de Transparencia. Sin embargo, el Gobierno es reacio a esta cuestión al entender que algunos de esos gastos están protegidos por una especie de estatuto propio.

La resolución introduce, además, una "claúsula" para que las obligaciones de transparencia para los partidos políticos tengan una "entrada en vigor inmediata".

Un "pacto ético" contra la corrupción

Entre otras cuestiones, la resolución aprobada insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a remitir al Parlamento varios proyectos legislativos. Propone una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Poilíticos con "nuevas exigencias" para el control de los gerentes y tesoreros de estas formaciones.

También una Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para controlar más y mejor a los partidos; una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para impedir que los corruptos puedan recibir contratos públicos; una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas que sirva de Estatuto del Cargo Público; una reforma del Código Penal para incrementar las sanciones por corrupción; y una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar los procesos en este tipo de casos.

El pacto suscrito entre los distintos grupos parlamentarios también apuesta por elaborar un "pacto ético" entre los partidos para definir cómo actuar contra los cargos políticos que sean imputados por corrupción y una "comisión independiente" de expertos para que remitan al Parlamento medidas sobre la regeneración democrática.

El resto de los compromisos piden al Gobierno que regule el tratamiento con los lobbies, que se estudie la duración de las campañas electorales, que se endurezca la lucha contra el transfuguismo, que se impulse la Iniciativa Legislativa Popular y que se mejore el sistema de voto de los españoles residentes en el extranjero.

También incorpora, como defendía el PSOE, la creación de una  comisión independiente  formada por personas de amplio reconocimiento  y prestigio social que  elabore un informe para su remisión al  Parlamento sobre la regeneración  democrática.

Estatuto del cargo público

El Estatuto debería incluir la regulación de la publicación de  las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los  cargos públicos; la realización de auditorías de la situación  patrimonial de los altos cargos al final del mandato; el  establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos de  la Administración General del Estado; la determinación y límites de  los sistemas de protección social; la limitación de la compensación  tras el cese, y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

En cuanto a la modificación del Código Penal, otra de las reformas  legislativas que forman parte del acuerdo anticorrupción, el texto  aboga por la inclusión, entre otros, de los delitos de financiación  ilegal y enriquecimiento "injustificado" de los cargos públicos  electivos. Asimismo, se determinará el aumento de los plazos de  prescripción para esos delitos.

Respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas,  además de más instrumentos de control que permitan "optimizar la  capacidad de respuesta en tiempo adecuado" del órgano fiscalizador,  prevé el establecimiento de fórmulas de colaboración por parte de la  Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Oficina de Conflicto de  Intereses.

Asimismo, el pacto incluye la reforma de la Ley de Contratos del  Sector Público, para fortalecer el régimen de las prohibiciones de  contratación con el sector público a todas las personas físicas y  jurídicas condenadas por corrupción, y la modificación de la Ley de  Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la del Poder Judicial, para  clarificar la competencia de los Tribunales y agilizar la  investigación de los casos de corrupción.

Partidos, sindicatos y organizaciones empresariales

Además de las reformas legislativas la enmienda emplaza a buscar  acuerdos en el ámbito parlamentario para incluir en la Ley de  Transparencia a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y  "aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a  través de dinero público". También aboga por que las obligaciones de  transparencia para las formaciones políticas entren en vigor de forma  inmediata.

De la misma manera, las comisiones parlamentarias correspondientes  deberán estudiar la regulación de las organizaciones de intereses o  "lobbies", nuevas medidas contra el transfuguismo político, posibles  reformas para facilitar el "impulso y tramitación" de las iniciativas  legislativas populares, y la "inmediata" puesta en marcha de la  Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, cuya creación se  aprobó en la anterior legislatura, pero nunca se activó.

También habrá de estudiarse cómo trasladar a los diputados y  senadores las normas de transparencia que se incluyan en el futuro  Estatuto de Cargo Público y establecer un "procedimiento concreto de  publicidad de las declaraciones tributarias, de actividades y de  bienes".

Asimismo, el acuerdo sellado defiende medidas para modernizar las campañas electorales  (sondeos, tratamiento por los medios, debates e incluso duración) y  alude a una posible reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral  General para mejorar el procedimiento de votación de los ciudadanos  españoles residentes en el exterior.

Un acuerdo "histórico"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado como "histórico" el acuerdo con medidas anticorrupción aprobado  este martes por el Pleno del Congreso y ha subrayado que ahora lo que  hay que hacer es "ponerlo en marcha".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara  Baja, Sáenz de Santamaría ha aplaudido el consenso que se ha logrado  en torno a este acuerdo --firmado por el PP, CiU, UPyD, CC y  UPN--que, a su juicio, demuestra la "voluntad" de "muchos" partidos  de poner en marcha medidas "eficaces y muy tajantes" contra esta  lacra.

Durante el debate de las propuestas de resolución, la portavoz del  Grupo Socialista, Soraya Rodríguez ha reconocido el "esfuerzo" que  han hecho todos los grupos para buscar un acuerdo, especialmente el  PP que, según ha destacado "hoy sí ha buscado el consenso". "No lo  hemos conseguido, pero eso no supone que no sigamos trabajando", ha  agregado.

Eso sí, la dirigente socialista ha subrayado que "para gestionar  el presente y diseñar el futuro en la lucha contra la corrupción,  cada uno tiene que hacerse cargo de su pasado", en velada referencia  a los casos de presuntas corruptelas que salpican al PP. "No es  verdad que del pasado oscuro tengan que ocuparse los jueces, cada uno  tiene que hacerse cargo del suyo", ha rematado.

El portavoz adjunto de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y diputado de  ICV, Joan Coscubiea, ha restado credibilidad a la oferta del PP para  lograr un pacto contra la corrupción pues la equipara con que la  Camorra se presentase en el Parlamento italiano con un plan  antimafia. "Primero, que disuelvan a sus corruptos", ha añadido en  rueda de prensa en el Congreso.

El grupo parlamentario de Izquierda Plural pone en duda el  compromiso del PP para combatir la corrupción pues, según ha  remarcado su portavoz y diputado de IU, José Luis Centella, lo  primero debería ser investigar en el Parlamento casos como el del  extesorero del PP Luis Bárcenas.

Se aprueban 16 de las 102 propuestas

El Pleno del Congreso ha cerrado el Debate sobre el estado de la  Nación con la aprobación de sólo 16 de las 102 propuestas de  resolución sometidas a votación: el pacto anticorrupción que el PP ha  sellado con CiU y UPyD, CC y UPN; las otras 14 mociones presentadas  por el Grupo Popular y un texto del PNV.

En esta tercera jornada del Debate sobre el estado de la Nación el  PP ha hecho valer su mayoría absoluta y sólo ha apoyado una moción  del PNV para garantizar que la futura reforma de la Administración  Local garantizará "la singularidad foral del entramado institucional  vasco".

Por contra, ha tumbado todas las propuestas de la oposición, salvo  sendas enmiendas del PSOE y de CiU que ha aceptado a sus propios  textos sobre la Unión Europea y la Política Agraria.