La Defensora del Pueblo pide garantizar el acceso a la sanidad a los inmigrantes 'sin papeles'

• Las quejas al Defensor del Pueblo aumentan un 36% por la crisis y los recortes
• El acceso a la sanidad acapara la mayor parte de las reclamaciones
• La Defensora advierte sobre el comportamiento de bancos con las 'preferentes'
• Este miércoles se ha presentado la memoria anual de la institución

Las quejas de los ciudadanos aumentan más de un 30% en 2012

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reclamado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que adopte medidas complementarias que garanticen el "acceso efectivo" a la protección de la salud para los inmigrantes 'sin papeles' con enfermedades graves, que requieren un tratamiento adecuado.

Así lo indica el informe de la institución correspondiente a 2012 que se ha presentado este miércoles en el Congreso y que refleja que en contra de la tendencia de los últimos años las quejas de los ciudadanos han vuelto a concentrarse en aspectos cuantitativos, especialmente relacionados con el acceso a las prestaciones sanitarias en un contexto de crisis y recortes.

En concreto, las quejas que han llegado a esta institución se han disparado un 36 por ciento en un año hasta alcanzar las 33.478 reclamaciones, según recoge el Informe Anual 2012.

“Los inmigrantes con enfermedades graves están en situación de máxima vulnerabilidad“

El número de reclamaciones recibidas por el Defensor fueron 33.478 (19.142 individuales y 14.335 agrupadas), 21.420 en el año 2011, y la institución realizó 371 investigaciones de oficio, 506 en el año anterior.

En la introducción del informe, Becerril ha recordado el comportamiento "absolutamente censurable" de algunas cajas de ahorros con sus clientes por la venta de 'preferentes' sin informarles del riesgo de estas inversiones, lo que ha dado lugar a "decenas de miles" de afectados que no han podido retirar sus depósitos.

Asimismo, recuerda la situación de las familias que por impago de sus hipotecas se han visto "lanzadas" de sus viviendas, lo que ha producido una "enorme convulsión" en la sociedad.

Quejas por el copago de medicamentos

Entre las cuestiones que más atención han recibido, destaca el estudio de la constitucionalidad del real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece el copago en función de la renta, e incluye por primera vez a los pensionistas, y la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

El informe destaca también la queja presentada por una federación de empresas de tecnología sanitaria, que cifraba en 5.200 millones de euros las deudas pendientes de pago por parte de las administraciones sanitarias.

El cambio legal introducido por el citado real decreto "adquiere una dimensión en los supuestos de mayor vulnerabilidad", como es el caso de los inmigrantes irregulares con procesos graves.

Por ello, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido que se dicten "las instrucciones precisas para la adecuada atención" de estas personas.

El informe recoge también un elevado número de quejas sobre los mecanismos establecidos en las comunidades autónomas para la devolución a los pensionistas de las aportaciones que realizan al adquirir medicamentos cuando excedan el tope mensual establecido (8 o 18 euros, según el nivel de renta).

La institución ha pedido que los pensionistas con tratamientos de larga duración queden exentos del copago una vez satisfecho ese tope máximo mensual.

Retraso en la valoración de grado a dependientes

La institución del Defensor del Pueblo considera que las quejas admitidas sobre los retrasos en la valoración de las personas dependientes, así como en la determinación de las prestaciones "acreditan situaciones de demora objetivas".

La memoria destaca que hasta la reforma de la ley de la dependencia, aprobada por el Gobierno el pasado 13 de julio, se habían recibido 118 quejas individuales y se encontraban en trámite otras 121 de años anteriores, mientras que 402 ciudadanos pidieron a la Defensora que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.

Becerril recuerda en el informe que en las 118 quejas se planteaban problemas de demoras en la valoración y reconocimiento del grado de dependencia, así como en la determinación y asignación de las prestaciones o servicios a través del correspondiente programa individual de atención.

La institución destaca que dichas quejas son admitidas a trámite en un alto porcentaje, pues acreditan situaciones de "demora objetiva", y la tramitación requiere con frecuencia ampliaciones de investigación, por la "imprecisión" del informe que la Administración remite a esta Institución o no resolverse efectivamente el problema planteado.

La institución no recurrió la Ley de Tasas ante el TC

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no recurrió ante el  Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Tasas Judiciales, pese las  "más de 2.700 peticiones" que solicitaron la interposición de un  recurso de inconstitucionalidad contra la norma del ministro de  Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

En el informe anual, Becerril manifiesta que "este año ha de destacarse la  amplia contestación ciudadana" a la Ley de Tasas y reconoce que en el  momento en que se redactó el texto "eran más de 3.800 los escritos  recibidos en el Defensor del Pueblo en contra" de dicha norma  legislativa. "Más de 2.700 eran peticiones de recurso de  inconstitucionalidad", añade.

"La misión esencial de la Institución es la defensa de los  derechos fundamentales; en este caso, la protección del derecho a la  tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos será el objetivo que  determinará la intervención de la Institución, tanto en lo que se  refiere a la posición con respecto a la posible interposición de  recurso de inconstitucionalidad como con respecto a los contenidos de  la ley", explica la Defensora del Pueblo en su informe anual.

Asimismo, la Defensora ha planteado en el Parlamento que se realicen las reformas necesarias para "restaurar la confianza en las instituciones" y ha apelado a los partidos a recuperar el "esfuerzo" que se hizo durante la transición democrática

"Desatención masiva " de la protección de menores en las televisiones

Soledad Becerril también ha advertido de que  existe un "problema de masiva desatención" de la protección de los  menores en la televisión, "tanto por parte de cadenas públicas como  privadas".

"Un año más" su departamento ha  comprobado que "continúa produciéndose, de forma reiterada, el  incumplimiento de las normas reguladoras de la programación y de la  publicidad audiovisual, tanto por parte de cadenas públicas como  privadas, y no se respetan los límites impuestos para la protección  de la juventud y de la infancia", h asegurado en las Cortes.

Para la Defensora del Pueblo, la solución a este problema  "únicamente puede venir de la mano del establecimiento, largamente  reclamado" por su oficina, de un órgano de protección de los  usuarios, con capacidad de supervisión de los contenidos y potestades  sancionatorias.

"Este es un ámbito en el que es preciso cubrir el  déficit regulatorio que España tiene respecto de sus socios  europeos", ha apuntado.

Además, en el aspecto educativo la Defensora del Pueblo ha mostrado su preocupación sobre el retraso en la sustitución del profesorado de baja, una práctica, según afirma, que ha sido usual en determinadas CCAA durante el año pasado y que puede ocasionar que los alumnos no reciban una atención educativa adecuada.