Berlusconi testifica en el juicio de Mediaset y se declara ajeno a los hechos

• Lamenta que le condenen "en lugar de darme una medalla"
• La Fiscalía pide la confirmación de la condena de 4 años de cárcel
• La sentencia tiene que pasar aún por el Supremo

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha comparecido este viernes ante el Tribunal de Milán en el juicio de apelación por el caso Mediaset, en el que está acusado de fraude fiscal, y se ha declarado "totalmente ajeno" a los hechos que se le imputan.

"En el período 2002/2003 en el que se me atribuyen los hechos yo era presidente del Gobierno italiano y no me ocupaba de derechos televisivos", ha declarado el político conservador ante los jueces.

Berlusconi ha prestado declaración de forma voluntaria, según explican los medios de comunicación italianos, antes de que la acusación formulara su solicitud de pena.

La Fiscalía ha pedido la confirmación de la condena emitida en primera instancia a Il Cavaliere en este proceso, que era de cuatro años de cárcel y entre 3 y 5 años de prohibición del desempeño de cargos públicos.

"Medalla de oro del Estado"

Berlusconi ha manifestado estar "asombrado" por esa condena y ha señalado que la sentencia "fue una gran error". "En lugar de recibir una medalla de oro del Estado por haber dado trabajo a 56.000 personas he sido condenado a cuatro años de cárcel y a la interdicción de cargos públicos", lamenta Berlusconi.

Pese a la condena en primera instancia, el político conservador podrá beneficiarse de la ley sobre indultos 241 de 2006, por la que se le condonarán tres de los cuatro años de prisión, mientras la pena de inhabilitación para cargos no empezará a contar hasta que la sentencia sea firme, tras un eventual paso por el Tribunal Supremo.

El caso Mediaset se refiere a la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte del grupo audiovisual, propiedad de Berlusconi, entre 1994 y 1999, bajo la sospecha de un aumento artificial del precio real de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.

El juicio, que se inició en 2006 y que sufrió numerosas interrupciones, se reanudó en febrero de 2011 tras varios meses suspendido por la llamada ley del "legítimo impedimento", escudo judicial del que se sirvió Berlusconi cuando ocupaba la jefatura del Gobierno y que quedó parcialmente invalidado.