Más de 5.600 millones de euros en preferentes siguen en manos de pequeños ahorradores
- El Gobierno admite que es una "cantidad muy elevada para un producto así"
- Ha cuantificado el importe en una respuesta parlamentaria a UPyD
El Gobierno reconoce que aún quedan más de 5.600 millones de euros en títulos de participaciones preferentes en manos de pequeños ahorradores e inversores minoritarios, una cantidad "muy elevada para un producto de estas características".
Así lo señala en una respuesta escrita a UPyD fechada el pasado 18 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que el Ejecutivo explica que pese a que las preferentes son un producto "complejo" su comercialización "se generalizó entre inversores".
"Hoy, el saldo vivo de preferentes en manos de este tipo de inversores asciende a unos 5.620 millones de euros (según la Comisión Nacional del Mercado de Valores a partir de datos de la gestora de valores Iberclear), muy elevado para un producto de estas características. También el número de preferentistas es muy elevado", añade el Gobierno.
Además, apunta que los titulares de estos títulos sólo tienen dos opciones para recuperar el principal de su inversión: o venderlo en los mercados o aceptar canjes por otros instrumentos de capital.
En este contexto, las entidades que no han recibido ayudas públicas pueden asumir una parte de la pérdida del valor del producto, pero las entidades nacionalizadas o que recurrieron parcialmente al rescate bancario deben cumplir las normativa de competencia de la UE y vincular su participación a su valor de mercado, que no llega al cien por cien.
El ministro de Economía, Luis de Guindos ha explicado que "toca buscar soluciones, que no son sencillas, pero a través de los procesos de arbitraje y del canje en las próximas semanas en las entidades nacionalizadas, habrá un alivio para estos tenedores de preferentes", ha añadido tajante que este producto "nunca se tenía que haber vendido a un ahorrador tradicional".
Arbitraje por "mala praxis"
El Gobierno, "consciente de la posible mala comercialización", pretende articular un procedimiento de arbitraje para los suscriptores de preferentes de Bankia, siguiendo "criterios de selección y procedimientos similares", a los que ya se han aplicado en Novagalicia Banco y Catalunya Banc.
Previamente, "una asesor privado filtrará los supuestos que evidencian una mala praxis en la comercialización". En el caso de Bankia, por ejemplo, ya se ha contratado este servicio con la consultora KPMG por sus aplicaciones informáticas, así como por ser la propuesta "más económica para el banco". Además una comisión de seguimiento deberá definir los criterios para discernir entre casos de estafa y comercializaciones correctas.
El arbitraje "no sustituye" a la obligación impuesta en el rescate financiero sobre el "reparto de cargas", que exige que los actores públicos y los acreedores privados de las entidades que reciban asistencia financiera (accionistas, titulares de preferentes y tenedores de deuda subordinada) asuman proporcionalmente el coste del rescate.
Por otra parte, representantes de varias plataformas de afectados por las preferentes de Bankia y de las asociaciones Adicae y Facua se han reunido este lunes con la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sahuquillo, para trasladarle sus demandas y recabar su apoyo. Los perjudicados quieren que quienes acudan al arbitraje no vean cerrada la puerta para posibles reclamaciones ante instancias judiciales en caso de que no pudieran beneficiarse.
CiU pide deshacer los canjes
Convergència i Unió (CiU) ha registrado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que permita que las personas que ya han canjeado sus participaciones preferentes u otros instrumentos híbridos por acciones puedan acogerse al arbitraje para recuperar su inversión inicial.
Así, se ha creado una situación en la que algunos titulares que aceptaron el canje ahora ven "claramente limitado" su "margen de maniobra para recuperar sus ahorros" pese a encontrarse en situaciones similares a los de otras personas que sí optan, a través del arbitraje, a recuperar la totalidad de su dinero.
"Es de justicia compensar a los pequeños ahorradores por los abusos cometidos por la entidad en la comercialización de sus propias acciones", consideran los nacionalistas catalanes. De esta manera, defiende CiU, se "reforzará la posición de estos inversores no cualificados, ajenos a los vaivenes de los mercados de capitales y a la complejidad de los productos comercializados por las entidades bancarias y financieras".
Los socialistas, que interpelarán el miércoles al ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre esta cuestión, también reclaman que se abra la opción de acogerse al arbitraje para quienes ya han optado por el canje.
El PSOE pide que se constituya de una vez la comisión de seguimiento -en la que estarán representadas la CNMV, el Banco de España, las autoridades de consumo y organizaciones de consumidores- para que pueda fijar los criterios que distinguirán a los inversores estafados de los que conocían sus riesgos, para poner en marcha los procedimientos de arbitraje.