La Defensora del Pueblo pide que se ocupen más de 10.000 viviendas públicas vacías

• Se ha elaborado un informe sobre la situación de las viviendas públicas
• Becerril ha sugerido que se haga "con alquileres o costes moderados"
• La Defensora ha lamentado la dificultad para recabar estos datos

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha constatado que al menos 10.000 viviendas públicas están vacías y disponibles para ser ocupadas, por lo que ha propuesto que sean utilizadas por familias desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres.

La institución ha elaborado un informe sobre la situación de las viviendas públicas, realizado con datos e informaciones proporcionados por las consejerías y organismos de Vivienda de todas las Comunidades y de Ceuta y Melilla, cuyas conclusiones ha avanzado en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

"Muchas de las personas que necesitan una vivienda con urgencia podrían beneficiarse de las miles de viviendas públicas que actualmente se encuentran vacías y disponibles", ha dicho Becerril, quien ha sugerido que se haga "con alquileres o costes moderados".

El estudio de la institución calcula que, solo contando las que gestionan las comunidades autónomas -es decir más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública-, aproximadamente 13.500 están vacías,  y de éstas 9.752 pueden considerarse disponibles.

Además, el Defensor del Pueblo ha pedido información a diez ayuntamientos de capitales con una población superior a 350.000 habitantes, que gestionarían -según las respuestas remitidas- 24.055 viviendas protegidas, de las cuales estarían vacías y disponibles por lo menos 427.

Dificultad a la hora de racabar datos

La defensora ha lamentado la dificultad de las administraciones para recabar esos datos y ha propuesto la creación o la mejora de registros con criterios similares en todas ellas que hagan posible evaluaciones de ámbito nacional.

Además, propone aumentar la colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas; implantar una inspección más eficiente; perfeccionar los procedimientos de adjudicación de viviendas; y favorecer el alquiler de las viviendas públicas frente a la venta.

Durante la comparecencia en el Parlamento para dar cuenta de las actuaciones del Defensor durante 2012, Becerril ha defendido la eficacia de la mediación en algunos asuntos, frente a la interposición de recursos de inconstitucionalidad.

"Es más eficaz dirigirse a la institución y pedir que rectifique el error; se resuelven en un tiempo muy prudente" muchas de las quejas, ha dicho.

“Es más eficaz dirigirse a la institución“

En este sentido, ha recordado las recomendaciones formuladas al Ministerio de Justicia respecto a la Ley de Tasas Judiciales, "que se han traducido en un ahorro sustancial para los ciudadanos".

"No hemos sido tibios, con la Justicia, sino un poco intransigentes y no hay que esperar cinco años", ha puntualizado a los parlamentarios.

Las prioridades de la defensora

En un año marcado por la crisis económica y los recortes, Soledad Becerril ha destacado como asuntos prioritarios el seguimiento de las urgencias hospitalarias y los afectados por las participaciones preferentes.

"Las preferentes son productos financieros altamente censurables, porque a pesar de su complejidad no se ha informado suficientemente a los ahorradores".

La Defensora ha recordado que en 2012 se recibieron 280.592 escritos: 33.478 quejas, 371 investigaciones de oficio y 246.743 solicitudes de interposición de recurso frente a 29 normas.

Además, se formularon 548 recomendaciones y sugerencias a la Administración. Ha insistido en que "la transparencia y la austeridad son principios que deben regir en todos los organismos públicos" y, para dar ejemplo, ha anunciado que la web de su institución dará cuenta de todos los gastos y datos del Defensor.

"Vamos a poner todo, los gastos, los suministros, el material informático, los bienes; todo va a aparecer en la web porque es lo razonable y exigible a las administraciones públicas en este momento", ha concluido.