Interior concluye que no se puede aclarar quién elaboró el borrador sobre Artur Mas y los Pujol
- El ministro lee ante el Congreso las conclusiones de la investigación interna
- El documento apuntaba a que Artur Mas y lo Pujol tenían cuentas en Suiza
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este martes en el Congreso que no se ha podido aclarar quién elaboró y filtró el borrador del informe atribuido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre las supuestas cuentas en Suiza del presidente catalán, Artur Mas, y la familia Pujol.
Fernández Díaz ha asegurado que este documento, publicado por El Mundo, "no se corresponde de manera exacta o literal con ningún documento oficial elaborado en el seno de la investigación sobre el caso Palau por parte de la UDEF central", informa Europa Press.
Tras relatar los pasos dados por su departamento una vez que se conoció la publicación de este documento el pasado noviembre, el titular de Interior ha dado a conocer las conclusiones remitidas hace tres días por Asuntos Internos.
La primera de ellas es que el informe "no se corresponde con ningún documento oficial" de la UDEF, si bien dicho documento "vertebra" parte de las investigaciones policiales en curso y algunas de ellas judicializadas en el denominado caso Palau.
En este sentido, Fernández Díaz ha señalado que el supuesto informe contiene datos derivados de otros informes policiales elaborados por la citada unidad, lo que explicarían "parcialmente" el documento publicado, ya que algunos de los datos contenidos en el mismo están recogidos en otros sumarios y escritos, informa Efe.
Asuntos Internos también concluye que, aunque la apariencia del documento procede de la UDEF y que una parte de su contenido procede de diversas fuentes con acceso a esa información "no es posible determinar cualquier responsabilidad" de estos en su elaboración ni en su difusión.
Fernández Díaz ha aprovechado para censurar las filtraciones a la prensa de documentos policiales y, en esta línea, ha asegurado que fue el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Sánchez Fornet, quien en rueda de prensa entregó a los periodistas este documento.
"A día de hoy se ha negado a revelar la fuente de quién le dio el informe", ha denunciado el titular de Interior, quien ha recordado que sobre el secretario general del SUP se ha abierto un expediente pendiente de resolución definitiva.
171 investigaciones abiertas por corrupción
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) tienen abiertas 171 investigaciones por delitos de corrupción y el 66% de ellas se iniciaron con el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como ha puesto de manifiesto el ministro del Interior.
Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, el ministro ha desglosado estas investigaciones por años y cuerpos, y ha recordado que la corrupción no está tipificada en el Código Penal, por lo que las investigaciones se refieren a delitos vinculados, como cohecho, malversación, prevaricación o tráfico de influencias.
El Cuerpo Nacional de Policía mantiene abiertas, según Fernández Díaz, un total de 59 investigaciones, de las que un 61% se abrieron en 2012 y lo que va de 2013. La Guardia Civil, por su parte, tiene abiertas 122, de las que el 66% comenzaron también con el Gobierno del PP.
"Cautelas" a las inviestagaciones de detectivos privados
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este martes que ya está en tramitación una nueva ley de seguridad privada que, entre otras cosas, impondrá determinadas "cautelas" a las investigaciones de los detectives privados, que deberán estar siempre a disposición de la fuerzas de seguridad.
Así lo ha manifestado el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para abordar distintos asuntos de su departamento y en la que ha anunciado esa nueva ley para actualizar la vigente normativa, que data de 1992.
Durante dos décadas, la ley ha sufrido múltiples modificaciones y, además, el sector ha experimentado un extraordinario auge debido, entre otras cosas, a la innovación tecnológica, por lo que Fernández Díaz cree necesaria una nueva regulación que ordene la normativa dispersa en este momento y se adecúe a los tiempos actuales.
Tras dejar claro que no se trata "en absoluto" de privatizar la seguridad pública, el ministro ha dicho que la nueva ley está ya en muy avanzado estado de elaboración y que, entre otras cosas, regulará el desarrollo de la actividades de investigación llevadas a cabo por despachos de detectives.
Estas investigaciones, ha puntualizado, estarán sujetas a determinadas "cautelas", como la obligación de "velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado".
Además, los detectives deberán realizar un informe de investigación por cada encargo, que también deberá estar a disposición de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial.