El PP se opone a que el Tribunal de Cuentas fiscalice a los familiares de los políticos

• Fiscalizaría los bienes e ingresos de los familiares de los dirigentes políticos
• "Afecta a los derechos fundamentales y no se puede hacer", dice Alfonso Alonso
• El PSOE sí apoya la medida porque "ayudará a la transparencia" de los partidos
• El Tribunal de Cuentas asegura que se le "ha malinterpretado"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha anunciado este martes que su partido ha pedido al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, que elimine la posibilidad de fiscalizar los bienes e ingresos de los familiares de los dirigentes políticos, ya que considera que "excede" las competencias del tribunal que "afecta a los derechos fundamentales" y que "no lo puede hacer".

La posibilidad de fiscalizar los bienes e ingresos de los familiares está recogida en el Plan de Contabilidad que se exigirá a las formaciones políticas a partir de enero de 2014.

En este Plan, el Tribunal de Cuentas considera que los máximos dirigentes de los partidos y sus familiares próximos son "partes vinculadas a la formación política" y que deben rendir cuentas anuales en la memoria de la cuenta consolidada de los partidos.

"Si tiene que rectificar algo que lo rectifique"

El borrador del proyecto se presentó ante las Cortes a finales del pasado año sin que en ese momento ninguno de los grupos pusiera objeciones ni ha sido mencionado en las resoluciones que los grupos han presentado y que se debaten este martes en la Comisión Mixta Congreso-Senado.

No obstante, al salir de la reunión de la Junta de Portavoces en la Cámara Baja, Alfonso Alonso ha indicado ante un grupo de periodistas que el Tribunal de Cuentas debe "aclarar" esta idea. "Si tiene que rectificar algo, que lo rectifique", sentenció el político 'popular'.

"No podemos exceder la competencia fiscalizadora del Tribunal de Cuentas ni afectar a derechos fundamentales que deben estar protegidos por las leyes y la Constitución y necesitan garantía judicial", ha agregado Alonso y recoge Europa Press.

Una opinión que comparte el PNV que ha tildado de "auténtica barbaridad" la medida.

El portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que supone "una invasión a la intimidad de las personas" aunque ha reconocido que está de acuerdo en que se investigue a todos aquellos familiares de representantes públicos cuando haya "alguna sospecha" sobre sus actividades y la conexión que pudieran tener con el político en cuestión, pero rechaza una investigación universal de oficio.

El PSOE, a favor de la medida

Por su parte, el PSOE sí se ha mostrado a favor de la medida y ha acusado al PP de "poner obstáculos a la transparencia" con su negativa.

La portavoz de los socialistas en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha dado la réplica a su homólogo del PP y ha defendido que la "fiscalidad, la dación de cuentas y la transparencia" de los partidos debe ser "plena", sin perjuicio de que haya que "garantizar indudablemente los derechos de las personas que ejercen la función pública, sean o no familiares".

Rodríguez ha apostado por "facilitar todos los mecanismos de verificación y fiscalización del patrimonio de aquellas personas que se dedican a la función pública, y no obstaculizarla", y por "poner en marcha todos los mecanismos que faciliten la transparencia".

Para UPyD, el proyecto servirá para reforzar la transparencia de los partidos y servirá para luchar contra la corrupción aunque el portavoz de la formación magenta en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, ha cuestionado la independencia del Tribunal de Cuentas para llevarla a cabo.

El Tribunal de Cuentas dice que se "ha malinterprestado"

Asimismo, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha asegurado que el Plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas "en ningún modo implica atribuir" al tribunal competencias fiscalizadoras sobre los familiares de los dirigentes políticos.

Álvarez de Miranda ha salido así al paso en el Senado de las informaciones que a su juicio "han malinterpretado" el proyecto, que se estudiaba en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal Cuentas, al afirmar que plantea fiscalizar a los familiares "próximos de los miembros de los órganos máximos de dirección" de los partidos.

En su comparecencia ante la comisión, Álvarez de Miranda ha aclarado que el plan lo que hace es definir los sujetos y entidades que tienen la consideración de "partes vinculadas" con las formaciones políticas, a las que resulta de aplicación el plan.

Así, se menciona entre dichos sujetos expresamente a los miembros de los órganos de dirección de los partidos y se incluye a sus familiares próximos, pero como una mención más entre las de "aquellos que podrían ejercer influencia, o ser influidos por esa persona, en sus decisiones relacionadas con la formación política".

“Entre aquellos que podrían ejercer influencia“

Según el presidente del Tribunal de Cuentas, dicha definición de las "partes vinculadas" se realiza de forma similar a la del Plan General de Contabilidad de 2007, que, como en el proyecto que ahora se debate, también incluye entre los aspectos a indicar en la memoria de los partidos información específica sobre operaciones con partes vinculadas.

Ha explicado que el que los partidos deban informar sobre sus operaciones con partes vinculadas, es decir que puedan influirles, ya sean empresas, familiares u otro tipo de personas, "en ningún modo implica atribuir al Tribunal de Cuentas competencias fiscalizadoras sobre los familiares de los miembros de los órganos de dirección".

Decide el pleno del Tribunal

Por el contrario, Álvarez de Miranda ha insistido en que se trata de la información que deben aportar los partidos y que la "atribución de tales competencias fiscalizadoras" solo corresponde efectuarse en el marco de la legislación aplicable al tribunal.

En todo caso, ha recordado que la aprobación definitiva del proyecto del Plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas, corresponde al pleno del Tribunal de Cuentas, una vez que la Comisión Mixta Congreso-Senado apruebe sus propuestas y resoluciones correspondientes.

Con esta explicación, Álvarez de Miranda ha respondido a algunos de los portavoces que hoy han intervenido en la comisión, entre ellos el del PP, el diputado Eloy Suárez, que le ha recordado que el Tribunal de Cuentas no tiene encomendada la fiscalización de particulares.