Rajoy dice que "lógicamente" el Gobierno cumplirá la sentencia sobre los desahucios

• El PP: no habrá desahucio hasta que el juez decida si hay cláusulas abusivas
• El PSOE exige al Gobierno un decreto ley para parar ya todos los desahucios
• IU ve en la sentencia europea un triunfo de la presión social

Rajoy dice que el Gobierno cumplirá la sentencia de la UE sobre los desahucios

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este jueves que "lógicamente" se cumplirá la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que considera abusiva la ley española de desahucios y ha explicado que los servicios jurídicos están estudiando el fallo para solventar los "problemas de procedimiento" que plantea la norma española.

"Lo están estudiando (los servicios jurídicos) y nosotros, lógicamente, pues cumpliremos con lo que nos dicen las sentencias", ha declarado Rajoy a la prensa en Bruselas, tras señalar que no había tenido aún tiempo de examinar en detalle la sentencia. "No quiero hablar de las cosas sin tener absoluto conocimiento de causa y no lo tengo ahora", se ha excusado.

"Me dicen que hay algunos problemas de procedimiento que intentaremos subsanar, es una ley que data ya de hace muchos años", ha indicado el presidente del Gobierno, para después explicar que el Gobierno aprovechará la tramitación en marcha de un real decreto de ley en el Congreso para "mejorar esta situación". "Procuraremos adecuarnos a lo que allí se nos pide",  ha concluido.

No habrá desahucio hasta que el juez decida

El PP cambiará la legislación hipotecaria para aplicar la sentencia europea sobre desahucios y evitar que una persona que haya denunciado cláusulas abusivas en su préstamo pierda su vivienda antes de que la justicia se haya pronunciado al respecto.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha explicado que ésta es la corrección principal a la que obliga la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que declara las medidas que regulan en España los procesos de desahucio contrarias a la legislación europea de protección de los consumidores.

Alonso, que ha confirmado que se ampliará el plazo de enmiendas de la ley que se tramita en el Congreso para introducir los cambios necesarios, ha advertido de que el fallo europeo no cuestiona el sistema de ejecución hipotecaria español en su conjunto, sino que insta a mejorar la legislación en algunos aspectos como el mencionado anteriormente.

En estos momentos tanto el PP como el Gobierno están analizando al detalle los argumentos de la sentencia para decidir de qué manera se mejora la legislación española, según ha apuntado el portavoz popular, que también ha explicado que los cambios afectarán fundamentalmente a la ley de enjuiciamiento civil. Alonso ha subrayado que su grupo parlamentario ya tiene en sus enmiendas varias de las cuestiones que apunta la sentencia.

Las enmiendas de los populares, así, tocarán aspectos relativos a la limitación de los intereses de demora, la ampliación del número de impagos para poder instar a la ejecución de la sentencia, la independencia de la tasación o el valor de la vivienda cuando se la queda el banco.

Lo que hay que corregir son los casos en los que ya se haya producido el lanzamiento de una vivienda y haya una sentencia posterior al desahucio que declare abusivas las cláusulas de ese préstamo. Para evitar que esto ocurra y "dar garantía" de que esa persona no pierde su vivienda, se cambiará la ley, ha apuntado el portavoz, quien por otra parte ha advertido de que los cambios previstos no estará la dación en pago retroactiva que piden la plataforma de afectados por desahucios y buena parte de la oposición.

Gallardón garantiza que modificará la ley

Horas antes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, garantizaba que el Gobierno modificará la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que falla que la norma no protege a los consumidores.

Gallardón garantiza que se cambiará la ley de desahucios para adaptarla a la UE

Gallardón ha precisado que no conoce los términos exactos de la sentencia, que ha declarado que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores, pero ha dicho que "naturalmente" que se incorporará a la legislación española.

"Nosotros asumimos el compromiso de que todos los aspectos que haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", ha afirmado Ruiz-Gallardón, quien ha asegurado que el ministerio lo estudiará "en profundidad".

La incorporación de la doctrina europea puede hacerse a través de enmiendas a la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, ha recordado el ministro.

Precisamente el plazo de presentación de enmiendas a este proyecto, fruto de una iniciativa legislativa popular que se tramita por el procedimiento de urgencia, se amplió hasta mañana a la espera de conocer la sentencia de este tribunal. Fuentes parlamentarias no descartan que el plazo vuelva a ampliarse para que haya tiempo de incluir los cambios que sean necesarios para su adaptación a la normativa europea.

En este sentido, Gallardón ha señalado que en la tramitación de este proyecto se podrán incluir "aquellas modificaciones que sean consecuencia necesaria de la sentencia del tribunal europeo".

No ha querido pronunciarse sobre si la sentencia tendrá algún efecto en la práctica y con carácter inmediato en las resoluciones judiciales sobre desahucios, a la espera de conocer sus términos exactos, aunque sí ha insistido en dejar claro que la legislación se modificará para incorporar los criterios que haya establecido.

Los partidos políticos celebran la sentencia

Los partidos polícticos han coincidido en celebrar la sentencia. El PSOE ha pedido al Gobierno que apruebe un decreto ley que sirva para paralizar todos los desahucios que estén en marcha debido a cláusulas abusivas de las entidades financieras hasta que se elabore una nueva norma que adapte y corrija los aspectos que el Tribunal de Justicia de la UE considera que no protegen suficientemente a los ciudadanos.

Según han explicado la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, la sentencia del tribunal europeo "da la razón" a su partido en su denuncia de las cláusulas abusivas, por lo que han dicho que esperan que "no se siga perdiendo el tiempo" a la hora de hacer frente al drama de los desahucios.

Para Izquierda Unida, la sentencia europea es una "victoria" de los movimientos sociales y ahora "la pelota está totalmente en el tejado del Gobierno", ha dicho el diputado Alberto Garzón, mientras que el portavoz de ICV,  Joan Coscubiela, ha considerado que la sentencia ha "desautorizado brutalmente" al Gobierno y al PP.

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha resaltado que la sentencia obligará a una reforma de la legislación española, que a CiU le gustaría que también modificase la ley concursal, para que la "persona física pueda beneficiarse de los mismos requisitos que comporta un concurso de acreedores para una sociedad jurídica, es decir, para una empresa".

El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha celebrado la sentencia, porque confirma que la legislación española "está hecha en función de los intereses" de las entidades financieras y no de los de la ciudadanía, mientras que el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha destacado que, a partir de ahora, "va a ser imposible que se ejecuten automáticamente" los embargos.

El portavoz de Economía del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, ha opinado que la "buena" sentencia de la UE permitirá a su grupo mejorar sus enmiendas al proyecto de ley de desahucios, que ya intentaban que no se produjeran las "cláusulas abusivas".

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Alfred Bosch, ha exigiado al Gobierno que adapte la legislación española a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y que haga caso a Europa "en lo bueno" y no solo cuando impone "sufrimiento" a los ciudadanos. ERC ha presentado una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que traslade de manera inmediata la doctrina europea sobre desahucios a la legislación española.

Por último la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha abogado por revisar y modificar la Ley Hipotecaria española porque, a su juicio, "los tiempos y las situaciones han cambiado" y la normativa "está anticuada"