El Constitucional admite el recurso contra la no revalorización de las pensiones

• El Tribunal cree que conculca un derecho consolidado de los pensionistas
• El Gobierno, el Congreso y el Senado tienen 15 días para alegar

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por la mayoría de los grupos de la oposición contra el decreto-ley del Gobierno que no actualiza las pensiones conforme al IPC en 2012 por considerar que conculca un derecho consolidado de los pensionistas.

Esta decisión fue adoptada por el pleno del TC reunido la semana pasada, según la providencia hecha pública este martes por el tribunal de garantías constitucionales.

Tras su admisión, el TC da traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

La oposición -PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV- anunció la firma de un recurso conjunto ante el Tribunal Constitucional el pasado 13 de diciembre durante el pleno en el Congreso para la convalidación de dicho decreto-ley.

Sin embargo, la unidad de la oposición se rompió por el veto de PSOE y UPyD a la firma de Amaiur, así como por el anuncio de ERC, Geroa Bai, Compromis-Equo, Foro Asturias y UPN de quedarse al margen del recurso.

Mantener el poder adquisitivo

Finalmente, el 26 de febrero los grupos de la oposición -PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV- presentaron el recurso defendiendo que a los pensionistas se les mantenga el poder adquisitivo, y criticaron una medida que consideraron injusta y contraria a los derechos adquiridos de los jubilados.

El Gobierno justificó la no subida de las pensiones contributivas conforme a la desviación del IPC en 2012 (2,9 %) en la necesidad de cumplir con el compromiso de reducción del déficit público y en las tensiones de tesorería de la Seguridad Social.

La actualización de la subida de las pensiones habría supuesto para el Ejecutivo un desembolso de alrededor de 3.800 millones de euros. La no actualización de las pensiones contributivas con el IPC quedó plasmada en un decreto-ley aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del 30 de noviembre y entró en vigor al día siguiente tras su publicación en el BOE.