La Comisión de Economía del Congreso crea la Comisión Nacional de Mercados y Competencia
- Aúna en uno sólo todos los organismos reguladores
- Separa en dos salas los temas de competencia y los de supervisión
Reguladores
Los organismos reguladores o supervisores nacieron como consecuencia de la liberalización de sectores que eran monopolísticos en los años 90, con el objetivo de evitar abusos en esos sectores esenciales, como Energía o Telecomunicaciones. En la última legislatura se habían creado o previsto tres más, con lo que llegaban a una decena. El Gobierno los reduce a solo uno (Competencia y Mercado) además de los del sector financiero.
La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado este miércoles con competencia legislativa plena el proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aúna en uno sólo todos los organismos reguladores, pero separa en dos salas los temas de competencia y los de supervisión.
El proyecto ha sido aprobado con el apoyo de CiU y PNV (además del PP), que han visto satisfechas sus demandas. El grupo catalán ha conseguido que Barcelona sea la sede de la nueva Dirección de Instrucción de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales, que sustituirá a la actual Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
El grupo vasco ha apoyado el proyecto porque ha cambiado en tres cuestiones "básicas y fundamentales" respecto al texto inicial: que existan dos salas, que se les preserve su independencia y que se deje la puerta abierta a que alguna de sus sedes pueda situarse fuera de Madrid.
Bruselas criticó el proyecto inicial
El proyecto inicial fue cambiado después de las reticencias expresadas por Bruselas, lo que llevó a la creación de dos salas dentro de la CNMC, una especializada en competencia y otra de supervisión regulatoria.
Al frente de la primera estará el presidente del Consejo, en tanto que la segunda será presidida por el vicepresidente. Habrá diez consejeros para que el número de miembros de las dos salas sea paritario y serán nombrados por el Gobierno, aunque luego deberán ser ratificados por la Comisión de Economía del Congreso, que podrá vetarlos.
Por debajo de ellos, los directores de trabajo técnico, encargados de instruir los expedientes que servirán a los consejeros para adoptar sus decisiones, no serán nombrados por el Gobierno, sino por el propio Consejo, para reforzar su independencia.