Blanco pide el archivo de su causa tras denunciar irregularidades de la UDEF

• La defensa califica también de "chocarrero" el proceder de la UDEF
• "La Fiscalía desprecia las evidencias de inocencia", alega la defensa
• La investigación se ha centrado en saber si medió en las concesiones

El abogado del exministro socialista José Blanco ha vuelto a reclamar el archivo de la causa en el caso Campeón, ya que considera que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha cometido "graves irregularidades" que llevaría a la nulidad de las diligencias abiertas por la Fiscalía.

En el escrito presentado en el Tribunal Supremo para pronunciarse sobre el suplicatorio reclamado por la Fiscalía para juzgar al político, el abogado de Blanco sostiene que "no existe ni un solo indicio" de que el exministro influyera ante funcionarios del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) para permitir la concesión de una licencia a un empresario amigo suyo.

"La Fiscalía desprecia las evidencias de inocencia (de Blanco), pero ni siquiera con tal desprecio podrá demostrar la presencia de los elementos típicos del delito de tráfico de influencias o de prevaricación", afirma el informe, al que ha tenido acceso Efe.

La investigación a Blanco en el caso Campeón se ha centrado en saber si medió en la concesión de autorizaciones para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, amigo del exministro, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi.

Además, se ha investigado si Orozco, a cambio de esos favores, hizo aportaciones económicas a Blanco para la compra y las obras de reforma del chalé que adquirió el exministro en la localidad madrileña de Las Rozas.

En su escrito, el abogado de Blanco denuncia la existencia de graves irregularidades que conllevan la nulidad de las diligencias practicadas por la UDEF en las que "se basa" la acusación del fiscal Manuel Doz, que es quien ha pedido el suplicatorio al Congreso.

Procedimiento paralelo

Para el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, en este caso se ha llevado a cabo "un procedimiento paralelo de espaldas al imputado y bajo la dirección autónoma de ciertas unidades de la Policía", al tiempo que sostiene que la investigación "se ha impulsado al margen de las resoluciones que ordenan expresamente la práctica de diligencias".

Por ejemplo, expone que el 31 de octubre de 2012 la UDEF aportó a la causa un "análisis del proceso de concesión de autorización para la instalación de una nave industrial por parte de Transportes Azkar en Sant Boi de Llobregat" que el instructor "no había ordenado".

La gravedad de este análisis reside, según la defensa de Blanco, en que suponía "abrir una línea de investigación nueva y puramente prospectiva que nadie había sugerido".

Además, para alcanzar dichas conclusiones "deseadas", la UDEF accedió y examinó al contenido de las comunicaciones intervenidas por el juzgado de instrucción número 3 de Lugo, "sin conocimiento, permiso, habilitación o respaldo de la autoridad judicial".

Pericias sin autorización judicial

También denuncia la decisión de esta unidad policial de llevar a cabo diversas pericias sin autorización judicial o, también, en contra del criterio del magistrado instructor, lo que llega a calificar de una "desobediencia" que entra en el terreno de la "grosería".

La defensa de Blanco califica también de "chocarrero" el proceder de la UDEF al elaborar algún otro informe "ilegítimo, insidioso y sin la menor solvencia técnica".

Por todo ello, el abogado del exministro dice que en esta causa se han alcanzado "unos extremos incomprensibles y ajenos a un proceso penal de un Estado de derecho que reconozca el derecho a la tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión".

Además, concluye que no se puede dar valor alguno a la argumentación del fiscal en la que basa su petición de suplicatorio teniendo en cuenta que se basa en "unos informes ilegítimos aportados por la UDEF" y en otros que "habían sido denegados por el instructor".

Además, sostiene que el ministerio público se ha basado en "unos informes para cuya elaboración la UDEF accedió ilegítimamente y sin permiso alguno a unas supuestas conversaciones telefónicas grabadas por orden de otro juez" y en "unos informes unidos a la causa con la instrucción ya concluida".