La Guardia Civil registra la casa de los padres del "conseguidor" del caso de los ERE

• Los agentes han buscado posibles documentos y dinero con un georradar
• El exsindicalista de UGT ha sido encarcelado de manera provisional    
• La juez ha calificado la trama de "corrupta" y "verdadero negocio"
• Consulta en este gráfico quién es quién en el caso de los ERE

La Guardia Civil ha registrado la casa de los padres del exsindicalista de UGT Juan Lanzas y "conseguidor" en el caso de los ERE en busca de documentos y dinero con un georradar, tras una orden dictada por la juez del caso, Mercedes Alaya, según ha podido saber RTVE.es.

Así lo han confirmado fuentes de la Benemérita,  después de que en la madrugada de este viernes la juez Alaya oredenase el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin  fianza de Lanzas, el "conseguidor" de los expedientes de regulación de empleo  (ERE).

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya encontraron, con ayuda de perros,  82.000 euros dentro de unos sobres escondidos en una caja de una máquina de escribir debajo de una cama.

Miembros de la Guardia Civil registraron el miércoles el domicilio de Juan Lanzas en Jaén, de donde se llevaron cajas, y tres viviendas más en Albanchez de Mágina.

De su lado, el abogado de Lanzas, Pablo Luna, ha negado que exista  riesgo de fuga, tal y como ha argumentado la magistrada en el auto de  prisión dictado esta madrugada.

Atendiendo la petición de la Fiscalía  Anticorrupción, la juez ha ordenado sobre las 6,50 horas de este  viernes el ingreso en la cárcel de Sevilla I de Juan Lanzas -que se  ha negado a declarar- por cinco supuestos delitos de malversación de  caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación  ilícita y cohecho.

Alaya ha tomado esta decisión al entender que existe riesgo de  fuga y de destrucción de pruebas. Sin embargo, Luna ha manifestado a  los periodistas que los 82.000 euros en metálico que la Guardia Civil  ha intervenido en el domicilio familiar de Juan Lanzas -en concreto  en sobres guardados en la caja de una máquina de escribir- iba  destinado a que su familia "pudiera seguir viviendo" ante la  previsión de que pudiera entrar en la cárcel.

Al hilo de ello, ha explicado que el dinero "ha sido extraído de  sus cuentas corrientes", algo que "se podrá acreditar  perfectamente".

Asimismo, ha negado que exista riesgo de fuga, ya que su cliente  "conocía las imputaciones desde hace mucho tiempo" y sin embargo no  ha intentado eludir la acción de la Justicia, mientras que en  relación a la posible destrucción de pruebas ha aseverado que "el  procedimiento se encuentra en una fase tan avanzada que todas las  fuentes de prueba se encuentran en el Juzgado".

Albarracín responsabiliza a los "señores de la Junta"

Por su parte, el exdirector general de la mediadora Vitalia, Antonio Albarricín, ha asegurado que "los últimos responsables del pago de las elevadas comisiones son los señores de la Junta", pues "teniendo la posibilidad de poder contrastar varias ofertas y preguntarles a las aseguradoras qué cuantía de comisiones estaban pagando, no lo hacían", añadiendo que "piensa que les daba igual el dinero, cuando no es suyo -el dinero público- no echaban cuenta".

El imputado declaró ante la juez Alaya por espacio de siete horas, tras las que la magistrada que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta ordenó su ingreso en prisión sin fianza por sendos delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, así como un delito contra la hacienda pública y otro de falsedad en documento mercantil. 

Según el acta de su declaración, consultada por Europa Press, el imputado señaló que trabajó en Vitalia entre 1995 y 2011, cuando la empresa cerró, y que ejerció como abogado y consultor de "grandes" cuentas, nunca como director general ni director comercial, "dependiendo directamente" de María Vaqué y Eduardo Pascual, ambos detenidos este miércoles en la operación desarrollada de forma simultánea por la Benemérita en siete provincias españolas. 

Así, relató que fue a partir del año 2001 cuando "empezó a bajar" a Andalucía tras ser "informado" por sus "jefes" de Barcelona "de que la Junta había dejado de pagar algunas primas", por lo que "le fue encargado que fuera a la oficina de Vitalia en Sevilla", añadiendo que ni él ni el exconsultor de Vitalia Jesús Bordallo "tenían nada que ver con el coste de las pólizas", ya que "antes de que llegara el tema a Vitalia, la empresa, los sindicatos y la Junta ya habían pactado las condiciones de la póliza, la parte que pagaba la Junta y la parte que pagaba la empresa". 

Según precisó, Vitalia "siempre se ha relacionado con la Dirección General de Empleo, pero no exclusivamente con ésta, sino con el resto de la Consejería de Empleo", como "cuando remitió dos correos al entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá", imputado también en la causa, añadiendo "que no han trabajado con otras consejerías" y que la mediadora "nunca ha intervenido en la negociación con la Junta para financiación pública de las pólizas". "No existía contrato alguno entre Vitalia y la Junta", precisó.