La nueva Ley de Propiedad Intelectual prevé sanciones de hasta 300.000 euros

• Prevé que el propio usuario solo pueda copiar obras adquiridas para uso privado
• Introduce mediadores en la vigilancia de las infracciones
• El anteproyecto quiere aumentar la vigilancia de las entidades de gestión
• Consulta las preguntas y respuestas de nueva normativa

La nueva Ley de Propiedad Intelectual prevé sanciones de hasta 300.000 euros

El Gobierno ha acometido una reforma "urgente" de la Ley de Propiedad Intelectual -que fue aprobada por el Real Decreto 1/1996- y de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Los objetivos, según ha anunciado el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, son los de reforzar los mecanismos de supervisión de derechos de la propiedad  intelectual, mejorar la protección de esos derechos y revisar el concepto de  copia privada.

Wert ha desgranado los puntos principales que reformará el texto, conocido popularmente por 'ley Lassalle', ya que ha sido un proyecto llevado a cabo por el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle. Principalmente, ha explicado el ministro, el anteproyecto refuerza el control a las entidades de gestión, los procedimientos de lucha contra la "piratería" y revisa el concepto legal de 'copia privada'. El anteproyecto se dará a conocer  a las partes implicadas para someterlo a consulta.

Sanciones de hasta 300.000 euros

El anteproyecto pretende mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual en internet.  El Gobierno quiere limitar la difusión de contenidos digitales que  infringen los derechos de autor en las páginas que difunden contenidos  protegidos a gran escala, como las webs con contenido protegido.

Para ello ha introducido como intermediarios para impedir esta difusión a los proveedores de servicios de pago y de publicidad a páginas web. El objetivo, ha señalado Wert, es  forzar la prohibición de publicidad en estas páginas.

Asimismo, dotarán de mecanismos para acudir inmediatamente a la vía  civil y prevén fortalecer las sanciones para los que repitan la  fracción, que oscilarán entre 30.000 a 300.000 euros.

Cambia el concepto de copia privada

En el Real Decreto de 1996 se permitía la copia privada "a partir de  obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea  objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la  compensación equitativa". En 2012 se aprobó otro Real Decreto por el que  la compensación a los autores se pasaba a fijarse en  los Presupuestos Generales del Estado.

Ahora se contempla -según se puede leer en un borrador del anteproyecto-  que la copia "se lleve a cabo por una persona física para su uso  privado, no profesional ni empresarial" y que la reproducción se realice  a partir de obras a las que haya accedido legalmente". El ministro ha  manifestado que así quieren acotar "de forma más precisa los límites del  concepto de copia privada".

José Ignacio Wert también ha expuesto que se ampliarán las excepciones  de copia y difusión en investigación científica y enseñanza en la  compensación a los autores.

Control de las entidades de gestión

Wert, quien ha hablado de "problemas con entidades de gestión" en referencia al escándalo vivido en la SGAE en 2011, la 'operación Saga', que investigaba desde tiempo atrás el desvío de fondos de la entidad de gestión de los derechos de autor hacia una filial y que se encuentra actualmente en proceso de investigación en la Audiencia Nacional.

El ministro ha afirmado que el anteproyecto busca reforzar la transparencia, control y vigilancia de las entidades de gestión siguiendo las premisas de la propuesta de directiva europea de gestión del copyright y de los derechos relacionados.

Así, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, en funcionamiento desde hace un año, tendrá un  procedimiento para sancionar a las entidades que incumplan sus obligaciones legales. Wert ha destacado que las sanciones podrían alcanzar hasta el 2% de la cifra de negocio de la entidad de gestión y que las administraciones con competencias podrán inspeccionar la gestión de estas organizaciones. Por otra parte, se creará, ha anunciado el ministro, un "tablón de delitos electrónicos".

También se introducen cambios  respecto a la obligación de las entidades de gestión de presentar cuentas anuales y que se sometan a una auditoría, además de otras indicaciones respecto a su funcionamiento como la limitación a la imposición de tarifas "asimétricas".

El anteproyecto, que ha tenido en cuenta la

Directiva 2011/77/UE

relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados  derechos afines, pasará ahora un trámite de información pública, durante  el que   se tendrá en cuenta las aportaciones de particulares e  instituciones   del Estado. Será objeto de un informe no vinculante del  Consejo de   Estado, y una vez cumplidos estos trámites, volverá al  Consejo de Ministros   para pasar después por su  tramitación  parlamentaria.