La juez de los ERE cree que "las piezas del puzzle comienzan a encajar"

• Salen a luz nuevos datos del auto de la juez Mercedes Ayala
• Acusa a Guerrero de recibir 303.588 euros y viajes a Shanghai y Egipto
• También le acusa de recibir "sobres con dinero" del mediador en los ERE

La juez acusa a Guerrero de recibir 300.000 euros por los ERE

La juez que investiga los ERE falsos cree que "las piezas del puzzle comienzan a encajar" en cuanto al "enorme perjuicio" que las sobrecomisiones causaron a la Hacienda andaluza, el "negocio" en que se convirtieron las ayudas y el "presunto empecinamiento de la Junta" en tener fondos sin control.

En el auto que ordenó prisión sin fianza para los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, la juez Mercedes Alaya insiste en su acusación contra los sindicatos CC.OO. y UGT, que cobraron comisiones "aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno" pues su verdadera aportación era "la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza".

Los sindicatos justificaban el cobro de un porcentaje de cada póliza "de forma tan peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora pues luego debía repetirse por su carácter parcial e incompleto", dice Alaya en un auto al que ha tenido acceso Efe.

En cuanto a la Junta, Alaya afirma que las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras han demostrado que "estaríamos ante un sistema perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, premisa que es absolutamente contradictoria con el grandilocuente principio de la paz social, pues ese negocio aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas".

La juez recoge que, hasta ahora, el principal debate de su investigación ha sido la presunta ilegalidad del mecanismo de transferencia de financiación usado para conceder las ayudas, figura que evitaba cumplir los requisitos para otorgar subvenciones según la Ley de Hacienda Pública y el Reglamento de Subvenciones y que obviaba el control de la Intervención General de la Junta.

Pero ahora, las últimas investigaciones de la Guardia Civil "han puesto de manifiesto un elemento nuevo que dota a la trama investigada de una visión mucho más amplia, como si las piezas del puzzle comenzaran a encajar", dice la juez en su auto.

Este elemento es el sobrecoste que cada ERE ha supuesto, durante más de una década, para las arcas andaluzas y que ahora "ofrece un mayor sentido al presunto empecinamiento de la Junta de Andalucía en disponer de esos fondos públicos al margen de las garantías que ofrece el procedimiento legal de subvenciones".

Alaya implica como presunto conocedor de las irregularidades al consejero de Empleo -que entre 2004 y 2010 fue Antonio Fernández, ya imputado- pues las sobrecomisiones "se acordaban presuntamente por el director general de Vitalia y el director general de Trabajo", el encarcelado Francisco Javier Guerrero, pero "con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos", en este caso el consejero y los encarcelados Pascual y Vaqué.

También hace mención al "conseguidor Juan Lanzas,  persona muy próxima a los sindicatos, comités de empresa y a la Administración", a quien los responsables de Vitalia María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín, por proporcionarles negocio, "le hacían llegar su parte de dinero a través de facturas falsas" y solo entre 2003 y 2007 le hicieron transferencias de 1.964.763 euros

Acusa a Guerrero de recibir 303.588 euros

La juez que investiga los ERE falsos acusa a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, de haber recibido 303.588 euros "de procedencia desconocida" y haber aceptado regalos de viajes a Shanghai y Egipto a cambio de no convocar concursos públicos para los procesos.

En el auto de prisión de Guerrero dictado el pasado miércoles, la juez Mercedes Alaya asegura que mientras fue director general, entre 1999 y 2008, recibió en sus cuentas 303.588 euros "de procedencia desconocida", y de ellos 254.584 en cantidades iguales o inferiores a 3.000 euros, a partir de las cuales el banco está obligado a identificar al impositor.

Alaya cree que ese dinero procedía de "retribuciones de los distintos partícipes en los hechos investigados que se han visto beneficiados por la concesión de ayudas públicas de manera irregular".

Además, le acusa de haber percibido varias veces "sobres con dinero" del mediador en los ERE Juan Lanzas y del directivo de Vitalia Antonio Albarracín -también encarcelados- y de haber recibido como "dádiva" un viaje a Shanghai en diciembre de 2006 con su esposa, otro a Egipto en marzo de 2007 y un fin de año en el Hotel Palacio de los Salcedo de Baeza (Jaén).

En su declaración, Guerrero manifestó que ganaba unos 4.200 euros al mes, que esos viajes fueron pagados por su esposa y que "no tiene conciencia" de los pagos por menos de 3.000 euros.

Alaya le acusó también de haber recibido de Vitalia parte de las sobrecomisiones que cobraba, entre otras mediante 94 transferencias por importe de 161.600 euros y otras 76 por un importe total de 87.400 euros, ante lo que Guerrero declaró que "no era consciente" de que las mediadoras cobrasen esas comisiones en exceso, si bien explicó que como la Junta de Andalucía "no tenía posibilidad de pagar el coste íntegro de las primas", al final se retiraban todas las aseguradoras.

El ex director general fue acusado también de haber otorgado a su suegra una ayuda de 198.876 euros, que el imputado justificó porque era "una extrabajadora más de los 6.500 a los que ha atendido".