La juez de los ERE suspende las declaraciones de los dos últimos imputados

• La juez ha ordenado ya prisión para siete de los 22 imputados
• Entre ellos hay tres altos directivos de la aseguradora Vitalia
• Consulta en este gráfico quién es quién en el caso de los ERE

La juez de los ERE suspende las declaraciones de los dos últimos imputados

La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos ha suspendido las dos comparecencias previstas este lunes de los dos últimos imputados: el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, y el abogado sevilla no Carlos Leal, tras la entrada en prisión de tres altos directivos de la aseguradora Vitalia, que cobraba comisiones de hasta el 16,9% frente a la media del mercado del 3,18%.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que reclama que se le notifique qué día van a prestar declaración los dos imputados pendientes "por una mera cuestión de organización interna".

En total, la juez ha ordenado el ingreso en prisión de siete de los 22 imputados en la Operación Heracles de la Guardia Civil, entre ellos el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero.

En el auto, se precisaba que Uniter y Vitalia cobraban comisiones "elevadísimas en relación al precio de mercado" por su mediación en los ERE y, en el caso de la empresa Delphi, Uniter "cobró sobrecomisiones de unos siete millones de euros".

La "deficiente gestión" de los ERE supuso no solo la aparición de intrusos que nunca habían trabajado en las empresas, sino "cuantiosos" intereses y comisiones cifrados en 50 millones de euros, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El administrador de Uniter, González Mata, aseguró en la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz que es "simple y llanamente mentira" que su empresa percibiese comisiones abusivas y las situó en una media del 7,8%, a lo que debía unirse la asesoría a los prejubilados, por lo que "la comisión neta" se reduciría al 2 ó 3%.

En cuanto a Carlos Leal, del Bufete Jurídico Villasís de Sevilla, su imputación se produce dentro de la investigación de la juez para determinar el presunto "enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos" de los despachos Garrigues y Villasís, que tienen a dos y tres letrados respectivamente imputados en las actuaciones.