El Gobierno británico quiere limitar el acceso de inmigrantes a la sanidad y la vivienda

• Forma parte de un plan, a partir de 2014, para controlar el ingreso de extranjeros
• Lo ha dicho Cameron en un discurso pronunciado en la Universidad de Suffolk
• "Es necesario reducir la inmigración de cientos de miles a decenas de miles"

Cameron anuncia una reforma migratoria en Reino Unido para 2014

El Reino Unido restringirá el acceso de los nuevos inmigrantes a la sanidad pública, el paro o las viviendas subvencionadas, como parte de un plan del primer ministro británico, David Cameron, para controlar el ingreso de extranjeros.

En un discurso pronunciado en la Universidad de Suffolk, en la localidad Ipswich (sureste de Inglaterra), Cameron ha detallado las medidas que busca aplicar su Gobierno para reducir "radicalmente" el número de extranjeros que llegan cada año al país.

Como parte de este plan, el Reino Unido endurecerá a partir de 2014 su política de inmigración, antes de que se levanten las restricciones de búlgaros y rumanos al mercado laboral británico.

"Es necesario reducir la inmigración de cientos de miles de personas al año a solo decenas de miles", ha afirmado el líder "tory", para quien la inmigración es uno de los caballos de batalla de su Gobierno.

Según el proyecto del Ejecutivo, los inmigrantes desempleados procedentes de países de la Unión Europea (UE) dejarán de beneficiarse, a partir de 2014, del actual sistema británico de subsidios sociales a los seis meses, en caso de que no puedan demostrar que están buscando trabajo de forma activa.

"Aunque siempre he creído en los beneficios de la inmigración, también he creído siempre que la inmigración debe estar controlada de forma apropiada", ha señalado Cameron, quien ambiciona lograr que tan solo vengan a este país aquellos extranjeros que puedan "contribuir a la economía británica".

Este endurecimiento del plan del Ejecutivo en materia de inmigración pretende zanjar la cultura del "todo por el nada", en palabras de Cameron, de la que, según él, habrían disfrutado los extranjeros.

Endurecimiento principalmente para los inmigrantes en situación irregular

En su intervención, el dirigente conservador ha anunciado que se perseguirá la inmigración ilegal, para lo que se doblarán las multas máximas, hasta las 20.000 libras, a aquellas empresas que den trabajo a irregulares y se sancionará a los caseros que alquilen propiedades a personas sin los papeles en regla.

Los inmigrantes irregulares no podrán, según esto, obtener el permiso de conducir y el Gobierno estudia la posibilidad de que las personas sin la documentación requerida no puedan tener acceso a tarjetas de crédito, préstamos y cuentas bancarias.

El Ejecutivo planea introducir estas medidas antes de que se eliminen las restricciones a la entrada de inmigrantes de Rumanía y Bulgaria en 2014, pues las autoridades estiman que a partir del próximo año pueden llegar unos 13.000.

Esos dos países ingresaron en la Unión Europea (UE) en 2007, pero se acordó que su población tendría restringido el acceso al mercado laboral del Reino Unido hasta el año próximo.

Los inmigrantes con menos recursos, perjudicados

Por otro lado, el primer ministro dijo que se contempla eliminar el acceso inmediato de inmigrantes con escasos recursos a pisos subvencionados por el Estado y éstos deberán esperar al menos dos años antes de que los ayuntamientos decidan si conceden esas viviendas.

Las reglas también se aplicarán al acceso gratuito del que disfrutan hasta ahora los extranjeros al Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés).

Cameron ha puntualizado que aquellos ciudadanos de fuera de la Unión Europea deberán demostrar que cuentan con un seguro privado antes de poder recibir cuidados médicos en el Reino Unido.

"Cuando la gente viene aquí de forma legítima, es correcto que puedan emplear el NHS, pero debemos ser claros en que tenemos un servicio de salud nacional gratuito, no tenemos un servicio internacional gratuito", ha destacdo.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) ha afirmado este lunes que analizará las medidas presentadas por el Gobierno de Cameron para comprobar si respetan los principios de libre circulación o el derecho de residencia.