La protesta ciudadana llega hasta la casa de los políticos con los escraches
- Son protestas en los domicilios o centros de trabajo de los políticos
- Comenzó en Argentina donde se hacía escrache a los afines a la dictadura
- La PAH desarrolla una campaña de escraches por los desahucios
- El PP ha presentado denuncias ante lo que considera "acoso"
Qué es el escrache y cúal es su origen
Es un tipo de protesta que consiste en acudir a un domicilio particular o centro de trabajo para protestar directamente ante una persona. El término proviene de Argentina y su origen está en las manifestaciones que se convocaban en las casas de aquellos que habían apoyado la dictadura.
Los primeros que popularizaron el escrache fueron los HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) que persiguieron casa por casa a aquellos procesados por delitos en la dictadura militar argentina que habían sido puestos en libertad tras un indulto concedido por Carlos Menem.
El escrache (también llamado funa en Chile) tiene como principal objetivo el reproche social. Persigue el señalamiento del culpable, ponerlo en evidencia en público. El término 'escrachar', según la Real Academia Española (RAE), significa "romper, destruir, aplastar" y "fotografiar a una persona".
Quién hace escrache en España
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha iniciado la campaña de escraches "Hay vidas en juego" dirigida a los diputados que no apoyan la dación en pago. Después de desarrollar durante meses una campaña de paralización de desahucios acudiendo a las viviendas donde estaba previsto el lanzamiento (fecha de ejecución del desahucio), han optado ahora por compatibilizar estas acciones con los escraches.
Este tipo de protesta ha generado polémica en nuestro país entre los que la consideran una señalación pública y pacífica y los que ven en estos actos acoso e intimidación.
Por qué la PAH hace escrache
"Queremos denunciar la violación sistemática de los derechos humanos que suponen los desahucios. Existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que deja claro que los procesos de desahucios en España no protegen al consumidor. No entendemos cómo no se han paralizado todos los desahucios", ha señalado a RTVE.es Rafael Mayoral, coordinador del Servicio Jurídico de la PAH.
Ante esta situación, la PAH considera que debe intensificar las protestas y "dejar claro" quienes son los que no apoyan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago que tramitará el Congreso de los Diputados.
Quiénes han sido 'escrachados'
El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y la diputada del PP Carmen Maniega son algunos de los políticos objetivos de los escraches de la PAH.
Desde el grupo parlamentario 'popular' aseguran que han sido ocho los diputados del PP que han sufrido este tipo de protesta. Varios de ellos, entre ellos Pons, han denunciado ante la comisaría del Congreso lo que ellos consideran "acoso e intimidación" en sus domicilios particulares.
Pero el término escrache también hace referencia a la presencia de activistas en el lugar de trabajo. Así, miembros de la PAH acudieron a protestar a las puertas de un hotel madrileño donde se reunía la cúpula del PP y otro grupo de integrantes de la plataforma recibieron a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a su llegada a un debate sobre jóvenes y empleo en Ciudad Real.
El PP ve en los escraches "acoso, intimidación y coacción"
En la denuncia que interpuso en comisaría Esteban González Pons denunció "coacciones" por parte de la PAH. Según su relato, un grupo de unas 60 personas cortaron la circulación de su calle, empapelaron la calle con sus fotografías, entraron al portal y subieron hasta la puerta de su casa, gritando e increpando.
La diputada del PP por Asturias Carmen Maniega ha denunciado que fue "perseguida" por las calles de Oviedo mientras le gritaban "asesina, criminal y sinvergüenza".
La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha anunciado que también estudia emprender acciones legales por "coacciones y amenazas" a tres diputados en el Congreso: Concepción Veray, Ángeles Esteller y Antonio Gallego.
La polémica ha ido más allá tras las declaraciones en RNE de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien vinculó la PAH con "grupos filoetarras" que desarrollan, a su juicio, una "estrategia política radical".
Tras estas declaraciones dirigidas en primera persona a la portavoz de la PAH, Ada Colau, ésta anunció que estudiaría medidas legales y señaló que el movimiento contra los desahucios es "apartidista, independiente y plural".
Desde la PAU insisten en que sus actos son "pacíficos". Tras la denuncia de Esteban González Pons, la plataforma ha anunciado también que emprenderá acciones legales contra el vicesecretario 'popular' por "injurias y calumnias".
La PAH defiende la legalidad del escrache
El coordinador del servicio jurídico de la PAH, Rafael Mayoral, defiende la legalidad del escrache. "Son actos de protesta pacíficos, en ningún momento hay violencia", ha señalado a RTVE.es, para añadir: "Quien ha utilizado la violencia es quien da una patada en la puerta sabiendo que ese acto es ilegal".
Ante las denuncias de los miembros del PP dice que "han perdido la batalla de las ideas". "Hay declaraciones que son absolutamente irresponsables ( en referencia a la comparación de Cifuentes de este colectivo con grupos proetarras) y que tratan de criminalizar un movimiento no violento", ha aseverado.
Opiniones del resto de grupos
El único grupo que ha defendido claramente el escrache ha sido IU, que ha salido en defensa de la PAH y de los actos de protesta que considera "pacíficos".
Por su parte, si bien el PSOE ha considerado una "auténtica barbaridad" la vinculación que hizo Cristina Cifuentes de la plataforma con "grupos filoetarras", su vicesecretaria general, Elena Valenciano, ha señalado no estar de acuerdo con los actos de protesta en viviendas particulares de los políticos.
Ha ido más allá la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien ha calificado la campaña de escraches de "absolutamente vil y cobarde".
¿Actuará la policía en los escraches?
El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, ha anunciado que este Cuerpo "tomará todas las medidas necesarias" para que ningún ciudadano ni representante político sufra agresiones durante las protestas en sus domicilios o trabajos. Cosidó ha defendido el derecho a manifestación "pero en ningún caso con actividades violentas o coacciones".
Preguntada sobre si tiene previsto desplegar un dispositivo policial para acabar con la persecución a dirigentes políticos, la delegada del Gobierno en Madrid ha señalado que "no puede convertir Madrid en un estado policial".
"La línea entre el derecho de manifestación, el derecho de expresión y la comisión de un delito o de una falta administrativa es delgada", ha agregado Cifuentes, quien ha indicado que para que hubiera protección policial debería haber denuncias previas.