El exconsejero de Madrid Lamela ficha por la concesionaria de un hospital que él adjudicó

• Manuel Lamela licitó y adjudicó a esta empresa el hospital de Aranjuez
• La oposición ha coincidido en reprobar su fichaje "ética y moralmente"
• El PP cree que Lamela está cumpliendo las normas sobre incompatibilidades

La contratación del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela por el grupo que adquirió una de las concesionarias del Hospital del Tajo de Aranjuez ha provocado duras críticas entre los partidos, que han coincidido en reprobar su fichaje desde el punto de vista "ético y moral".

Los grupos políticos de la oposición han reprochado a Lamela que se incorporase a Assignia Infraestructuras, empresa que participa en la UTE que gestiona servicios del hospital del Tajo, licitados y adjudicados durante la etapa en la que este era consejero de Sanidad, según ha informado la cadena SER.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha denunciado que existe "todo un entramado" entre el Gobierno del PP y "los intereses de las empresas privadas" de sanidad y ha mencionado otros casos de consejeros de Sanidad que han terminado en empresas privadas.

El portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha dicho que es "escandaloso" que alguien "que ha trabajado en determinados sectores y que incluso ha sido responsable de adjudicación pase al poco tiempo a trabajar en esa misma empresa".

Desde UPyD, Luis de Velasco ha indicado, que por motivos "de ética y moral", no es "de recibo" que alguien "que ha sido responsable de una adjudicación pase a trabajar en esa misma empresa".

El PP defiende a Lamela

Finalmente, el portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, ha manifestado que la relación entre Lamela y la empresa Assignia Infraestructuras es "indirecta" y ha apuntado que el exconsejero no llevó a cabo "ninguna gestión con la Consejería desde que la abandonó en 2007".

En el ámbito nacional, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha expresado su convencimiento de que Lamela está cumpliendo las normas sobre incompatibilidades de exaltos cargos en sus actuales actividades privadas, en referencia al tiempo transcurrido desde que abandonó su cometido como responsable de Sanidad.

Por su parte, el actual consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha recalcado que Lamela "en ningún momento" se ha valido de su cargo anterior para realizar gestiones con su departamento o con el Hospital del Tajo a favor de la concesionaria.

“Cumple todas las normas de compatibilidad“

Al respecto, la ministra de Sanidad, Ana Mato, se ha mostrado "segura" de que el exconsejero madrileño de Sanidad, que "lleva ya muchos años" en el sector privado, "cumple todas las normas de compatibilidad". "Él ya dará las correspondientes explicaciones", ha zanjado.

La concesión a Assignia Infraestructuras

La empresa Assignia Infraestructuras ha defendido que el grupo Essentium, del que forma parte, cumplió "en todo momento" la legalidad y observó la ley de compatibilidades cuando nombró en el año 2010 como consejero a Lamela.

Un portavoz de Assignia ha indicado que, durante el mandato de Lamela, entre los años 2003 y 2007, la Comunidad licitó y adjudicó los servicios de ocho hospitales, entre los que se encuentra el del Tajo, a un total de 25 empresas.

Entre ellas está la constructora Hispánica, una de las tres compañías que conforma la Unión Temporal de Empresas (UTE) que resultó en 2005 adjudicataria del centro y fue vendida en 2009 al grupo Essentium cuando su dueño, Alfonso García Pozuelo, tuvo que hacer frente a sus deudas con Hacienda cuando fue imputado en el caso Gürtel.

Tras la compra, Assignia acometió un profundo "proceso de renovación" en Hispánica -capital, accionistas, cúpula- e incorporó en nómina a sus 1.600 trabajadores.

La compra de Hispánica, finaliza el portavoz de la empresa, motiva que Assignia tenga ahora la "obligación por contrato" de hacerse responsable de la adjudicación del hospital de Aranjuez.

Essentium nombró en 2010 a Lamela consejero de Assignia en calidad de "experto en gestión de instalaciones médicas de servicios hospitalarios", una línea de negocio que mantiene "desde hace tiempo" el grupo a través de la empresa Eductrade, para el asesoramiento en este área y en la "proyección internacional" de la compañía.

Otro exconsejero de Sanidad que se pasa a la privada

El pasado mes de enero, el también exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes protagonizó otra polémica por trabajar para Unilabs, la empresa que se hizo con el contratro de los análisis clínicos para seis hospitales que él mismo adjudicó en 2009, cuando aún estaba en el Gobierno de Esperenza Aguirre.

Finalmente, Güemes presentó su dimisión como consejero de la empresa Unilabs, que se había quedado finalmente con los análisis de estos seis hospitales, cuya gestión sanitaria ha privatizado el actual Gobierno regional, al adquirir el pasado mes de noviembre parte de la Unión Temporal de Empresas que resultó adjudicataria.

La empresa en la que era consejero Güemes compró el 55% de la participación que el laboratorio catalán Balagué Center y la sociedad de servicios médicos AMS tenían en la UTE con Ribera Salud, según informó la empresa en un comunicado.

La Comunidad de Madrid aprobó en diciembre la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como la ley de acompañamiento de los Presupuestos regionales, con los únicos votos del Partido Popular y el rechazo de toda la oposición (PSOE, IU y UPyD).

Esta ley abre la puerta a la privatización de la gestión sanitaria de hospitales y centros de Atención Primaria, a pesar de las protestas y huelgas de la 'Marea blanca', la comunidad de trabajadores sanitarios de los centros y hospitales públicos de Madrid.

La Defensora no ve inconstitucional este modelo

Mientras, la Oficina del Defensor del Pueblo no ve inconstitucional la reordenación de la sanidad madrileña contenida en la Ley de medidas fiscales, de 28 de diciembre, pero "estará muy atenta a su implantación para evitar situaciones de desigualdad" y asegura que intervendrá si hay "deterioro de la calidad del servicio".

Así lo ha anunciado la institución tras estudiar los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012 -que incluyen la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud-, en los que no aprecia indicios de inconstitucionalidad, aunque señala que "faltan elementos básicos para valorar el nuevo modelo", ya que se desconoce el proceso de contratación y las normas de control y supervisión por la Comunidad de Madrid.

La pasada semana, el PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra esta privatización para tratar evitar el "apartheid sanitario" que "quiere hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid con ese afán de negocio".

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, defendió, en declaraciones a los medios tras presentar el recurso, que las medidas previstas por la Comunidad de Madrid supondrían el "desmantelamiento" del sistema público sanitario.