El Gobierno creará un Plan de Infancia tras el caso de la niña presuntamente asesinada en Campillos

• El PSOE propondrá la reforma del Código Civil para refozar la protección
• La custodia de la menor de Campillos correspondía a la madre
• El 24% de las consultas al teléfono 016 fueron de asesoramiento jurídico
• Según los datos del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales
• El 016 es el teléfono de atención a las mujeres maltratadas

El Consejo de Ministros aprobará un Plan de Infancia tras el caso de la menor presuntamente asesinada en Málaga

El Gobierno va a aprobar este viernes el Plan de Infancia y Adolescencia que incluye un "apartado específico para la protección de los menores" víctimas de la violencia de género, después del caso de la menor asesinada presuntamente por su padre, en Campillos, en Málaga, sobre el que pesaba una condena de seis meses de cárcel por un delito de maltrato contra su expareja.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien ha planteado actuar para evitar situaciones de desamparo, en la que quedan los menores cuando su madre es asesinada y su padre va a la cárcel por este crimen.

El responsable ha explicado que quieren "hacer un gran paraguas que proteja precisamente a los más vulnerables" y ha abogado por mantener la colaboración entre jueces, Ministerio del Interior y Servicios Sociales.

El PSOE propondrá la modificación del Código Civil

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha anunciado que su grupo registrará esta semana en el  Congreso una proposición de ley para modificar el Código Civil de  modo que se refuerce y garantice la protección a los menores.

Causapié ha defendido  que es "prioritario" defender la salud y la integridad de los menores en los casos de violencia de género y que el PSOE quiere evitar que se puedan repetir casos como el de la niña  de seis años muerta en Campillos (Málaga) presuntamente a manos de su  padre. Causapié ha lamentado este hecho y ha  mostrado su "apoyo y solidaridad" a la familia de la pequeña.

En declaraciones a Europa Press, ha defendido la modificación del  Código Civil para "reforzar el control o no dar régimen de visitas" a  los padres que hayan sido condenados por violencia de género y ha  lamentado que se produzcan situaciones en las que, como en la de  Campillos, la orden de alejamiento sobre la madre, no tenga efecto  para la menor.

"Los jueces tienen que hacer un análisis muy pormenorizado de los  riesgos a los que está sometido el menor y del régimen de visitas en  los casos en los que hay violencia de género", ha dicho la  responsable socialista, para quien "si el juez considera que hay  riesgo para la madre también tiene que considerar el de los menores  porque casi siempre, por no decir siempre, lo hay".

La custodia de la niña de Campillos correspondía a la madre

La sentencia por la cual se concedió el divorcio de mutuo acuerdo a los padres de la niña de 6 años encontrada muerta en Campillos (Málaga) se dictó el pasado 27 de marzo e incluía el convenio regulador con el régimen de visitas propuesto por los cónyuges.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Antequera dictó la sentencia en la que se aprobaba el convenio que establecía que la guardia y custodia de la hija recaía en la madre de la menor, que reside en Mataró (Barcelona), según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

Además, en el régimen de visitas se fijó que las vacaciones de Semana Santa correspondería disfrutarlas íntegramente al padre. La autopsia practicada a la niña no ha podido concluir una causa del fallecimiento, por lo que habrá que esperar a los resultados de los análisis químicos-toxicológicos, según fuentes cercanas a la investigación.

El supuesto agresor fue condenado el pasado diciembre por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Antequera por un delito de violencia machista por amenazas a su esposa a una pena de seis meses de prisión, alejamiento y prohibición de comunicación.

En el juicio, la defensa pidió la sustitución de la condena de cárcel, al no constar antecedentes penales, por programas de formación, a lo que no se opuso el fiscal.

El juez concedió la suspensión de la pena por dos años, condicionada a no volver a delinquir durante dicho plazo y a cumplir con el alejamiento y prohibición de comunicación impuesto frente a su pareja, señala el TSJA.

El 7% de las llamadas que recibe el 016 son de "emergencia"

El 7% de las llamadas que recibe el 016,  el teléfono de información sobre violencia de género, son de "emergencia", mientras que al 24% se les proporcionó asesoramiento jurídico, según manifestó este martes el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, en unas jornadas de trabajo sobre este servicio telefónico, organizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La mayoría de las consultas al 016 se produce entre las diez de la mañana y las tres de la tarde, aunque el  pico  de llamadas se da entre las 11 y las doce de la mañana.

En los meses de enero y febrero de 2013 se han efectuado 8.520 llamadas pertinentes y la media de llamadas diarias es de unas 180 por día. Desde el nacimiento del 016 hasta el 28 de febrero de 2013 se han efectuado 361.912 llamadas pertinentes, de ellas, el 75% fueron efectuadas por la mujer que sufre violencia de género, 80.928 por una persona allegada a la víctima o algún familiar y 9.556 fueron efectuadas por otras personas.

Atención a mujeres con discapacidad

En la jornada de trabajo sobre servicios telefónicos de información y  asesoramiento en materia de violencia de género participó Ana Peláez,  Comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas  con Discapacidad (Cermi) quien analizó los nuevos retos de la gestión de servicios telefónicos de atención a víctimas.

Peláez pidió que se tomen "todas las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad, en igualdad de condiciones con sus iguales sin discapacidad, a los Servicios Telefónicos de Atención a Víctimas, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, a los que pudieran ser orientadas, tanto en zonas urbanas como rurales".

Estas medidas, en su opinión,  "deben incluir la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, contando para ello con la participación de las propias mujeres y niñas con discapacidad en todas las fases del proceso" y se deberán aplicar "a los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia".