La oposición lusa rehúsa más ajustes y pide al Gobierno renegociar el rescate

• "Este ya no es el Gobierno de los portugueses" dicen desde la oposición
• Dicen que "el fallo del TC ha generado la oportunidad de exigir mejores condiciones"

La oposición portuguesa en bloque mostró su firme rechazo a la adopción de nuevos recortes en gasto social que ha anunciado el Gobierno, al que reclamó en cambio que renegocie las condiciones del rescate financiero del país.

Portavoces del Partido Socialista (PS), del Comunista (PCP) y del marxista Bloque de Izquierda (BI) coincidieron en censurar al Ejecutivo luso, de signo conservador, por las duras críticas que hizo hoy al Tribunal Constitucional por su decisión de anular cuatro de los recortes presupuestarios de 2013.

El primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, ha anunciado que el país deberá acometer nuevos cortes de gasto social para compensar los más de mil millones de euros que costará al Estado la sentencia y que éstos se producirán en las áreas de Sanidad, Educación, Seguridad Social y empresas públicas.

Desde el principal grupo de la oposición, el socialista, su secretario nacional, Joao Ribeiro, lamentó que el Ejecutivo continúe empeñado "en ir más allá del programa" de ajustes acordado con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de su rescate financiero.

"El Gobierno actúa como si Portugal no fuese un país soberano, miembro de la UE, y es esa actitud la que le impide luchar por unas condiciones más justas" en sus conversaciones con los organismos internacionales prestatarios de la ayuda financiera.

Los socialistas lusos, que presentaron sin éxito esta semana una moción de censura contra el Ejecutivo, insistieron en que el primer ministro, Pedro Passos Coelho, se encuentra "aislado" y abogaron por la convocatoria de elecciones anticipadas, tal y como vienen defendiendo en la última semana.

"Ya no es el Gobierno de los portugueses"

"Este puede seguir siendo el Gobierno de Portugal, pero ya no es el Gobierno de los portugueses", resaltó Ribeiro.

Desde el PCP, el miembro del Comité Central del partido Jorge Cordeiro tachó de "cínico" a Passos Coelho por atribuir la responsabilidad del rumbo del país a los fallos del Constitucional.

En su opinión, es el Ejecutivo "el único responsable del declive económico y del retroceso social que vive el país", pero aprovecha el fallo de la máxima instancia judicial como "una nueva oportunidad de imponer más austeridad".

"Quieren liquidar servicios públicos y derechos para continuar sirviendo a los intereses del capital, y utilizan pretextos para disfrazar sus propios errores", recalcó.

La coordinadora del BI, Catarina Martins, defendió por su parte que la decisión del Constitucional "para nada coloca en una situación más frágil al país frente a los organismos internacionales", al contrario de lo que defiende el Gobierno.

"El fallo del Tribunal ha generado la oportunidad de exigir mejores condiciones para el país, que es lo que debería hacer el primer ministro en vez de chantajear a las instituciones", aseveró.

Martins también recordó que el Gobierno ya preparaba desde hace meses, independientemente de la decisión del Constitucional, una reforma del Estado para ahorrar 4.000 millones de euros y cuyas primeras medidas debían entrar en vigor ya este mismo año.

La portavoz del grupo marxista consideró que es el momento de que "el pueblo portugués pueda elegir su destino" con la celebración de comicios legislativos, e instó al jefe del Estado, el también conservador Aníbal Cavaco Silva, a disolver el Parlamento y convocar elecciones.

El presidente portugués, sin embargo, ya dio ayer su respaldo a Passos Coelho al emitir un comunicado en el que señalaba que el actual Ejecutivo tiene las condiciones necesarias para seguir en el poder.

El anterior primer ministro luso, el socialista José Sócrates, que pidió el rescate hace ahora dos años y perdió las elecciones anticipadas convocadas poco después, censuró a Passos Coelho por convertir al Constitucional en un "enemigo político" e imponer medidas que no estaban en el acuerdo original con la UE y el FMI.