Los CIE se han convertido en "comisarías grandes", denuncia una organización religiosa

• Asegura que "se violan de forma flagrante los derechos de los inmigrantes"
• Centro Pueblos Unidos presenta el informe "Atrapados tras las rejas"

Los Centros de Internamiento de Extranjeros, convertidos en "comisarías grandes"

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se han convertido en "comisarías grandes" según ha denunciado la organización religiosa Centro Pueblos Unidos. Su director, Daniel Izuzquiza, ha asegurado que en estos centros, que en España están bajo la gestión de la Policía Nacional, "se violan de forma flagrante los derechos de los inmigrantes".

Izuzquiza, que ha hecho estas declaraciones en la presentación del informe "Atrapados tras las rejas" según cita Europa Press, ha advertido de que el Proyecto de Reglamento de los CIE anunciado por el Ministerio de Interior, "no modifica en nada el sistema actual".

El responsable de la organización jesuita ha insistido en que  estos centros son una "fuente de sufrimiento y de violencia" y alerta  de que se hace "un uso excesivo del internamiento" por parte de la policía, lo que está provocando situaciones de "hacinamiento" y de  "mayor tensión" en los CIE.

En concreto, se ha referido a los Centros de Internamiento de  Extranjeros de Aluche (Madrid), donde esta organización también denominada como Servicio Jesuita a Inmigrantes, ha realizado un  seguimiento a 328 personas en 1277 visitas --lo que supone el 10% del total de internos-- y de Barcelona, donde se han reunido  en varias ocasiones con 55 personas internadas.

Motivos para el internamiento

"Hemos constatado que las condiciones de muchos de los internos son muy  malas; su detención provoca angustia, sufrimiento, desesperanza y  sensación de que, en un momento, se les ha roto la vida", ha asegurado  el religioso, quien ha recordado que en muchos de estos casos el motivo  de su internamiento es no llevar la documentación requerida cuando la  Policía se la pide en la calle.

A los CIE -donde pueden permanecer hasta 60 días- llegan extranjeros que carecen de residencia porque han perdido su trabajo, con hijos de nacionalidad española a su cargo, jóvenes que dicen ser menores inmersos en largos viajes migratorios y extranjeros que han cometido delitos para su expulsión, relata un informe realizado por esta organización religiosa.

Una vez acordado su traslado a los centros para tramitar su  expulsión, la organización denuncia que "no se analiza caso por caso" y que en la  mayoría de las situaciones, atendiendo a su estancia irregular, se  decreta su expulsión.

Tendencia a la "criminalización"

De acuerdo con el informe, se está llevando a cabo un control  migratorio "indiscriminado" y "arbitrario", a pesar de que según el derecho internacional, europeo y español, "esta medida debe ser utilizada sólo como último recurso".

De  la misma forma, denuncian que "durante 2012 se han  detectado, al menos, 18 casos en los que la persona recluida "ni  siquiera tenía una orden de expulsión previa al internamiento".

Además, la organización señala que menos de un tercio de  las personas que visitaron en el CIE de Aluche, en concreto un 27%, "tenía una condena penal". Una cifra que contrasta con la del 87% de "expulsiones cualificadas" que maneja el Ministerio de  Interior. Por ello concluyen que hay una "tendencia a la  criminalización" de los internos por parte del Gobierno y le acusan  de "hinchar las cifras".

"Están todos mezclados, delincuentes y no delincuentes", ha dicho la coordinadora del informe, Cristina Manzanedo, quien ha reclamado mayor transparencia al Gobierno, al que ha acusado de criminalizar los CIE, cuando indica que el 87% de las expulsiones de extranjeros en 2012 fueron por la comisión de delitos.

De hecho, el texto cifra en 11 los casos de inmigrantes internados  en el CIE que tenían hijos españoles a su cargo y, de los cuales,  cuatro han sido expulsados del país.

En el grupo  con el que ha trabajado la organización se encuentran 83 personas que necesitan de un  intérprete, 45 con hijos extranjeros, 16 con enfermedad física, ocho con  enfermedad mental, seis posibles menores, dos posibles víctimas de trata,  una persona embarazada y una víctima de violencia de género.

"Drama humano" en los centros de extranjeros

Las condiciones de privación de libertad en estos centros son muy  deficientes, no sólo por las infraestructuras, sino también por las  posibilidades de ejercitar derechos como el de ser informados,  comunicarse con el exterior o tener contacto con familiares o con  entidades sociales, ha explicado Manzanedo.

También ha intervenido en este acto el coordinador del Grupo de  Voluntarios que han trabajado en el CIE de Barcelona, Joaquim Pons,  quien se ha referido a la situación de "drama humano" que se vive  "entre los muros del CIE". "En muchos casos no hay ni un contacto con  el abogado de oficio y la desinformación es total", ha apostillado.

Respecto a las condiciones sanitarias de los CIE, Manzanedo ha  afirmado que la situación "no ha mejorado" a pesar de las muertes que  se han producido en estos centros y, "ni siquiera está previsto en el  nuevo Reglamento". En concreto, este Informe está dedicado a Samba  Martine, interna en el CIE de Madrid y fallecida en diciembre de 2011  ante la "deficiente atención" que le fue prestada.

Por último, el informe destaca que no se cumple con el cometido de  expulsión, por lo que "cuestiona su eficacia". Así de los 328 casos  estudiados, "sólo 79 acabaron en expulsión" y lamentan que el tiempo  de estancia se alargue sin necesidad hasta superar los 40 días en  casi la mitad de los casos --47%--.

Cambio en el modelo de tratamiento social

El informe también señala que se traslada a potenciales víctimas de explotación sexual, sin asesorarles sobre las posibilidades de defenderse, e incluye relatos de extranjeros que denuncian haber sufrido agresiones físicas dentro de los centros.

La organización social reclama revisar este modelo policial y cambiarlo por un modelo de tratamiento social, que se establezca, entre otras medidas, protocolos de derivación médica entre los centros para evitar muertes, como la de Salba Martine, fallecida en Madrid el 19 de diciembre de 2011, que se encontraba enferma y había sido trasladada desde otro centro.

"Por todo ello, solicitamos que el Ministerio de Interior dicte   instrucciones claras a la Policía Nacional para que no se solicite el   internamiento en un CIE de personas que carezcan de antecedentes   penales y tengan arraigo en España", ha concluido.

Pons ha asegurado que "en los últimos meses se han incrementado el número de personas con antecedentes, pero eso no puede suponer meter en el mismo saco a todas las personas".