El Gobierno estudiará el "encaje legal" de las expropiaciones de viviendas en Andalucía

• Gallardón defiende que la respuesta debe ser para "todos los españoles"
• El presidente andaluz señala que la medida es "plenamente constitucional"

Reacciones políticas a la medida sobre desahucios de la Junta de Andalucía

El Gobierno estudiará la legalidad de las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía para expropiar temporalmente el uso de viviendas en proceso de ejecución hipotecaria instado por los bancos para destinarlas a personas en especiales circunstancias de emergencia social. En respuesta al Ejecutivo, el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán ha asegurado que el decreto-ley es "plenamente constitucional" y ha anunciado que habrá nuevas medidas contra la exclusión social.

La respuesta al problema de los desahucios debe ser común para el conjunto de los españoles, "al margen de la comunidad en la que vivan", ha señalado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha avanzado que se estudiará "el encaje legal" de la medida.

"No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo", ha dicho el ministro en los pasillos del Congreso.

El decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la comunidad andaluza tiene una disposición que posibilitará a la Junta expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de inmuebles inmersos en ejecuciones hipotecarias instadas por bancos. La medida pretende garantizar el derecho a la vivienda de aquellas personas con especiales circunstancias de emergencia social afectadas por procesos de ejecución hipotecaria.

Todos los españoles "tienen que tener los mismos derechos"

El ministro de Justicia ha explicado que se estudiarán "los hipotéticos efectos" del decreto ley anunciado por la Junta de Andalucía, que pretende sancionar a bancos e inmobiliarias que no alquilen viviendas vacías e incluso contempla la expropiación de viviendas para las familias sin recursos.

La "respuesta tiene que ser para la totalidad de los ciudadanos españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que vivan", ha agregado Ruiz-Gallardón, que también ha recordado que el Congreso está tramitando una "respuesta de carácter nacional que afecte a todos los españoles por igual".

"Todos los españoles tienen que tener los mismos derechos y, por lo tanto, la respuesta que se dé a un problema nacional tiene que ser una respuesta nacional", ha agregado.

También ha recalcado que el Congreso está "dando respuestas a un problema que viene de antiguo, pero que afecta a muchos españoles y que se ha agravado como consecuencia de una situación económica", y que las medidas que se adopten tienen que tener una "cobertura legal, con leyes aprobadas en el Congreso y en el Senado".

Griñán señala que la propiedad tiene una función social

Ante las dudas sobre la constitucionalidad de dicha normativa, Griñán ha invitado a quienes así lo consideran a que "vayan al Derecho Comparado, a Francia o al Reino Unido, donde incluso prevén la confiscación en aquellos casos en los que las viviendas no se utilizan".

En declaraciones a los periodistas en Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla, Griñán ha recordado que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 relativa a la reforma agraria que "decía que el derecho de propiedad lleva como algo inescindible su utilidad social, es decir que la propiedad tiene una función social en nuestra Constitución, no se puede hablar de un derecho ilimitado que no se puede tocar".

El decreto-ley, que se publicará este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de andalucía (BOJA), se tramitará posteriormente como proyecto de ley en el Parlamento, por lo que si alguna formación ve "inseguridad jurídica" tiene la oportunidad de presentar las "enmiendas correspondientes", ha agregado el presidente andaluz.

Respecto a las sanciones previstas en el decreto a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías, ha explicado que su objetivo no es recaudar, sino que se producirían porque hay un problema social que su gobierno quiere "solucionar".

De lo que se trata es de "reconvertir un derecho de propiedad en uno de arrendamiento", ha explicado Griñán sobre la disposición que posibilitará a la Junta expropiar temporalmente el uso de inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio.

En Andalucía hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, y desde el 2007 se han producido unos 86.000 desahucios.

El PP recuerda "el desahucio exprés" y el PSOE dice que "se pueden hacer más cosas"

Por su parte, el Partido Popular se ha mostrado crítico con el decreto ley sobre desahucios aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz. El vicesecretario de Organización del partido, Carlos Floriano, ha señalado que fue el PSOE quien "defendió el desahucio exprés" cuando gobernaba y que ahora hace "demagogia" con este asunto.

Floriano ha calificado de "populismo" la posibilidad de que la Junta de Andalucía pueda hacer expropiaciones temporales, según una nota del PP recogida por la cadena Cope que cita Efe."Una democracia como la nuestra no se merece actuaciones que vulneren el derecho de propiedad", ha añadido.

Para el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, la medida que ha tomado la Junta de Andalucía sobre expropiaciones demuestra que se pueden hacer "muchas más cosas" de las que está haciendo el Gobierno.

El PSOE ha anunciado además que en la sesión de control al Gobierno de la próxima semana en el Congreso de los Diputados preguntará al Ejecutivo por qué no imita las medidas contra los desahucios aprobadas por la Junta de Andalucía.

Será el diputado por Málaga Miguel Angel Heredia el que preguntará a la ministra de Fomento, Ana Pastor, "las razones por las que el Gobierno no pone en marcha medidas efectivas, como las decretadas recientemente por la Junta de Andalucía, para frenar los desahucios y aumentar el parque de viviendas en alquiler".