Las claves de la Ley de Contaminación que se tramita en las Cortes

• Afecta a unas 6.100 empresas españolas, como refinerías o siderúrgicas
• Reduce a 9 meses el plazo para recibir o denegar la autorización ambiental
• Las Comunidades Autónomas podrán designar a la entidad que inspeccione las instalaciones

Industria petroquímica en España

El Proyecto de Ley de Contaminación, que modifica una ley de 2002 de prevención y control integrados de la contaminación y otra ley de 2011 de residuos y suelos contaminados ha pasado su primer trámite en el Congreso. 

Ha sido aprobado en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con los votos a favor del PP, UPyD y UPN, mientras que el resto de grupos parlamentarios en la comisión se abstuvieron. Ahora el texto será enviado al Senado para pasar los trámites correspondientes y, si se aprueba, volverá al Congreso para someterse a la votación definitiva.

Esta ley refunda dos textos normativos de acuerdo con una  directiva europea que da plazo a España hasta el mes de julio para su  puesta en marcha, según recoge Europa Press. Por ello, el Gobierno ha decidido que este proyecto  de ley cuente con el 'procedimiento de urgencia', de cara a cumplir  los plazos comunitarios, y trasponer la directiva europea de 2010  sobre emisiones industriales. 

A continuación recogemos los principales puntos para entender la Ley de Contaminación:

A quién se aplica

La ley se aplica a las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las siguientes actividades industriales en que generan residuos contaminantes: instalación de combustión (como refinerías de petróleo y gas o coquerías, por ejemplo), producción y transformación de metales, industrias minerales, químicas, de gestión de residuos, derivada y de conservación de la madera, textil, de cuero, del carbono, industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas, instalaciones de disolventes orgánicos, de tratamiento de aguas y de captura de CO2.

Se aplicará en el caso de que alcancen los umbrales de capacidad establecidos en la ley, excepto las instalaciones o parte de ellas que se utilicen para investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.

Autorización ambiental integrada

La Autorización Ambiental Integrada (AAI) es una resolución que permite explotar la totalidad o parte de  una instalación industrial bajo determinadas condiciones en España.  Según recoge la Ley IPPC de 2002, las empresas tienen que solicitar una  autorización aparte para producir y gestionar residuos, verter en aguas  continentales o desde la tierra al mar, etc., con el objetivo principal  de impedir que la contaminación pase de un medio a otro.

La reforma de la Ley de Contaminación somete a las instalaciones antes  listadas a esta autorización ambiental integrada durante su  construcción, montaje, traslado o en caso de que se modifiquen.

Limitación en las emisiones

Las instalaciones que se regulan con la Ley de Contaminación necesitan una autorización ambiental integrada con los valores límite de emisión de sustancias contaminantes. Para establecer esos valores las autoridades tendrán en cuenta, por ejemplo, su incidencia en la salud humana y en la sanidad vegetal y animal o la naturaleza de las emisiones.

La ley incluye un listado de sustancias que contaminan la atmósfera, como monóxido de carbono, amianto, cianuro, metales, cloro, flúor y sus compuestos, etc. También de las sustancias perjudiciales en el agua, como sustancias y mezclas cuyas propiedades cancerígenas, mutágenas o que puedan afectar a la reproducción en o por vía del medio acuático estén demostradas, biocidas y productos fitosanitarios, entre otras.

El Estado, según la Ley de Contaminación, tendrá que informar a las Comunidades Autónomas de las mejores técnicas disponibles (MTD), que son las tecnologías usadas en una instalación. Se procura que sean las tecnologías más eficaces para proteger el medio ambiente y que sean viables económica y técnicamente. También deberán comunicar sus prescripciones de control y evolución y ponerlas a disposición del público interesado.

Información actualizada sobre las emisiones

Las instalaciones antes detalladas tienen que notificar a las Comunidades Autónomas, a partir de ahora y "al menos una vez al año" datos sobre sus emisiones y cómo las han medido. Esta información pasará a su vez al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Prevención en la generación de residuos

La modificación de la ley pretende que haya más prevención a la hora de generar residuos o que se gestionen según este orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. 

Sin embargo, en caso de que no se pudiera aplicar estas medidas, la ley insta a eliminar los residuos "de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente".

Control, inspección y sanción

La ley establece que son las Comunidades Autónomas las que tendrán que controlar, inspeccionar y sancionar en caso de inclumplimiento. Así podrán designar a entidades con capacidad técnica para hacer las tareas de revisión.

La ley prevé multas entre 20.001 hasta 200.000 euros en caso de infracción grave; clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período máximo de dos años; inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período máximo de un año; revocación de la autorización o suspensión por un período máximo de un año e imponer al titular que adopte medidas complementarias para cumplir las condiciones de la autorización ambiental integrada y para evitar otros posibles incidentes o accidentes.

Medidas tras el cierre de una instalación

Cuando se cierre una instalación que haya efectuado emisiones contaminantes por el cese de su actividad, deberán examinar el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas y comunicar los resultados al órgano competente.

Si resulta que ha causado una contaminación significativa, deberán actuar para acabar con la contaminación, aunque la ley especifica que si existe un riesgo significativo para la salud humana o para el medio ambiente, los titulares de la instalación deberán retirar, controlar, 

contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes para que no haya riesgo.

Avances de la Ley de Contaminación según el Gobierno

A  finales de enero el Consejo de Ministros aprobó  el proyecto de ley que  modifica la normativa de 2002 de Prevención y  Control Integrados de la  Contaminación, y que reduce a nueve meses el  plazo para otorgar o denegar la autorización ambiental  correspondiente.

Entonces,  la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de  Santamaría explicó  que, pese a que la legislación es más exigente  desde el punto de vista  de la protección ambiental, se introducen  mecanismos que agilizarán las concesiones de autorizaciones a las  empresa porque se han reducido muchos trámites  en el procedimiento.

Asimismo, aseguró que se trataba de una "política más atractiva y   ambiciosa" mediante un tratamiento integrado de prevención y control  de  contaminación en aspectos como emisiones a la atmósfera, al agua,  al  suelo; la gestión de los residuos; la prevención de accidentes y  la  eficiencia energética.

La normativa ha sido sometida a la participación  pública, a la consulta  de las comunidades autónomas en conferencia  sectorial y al Consejo  Asesor de Medio Ambiente (CAMA), integrado por  organizaciones  ecologistas, sindicatos y empresarios, aparte de haber  recibido el  informe favorable del Consejo de Estado.

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición han criticado, entre otros puntos, que la  modificación normativa que plantea el Gobierno realiza una "mala"  trasposición europea, que además afecta a unas 6.100 empresas  españolas, como refinerías, cementeras o  siderúrgicas y puede abrir la vía de la privatización en la inspección  medioambiental, según ha informado Europa Press.

De las 53 enmiendas parciales planteadas durante el paso de la ley  por el Congreso, en fase de ponencia fueron aprobadas dos de la  Izquierda Plural y una del PP, aparte de que han salido adelante ocho  transaccionales de carácter técnico.

Según ha explicado el portavoz 'popular' en esta normativa, el  diputado por Huesca Manuel Mora, las cerca de 40 aportaciones de la  oposición que no han sido admitidas planteaban aspectos ya recogidos  en el proyecto de ley o, bien, no encajaban con los requerimientos de  la directiva europea que se traspone en esta normativa.