El Gobierno crea la autoridad fiscal independiente para supervisar a todas las administraciones
- Controlará los presupuestos del Estado, las CC.AA. y los ayuntamientos
- Emitirá informes públicos y valorará los objetivos individuales de déficit
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto ley orgánica que permite la creación de la autoridad fiscal independiente e introduce mecanismos de supervisión, transparencia y control de los presupuestos de todas las administraciones públicas.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que con este anteproyecto se cumple la directiva europea que regula los marcos presupuestarios de los países miembros, que establece la necesidad de contar con una institución fiscal independiente en el país que realice análisis "fiables e independientes" de la evolución de las cuentas.
La nueva autoridad fiscal, similar a las que existen en otros países de la UE, será un ente público e independiente y con personalidad jurídica propia. Su principal función será garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 135 de la Constitución que fue reformado para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
Afecta a todo el sector público
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado que la autoridad independiente de responsabilidad fiscal "responde a la necesidad de reforzar la arquitectura institucional de España" y será "la autoridad fiscal más avanzada del mundo".
Entre las funciones de la autoridad fiscal figura la elaboración de informes públicos y "dar opiniones a iniciativa propia sobre proyecciones macroeconómicas, sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto", apunta Montoro.
El titular de Hacienda ha subrayado que el ámbito de actuación de esta autoridad se define por una ley orgánica y afecta a "todo el sector público, incluido el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social".
Asimismo, valorará los planes de reequilibrio de la administración central y autonómica lo que incluye "valorar el establecimiento de los objetivos individuales de déficit de las comunidades autónomas", detalla Montoro.
El Consejo de Ministros nombrará al director de la autoridad fiscal que tendrá un mandato de tres años renovable por otros tres, mientras que el Parlamento analizará la validez de su experiencia profesional. También habrá directores de división que deberán acreditar diez años de experiencia en su campo de actuación.
Montoro también ha avanzado la creación de un comité técnico de cuentas nacionales compuesto por la intervención general del Estado, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística.