El Gobierno defiende que su real decreto ya frena dos años los desahucios de familias vulnerables
- El Ejecutivo estudia la constitucionalidad de la ley andaluza de expropiación
- Sáenz de Santamaría ve más "rápidos y fáciles" los alquileres sociales
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este viernes que el Ejecutivo está estudiando si la ley andaluza que permite expropiar el uso de la vivienda de familias en riesgo de exclusión social inmersas en un proceso de desahucios es constitucional o no y ha defendido que el real decreto del Ejecutivo central ya impide los lanzamientos de familias vulnerables durante dos años.
Sáenz de Santamaría defiende que la ley estatal ya evita el desahucio de las familias a las que la Junta de Andalucía propone como salida expropiar al banco el uso de su vivienda durante tres años.
La vicepresidenta ha subrayado que, mientras la norma andaluza limita los ingresos a 3 veces el IPREM (unos 1.600 euros al mes) para ser beneficiario, la ley nacional contempla que estos ingresos puedan llegar hasta los 2.130 o 2.662 (4 y 5 veces el IPREM, respectivamente) "en casos de especial vulnerabilidad".
En este sentido, Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Junta de Andalucía tendrá que explicar "qué añade a mayores" su legislación autonómica frente a una ley estatal que se aplica en todo el territorio.
La número dos del Gobierno también ha criticado que el decreto ley de Andalucía obligue a la familia de una casa expropiada al banco a pagar el 25% de sus ingresos para pagar parte del 2% del justiprecio que la Junta abonará a la entidad financiera en concepto de indemnización.
Sáenz de Santamaría también ha criticado que el Gobierno andaluz condicione la medida a la existencia de presupuesto. "Tendrán que explicar si lo tienen o no"., ha señlado la vicepresidenta.
Por último, ha señalado que el Ejecutivo central ha aprobado un fondo social de viviendas para que las familias desahuciadas "puedan tener una vivienda a precios razonables".
Sáenz de Santamaría ha subrayado que le consta que la Junta de Andalucía tiene viviendas de protección vacías que puede destinar a este fin en un proceso "más fácil y rápido" que la expropiación.