El PSOE lleva al Congreso la expropiación de viviendas para su aplicación en toda España

• Es una de las nueve enmiendas del PSOE a la ley de deudores hipotecarios
• Propone que la cobertura de la vivienda sea declarada de "interés social"

Finaliza el plazo para presentar enmiendas a la ley antidesahucios

El grupo socialista ha presentado el texto íntegro de la Junta de Andalucía que autoriza la expropiación temporal del uso de viviendas para familias en situación de vulnerabilidad como una de las nueve enmiendas al proyecto de ley de reforma hipotecaria que se encuentra en trámite parlamentario, según ha explicado la portavoz de Vivienda del PSOE en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias.

El proyecto de ley de deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y del alquiler social es el resultado de la  fusión del proyecto de ley del Gobierno y de la iniciativa  legislativa popular de dación en pago.

La enmienda propuesta por el PSOE prevé que la cobertura de las necesidades  de vivienda de los ciudadanos sea declarado "interés social",  previendo así la posibilidad de expropiación forzosa del uso de la  vivienda por un plazo máximo de tres años, cuando la propiedad sea de  una entidad financiera, filial inmobiliaria o entidad de gestión de  activos. Transcurrido ese tiempo, la propiedad recuperará el uso de  la vivienda.

Requisitos para beneficiarse de una expropiación temporal

Los beneficiarios de esta posibilidad deberán ser deudores de  buena fe cuyas circunstancias económicas hayan variado  sustancialmente en los últimos años, es decir cuya carga hipotecaria sobre  los ingresos familiares se haya multiplicado por 1,5, y que destinen  al menos un tercio de sus ingresos a pagar la vivienda, siempre que  no superen en tres veces al IPREM.

Además, debe tratarse de la vivienda habitual y la única en  propiedad de la unidad familiar, y ha de constatarse que el  lanzamiento "puede generar una situación de emergencia o exclusión  social" mediante informe de los servicios sociales del municipio.

De hecho, aunque los expedientes se resolverán en orden de  registro, se dará prioridad a los casos en que el lanzamiento sea  inminente o aquellos de "especial vulnerabilidad", como son las  familias con menores de edad, mayores dependientes, discapacitados,  víctimas de violencia de género o parados sin prestaciones, así como  quienes tengan una vivienda con protección pública.

Los beneficiarios deberán, no obstante, contribuir al pago del  justiprecio en cuantía no superior al 25% de sus ingresos ni a la  cuantía del justiprecio. La medida se aplicará a las ejecuciones  judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran  iniciado antes de la entrada en vigor de la ley siempre que no haya  habido aún desahucio, o en aquellos en que la vivienda siga estando  vacía.

El PSOE pide al PP que se recupere el texto original de la ILP

Los socialistas han presentado varias "enmiendas o votos particulares" contra el "fraude" del que acusan al PP por haber "hecho desaparecer" el texto original de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuya tramitación fue aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso.

El PSOE denuncia en que tanto las formaciones políticas de la oposición como los ciudadanos están en un proceso de "desconcierto, engaño y burla", por lo que piden al PP que se recuperen los textos originales y las enmiendas que se les hicieron.

Además, entre la enmiendas presentadas por el PSOE, las hay en defensa de la dación en pago en determinadas circunstancias.

La portavoz socialista se mostró convencida de la legalidad del decreto de la Junta de Andalucía, que se basa en la legislación sobre expropiaciones que se lleva aplicando decenios. La iniciativa del Gobierno andaluz, dijo, "es socialmente valiente y justa".

En cuanto a los actos de escrache, Iglesias, se manifestó contraria a la "coacción" a los diputados pero defendió la "libertad de expresión de los ciudadanos" que deben poder "repartir pegatinas donde quieran" y no ser objeto de "represión y amanazas".